Petroperú está muy lejos de ser una empresa, por sus características, como veremos más adelante, es más bien una OPP, una ‘Organización Para-Política’. Un ente que está al servicio de los políticos que ostentan la administración del Estado y sus agencias.
Con tal de conseguir unos cuantos votos, nuestros políticos parecen estar dispuestos a deshacer los fundamentos que nos permitieron crecer sostenidamente, bajar la pobreza y reducir la desigualdad desde hace 25 años. Uno de esos fundamentos es justamente, no alentar la actividad empresarial por parte del Estado. Y eso es lo que se acaba de derribar con la norma aprobada por el Congreso para que Petroperú explote el Lote 192. Los peruanos que padecimos la gran parálisis del país de los años 60, 70 y 80s, lo recordamos bien, porque estas medidas producen los efectos contrarios a los que ofrecen. (Ver en Lampadia: Coraje no más populismo). Las empresas estatales son de una ineficiencia de escándalo y, por si fuera poco, son focos de corrupción insondables. Preguntémonos nomás cuantos peruanos recibimos un servicio aceptable de agua y desagüe.
Suficientes problemas y limitaciones tiene el Estado para proveernos una justicia decente, buena educación, salud adecuada, infraestructura de primer nivel y sobre todo seguridad, como para que ahora intente meterse en una actividad para la que no tiene ni la experiencia ni los recursos.
Petroperú no califica como una empresa, es una “OPP” (Organización Para-Político). Los gobiernos de los últimos quince años la han empleado para una serie de asuntos, no precisamente santos: ¿Recuerdan que fue esta petroleara la que pagó la remodelación de Palacio de Gobierno durante la gestión de Alejandro Toledo y que hubo una serie de irregularidades?
En esa misma época Petroperú fue privado de todo control estatal. Quedó fuera del ámbito de Fonafe, el organismo que representa al Estado en su rol de accionista en las empresas del Estado. Además dicta las normas y la forma en que debe actuar las compañías que estatales. También se retiró a Petroperú de la obligación de pasar sus compras, adquisiciones y contratos por el aro del Organismo Supervisor de Compras Estatales (OSCE). Lo que le ha permitido, actuar discrecionalmente. O sea, esta joyita, en esencia, no tiene accionistas y no se controlan debidamente sus adquisiciones. Además, tremenda estructura, no tiene gobierno corporativo (dicen que esta en desarrollo, como si acabara de ser fundada), no tiene directores independientes, no tiene acciones en la bolsa y por lo tanto los controles básicos para una ‘empresa’ de ese tamaño.
Durante el gobierno del Apra, los escasos controles y las facilidades que se le dieron para participar en operaciones de exploración petrolera (solo en calidad de socia), llevó a esta petrolera a suscribir un dudoso contrato con la desconocida noruega Discovery, patrocinada por Rómulo León Alegría y el folclórico dominicano Fortunato Canán. El resultado: el llamado escándalo de los Petroaudios.
Ahora, con Humala, la cosa es casi una broma: A fines del 2013 se promulgó la Ley 30130 (sí la misma que ahora es anatemizada porque le ponía un candado a Petroperú para hacer nuevas inversiones puesto que se le estaba regalando el desarrollo de la onerosísima nueva refinería de Talara). La norma autorizaba la venta del 49% de acciones y que en 270 días ordenaba maximizar el valor de la compañía (como si esto se pudiera hacer por decreto). Como señaló Iván Alonso, “vencido el plazo, lo que ha logrado la empresa para reorganizarse integralmente ha sido otro chiste de humor negro. En primer lugar, en materia financiera, pasó de ganar unos ínfimos 92 millones de soles en el 2013 a perder 95 millones en el 2014”.
Y luego de esta lamentable performance, todos los partidos políticos, excepto el Apra, se sumaron a la idea de permitirle a Petroperú que ingrese a la exploración por la simple movilización de algunas olas populares en Loreto, dirigidas por su Gobernador.
Tampoco faltan los que argumentan por favorecer estos desarrollos con dinero del Estado por el supuesto rol estratégico de algunas empresas. Como dice Ian Váquez en su artículo El mito de los sectores estratégicos: “El argumento de que ciertos sectores son estratégicos por razones económicas o de seguridad ha llevado a que políticos en distintos tiempos y partes del mundo hayan perjudicado una y otra vez a sus propios países, a veces de manera desastrosa”.
“Para países en desarrollo que sufren de una débil institucionalidad, el error más común es dar el manejo de los supuestos sectores estratégicos al Estado. Cuando se trata de recursos naturales, esa política tiende a agravar la corrupción y desalentar todavía más a políticas que permiten la creación de la riqueza, ya que el Estado vive del dinero fácil y no se preocupa por hacer reformas necesarias. En el peor de los casos, el resultado es el empobrecimiento de un país rico en recursos, como ha ocurrido en el Perú en el pasado y claramente ocurre en Venezuela hoy”.
“Incluso cuando no se trata del peor de los casos, la experiencia desacredita la idea de que el sector público es mejor gestor que el privado. Según el experto Piotr Kaznacheev, por ejemplo, el ingreso neto por barril de las empresas petroleras privadas más importantes del mundo ha llegado a superar a las de las empresas estatales más importantes por 87%. Petrobras es una de las empresas estatales que más gana por barril, pero aun así recibe la mitad de lo que perciben las privadas y es una fuente enorme de corrupción”.
Ya es hora de que vuelva la cordura y que este ‘organismo’ que es manejado según los antojos de los gobiernos de turno, opere como debe, alejado de los escándalos de las petroleras estatales como los de PDVSA, Petrobras y Pemex. (Ver en Lampadia: El Estatismo alienta la ineficiencia y la corrupción). Justamente, México acaba de reformar su legislación para permitir que los privados ingresen a la actividad privada y reconvertir a Pemex en una petrolera competitiva. Basta de crear focos de ineficiencia y corrupción manteniendo esta ‘caja no-chica’ en manos de los gobernantes de turno. Lampadia
