Quiere reforzar su argumento ante la OEA
Jaime de Althaus
Para Lampadia
El gobierno sabe que la cuestión de confianza que ha planteado sobre un proyecto de ley que deroga la ley 31355, que regula la cuestión de confianza, no procede justamente porque esa ley, declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, establece, con puro sentido común, que el Ejecutivo puede plantear cuestiones de confianza sobre las políticas que le competen pero no sobre materias “que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso…” y de otros órganos constitucionales.
Si lo sabe, ¿por qué lo hace?
Pues para reforzar su argumento ante la OEA de que el Congreso ha generado un desequilibrio de poderes al limitar la cuestión de confianza y mantener la vacancia, para así llevar adelante una “nueva modalidad de golpe de Estado”. Pero, como sabemos, la vacancia es constitucional, y la ley que se quiere derogar, también.
El gobierno abona así al cuento gubernamental de que el Congreso, la Fiscalía y la prensa incuban un golpe. De paso, abona también el relato de que el Parlamento solo obstruye, censura, abusa del control político, y no propone nada, porque su única obsesión es la vacancia. Lo que, por supuesto, no es cierto. A este Congreso se le critica más bien por dejar de censurar a ministros que clamorosamente debían ser censurados, y esto por haber sido parcialmente sobornado por el Ejecutivo. El Ejecutivo usa la corrupción incluso para controlar al Congreso.
Y es evidente que, si la denuncia constitucional planteada por la Fiscal de la Nación tiene el problema del artículo 117 de la Constitución, la Carta Magna no puede tampoco permitir la impunidad frente a la corrupción y a la destrucción institucional flagrantes, y por eso una de las salidas es la vacancia por incapacidad moral permanente. Para eso existe esa institución en la Constitución. Por lo demás, es un imperativo demandado por un sector mayoritario de la opinión pública.
Pero hay otra razón que podría explicar la presentación de la cuestión de confianza: buscar que el Congreso, si no la declara improcedente, la rechace, disparando así su primera bala de plata y obligando entonces al consejo de ministros a renunciar. Sería el mejor final que el inefable y cuestionado Aníbal Torres podría imaginar para sí mismo: inmolarse para conseguir, con una segunda cuestión de confianza, la disolución del Congreso.
Y de repente hay iluminados en el consejo de ministros que piensan que una vía alternativa para obtener el mismo resultado, si es que el Congreso simplemente declara improcedente el pedido de cuestión de confianza, sería declarar que el parlamento ha denegado fácticamente la confianza, provocando la renuncia del gabinete. Esto siguiendo el camino lamentable e inconstitucionalmente habilitado por el anterior Tribunal Constitucional luego del cierre del Congreso ejecutado por Vizcarra.
Por supuesto, ni aun así esta vía alternativa sería válida por la sencilla razón de que el Tribunal Constitucional convalidó la constitucionalidad de la ley que el Ejecutivo quiere que se derogue.
La propia ministra de Cultura, Betssy Chávez, ha declarado ayer: “El objetivo no es cerrar el Parlamento, pese a que hemos ido a diferentes partes del país y hay un pedido de la ciudadanía”. No es casualidad que para mañana 10 de noviembre, fecha en la que el gabinete ha solicitado ir al Congreso a sustentar la cuestión de confianza, se anuncie una marcha de los pueblos y organizaciones del interior al Congreso precisamente para demandar su cierre. El Ejecutivo quiere sustentar su pedido al calor del “clamor” popular.
Como se ha dicho, si el Congreso gastara su primera bala de plata, ello podría animar a muchos congresistas hoy renuentes a votar por la vacancia, para matar antes de morir. Quizá sea lo mejor. Lampadia
