Jaime de Althaus
Para Lampadia
Si Martín Vizcarra efectivamente se retira el 2021 y el Congreso complementario aprueba reformas políticas que mejoren sustancialmente la gobernabilidad de los siguientes gobiernos, y logra consolidarse una reforma del sistema judicial, entonces se podría concluir que el populismo político anti Congreso que desplegó, contrario a una democracia liberal -pues desembocó en la supresión inconstitucional de la división de poderes- tenía paradójicamente la finalidad de establecer una democracia liberal.
Sería el primer caso en la historia en el que se instala una dictadura temporal para establecer una democracia liberal duradera. ¿Si se es capaz de cerrar el Congreso sin base constitucional, se tiene la sensibilidad liberal para diseñar una buena arquitectura de equilibrio de poderes?
Una manera de responder esa pregunta sería conocer la agenda legislativa de los partidos que probablemente hagan mayoría en el congreso que elegiremos el 26 de enero. Esos partidos deberían ir trabajando desde ahora un mínimo consenso en torno a las reformas políticas indispensables para mejorar la gobernabilidad (a fin de prevenir confrontaciones estériles entre poderes) y optimizar la representación, reduciendo el tamaño de los distritos electorales para aproximar la clase política al pueblo. La base sigue siendo la propuesta de la Comisión Tuesta, a la que podríamos agregar las ideas de Carlos Meléndez en su último artículo en Perú 21, sobre todo la de poder revocar el mandato de los congresistas a mitad de periodo a fin de canalizar la ira contra el Congreso.
No menos importante, para defender la democracia de los arrestos populistas, es la sentencia que finalmente dictamine el Tribunal Constitucional en relación a la demanda competencial presentada por el Congreso disuelto. El Tribunal no puede permitir que se institucionalice la disolución por interpretación presidencial de una denegación fáctica, porque entonces estamos abriendo paso a la arbitrariedad autocrática. Mejor, en todo caso, sería sincerar el tema estableciendo que el Presidente puede disolver el Congreso una sola vez en su mandato sin expresión de causa, convocando inmediatamente a elecciones parlamentarias.
Ahora bien, como sabemos, el populismo político anti congresal que hemos vivido se ha alimentado del anti fujimorismo, y lo ha retroalimentado a su vez. Ha potenciado el repudio de un sector importante de la sociedad al “aprofujimorismo”, convirtiéndolo en el enemigo al que hay que eliminar, en la encarnación del mal. Pero derrotado el enemigo, sensiblemente debilitado y disminuido, podemos suponer que disminuirá en esa misma medida el estímulo populista, facilitando el retorno y reconversión de los impulsores de la disolución a la democracia liberal. Salvo, quizá, en el caso de los grupos de izquierda.
Pues el conflicto entre los dos bandos, si bien produjo la derrota del “enemigo”, engendró en el camino un nuevo enemigo del pueblo, todavía poco amenazante, pero que podría terminar siendo agitado por la izquierda. Para los sectores perdedores, acusados de corruptos, los grandes corruptos son en realidad Odebrecht y las empresas constructoras, el llamado club de la construcción. A la izquierda no le sería tan difícil extrapolar ese enemigo, que ya tiene existencia, al conjunto de las grandes empresas. Es algo que de todas maneras intentará dentro de su plan de ataque al modelo económico, sobre todo si la economía sigue estancada y los problemas de empleo e ingresos se agravan.
Por eso, para vacunar al país contra el populismo autoritario en su variante económica, se requiere resolver también el agudo problema del bajo crecimiento. Las reformas económicas y laborales son, en ese sentido, fundamentales. Algunas las podría ir promulgando el gobierno mediante decretos de urgencia. Pero conociendo su adicción a la popularidad, probablemente no toque las más importantes. Para abordarlas, entonces, también se requerirá de un consenso mínimo entre las fuerzas que alcancen mayoría en el congreso complementario. Lampadia
