Faltaron ideas claras en el mensaje del Premier
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Es francamente desalentador que un gobierno intrínsecamente débil agrave su debilidad por la vanidad y venalidad de la presidente de la república, que no puede explicar cómo obtuvo los relojes y joyas que exhibe con ostentación.
Pero lo cierto es que la Constitución protege la institución presidencial para preservar la estabilidad gubernamental, y por eso prohíbe que el mandatario pueda ser acusado durante su mandato. Incluso esta disposición fue interpretada en el sentido de que ni siquiera pudiera ser investigado, hasta que Patricia Benavides cambió la jurisprudencia. Pero si es investigado, debe serlo en la más estricta reserva, preservando la dignidad presidencial. Que es todo lo contrario de lo que ha ocurrido. El allanamiento a la casa de la presidente Boluarte fue una operación mediática censurable de alto impacto político, no sabemos si digitada por uno de los bandos atrincherados en el sistema judicial. Hemos pasado de un extremo al otro, con grave daño para la gobernabilidad.
Pues el hecho es que esa acción, sumada a la falta de explicaciones de la presidente, debilita seriamente la autoridad presidencial y la capacidad del gobierno de llevar adelante políticas de recuperación económica y de lucha contra la criminalidad. Una salida habría sido el nombramiento de un primer ministro de peso, fuerte, que compensara la debilidad de la imagen presidencial. En lugar de eso hemos tenido seis cambios de ministros de los cuales el único que era realmente demandado era del Interior. Allí, sin embargo, en lugar de nombrar a una persona probadamente calificada para ese cargo, se ha colocado a un general en retiro desconocido recomendado por el ministro saliente, cuyo desempeño no despierta expectativas. Los cambios en educación y agricultura parecen positivos, pero la salida de Juan Carlos Mathews del Mincetur es inexplicable, aunque su reemplazante, Elizabeth Galdo, tiene muy buen currículum. Los nombramientos restantes son una incógnita.
El cambio de ministros anterior, con Arista, Mucho y otro que se produjo en febrero, sí mejoró claramente el nivel del gabinete. Sí le sumamos los nombramientos previos de Gonzales Olaechea en Cancillería y Eduardo Arana en Justicia, podemos afirmar que el gobierno tiene un núcleo básico capaz de formular políticas y llevarlas adelante, tanto en el terreno económico como en el de seguridad. Y, de hecho, las tiene claras, pero requieren el respaldo presidencial y el apoyo del Congreso. Eso es lo que se ha mellado.
El Premier ha anunciado la solicitud de facultades legislativas en temas económicos y de seguridad, aunque no mencionó el paquete de incentivos tributarios para la reactivar la inversión privada que estaba formulando el ministro de Economía, y más bien solicitó la aprobación del proyecto de ley de simplificación tributaria que tiene el problema de que no contiene una escala gradual y progresiva que ayude a los emprendimientos formalizarse y a crecer. Tampoco planteó cambios al proyecto de reforma del sistema de pensiones.
Tampoco mencionó las definiciones para una nueva política anticriminal que se derivaban de las lecciones de El Salvador recogidas por el ministro de Justicia y de las propuestas de las organizaciones empresariales y sindicales. Sí anunció la incorporación de estas organizaciones al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), que se declara en sesión permanente, lo que es positivo.
Si el gobierno no va a impulsar cambios reales y se va a limitar a vegetar, dará la razón a quienes plantean acabar ya con esta agonía y pasar al adelanto de elecciones, vía vacancia presidencial. Pero, como sabemos, no existen los votos, fuera de que sería absurdo que algo así ocurra por un reloj y algunas joyas. Tenemos que acostumbrarnos a culminar los periodos presidenciales. Pero no podemos resignarnos a la inacción, que solo sirve para que avance el sistema mafioso del país. No podemos arrastrarnos hasta el 2026. Lampadia
