Javier Tovar Gil
Ella, la constitución, comienza diciendo: » la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado.» Es un punto de partida inspirador, una piedra angular que es la base para todo lo que viene después. Ella desarrolla un catálogo completo de derechos fundamentales, se protege la vida, la integridad, las libertades de conciencia, religión y opinión, el derecho a informarse, la no discriminación, la presunción de inocencia, la identidad étnica y cultural, la propiedad y la herencia, la igualdad ante la ley, el debido proceso, el libre tránsito, la libertad de creación artística e intelectual, entre otros derechos. Es un catálogo de garantías que reconoce plenamente el respeto a los valores propios de una sociedad democrática, donde la persona es el centro de gravedad. No el Estado, ni la empresa, ni otras organizaciones.
A lo largo de su texto Ella desarrolla un conjunto de derechos sociales y económicos que cubren prácticamente todas las demandas que hemos visto recientemente expresadas en cartelones, marchas y «slogans» electorales. Los derechos de acceso a la salud y educación están reconocidos y garantizados; el acceso equitativo a la seguridad social, el derecho al trabajo, a la sindicación y negociación colectiva, el sueldo mínimo, están previstos; la no discriminación, la protección del medio ambiente, la defensa del patrimonio cultural, y un largo etcétera, configuran un balance equilibrado entre lo individual y lo colectivo. Un Estado que trabaje para garantizar una genuina igualdad de oportunidades para todos, que le permita a cada uno desarrollar sus diferencias individuales.
Si uno la lee con calma se dará cuenta que los reclamos ciudadanos de hoy ya son, en gran medida, recogidos por Ella. No hace falta cambiarla, sólo hace falta ponerla en práctica.
Me sorprende especialmente la relación que se intenta crear entre Ella y la corrupción. Nada hay en su texto que de manera alguna pueda relacionarla con este vicio. Nada hay en Ella que impida implementar la mayoría de propuestas que vienen circulando. Algunos señalan, simplemente, que es una constitución » fujimorista», esto no es un argumento, es una obsesión que se ha convertido en trauma. La realidad es que Ella tiene poco o nada que ver con las causas de la corrupción, hay que buscarlas en otra parte.
En materia económica Ella es acusada de promover un modelo » neoliberal», sin más. Refrescando la memoria recordemos que su capítulo económico fue una reacción natural frente a la situación heredada del primer gobierno de Alan García. Una vacuna contra aquello que no debía volver a pasar. En su capítulo económico Ella parte del concepto de economía social de mercado, dándole cabida a todas las formas de emprendimiento y propiedad, defendiendo la propiedad privada y el derecho a desarrollar empresa, prohibiendo los monopolios legales y regulando los monopolios de hecho, garantizando la responsabilidad fiscal, manteniendo la responsabilidad por el funcionamiento de los servicios públicos en cabeza del Estado, sin dejar de alentar la participación privada. Lo cierto es que desde que Ella está vigente el tamaño de nuestra economía se multiplicó por casi diez veces (en dólares nominales), el presupuesto del Estado, que sirve para atender los derechos sociales, por casi siete, mientras la población sólo creció media vez. Hoy tenemos un Estado que, desde lo económico, debería estar en mucho mejor capacidad de atender las necesidades de la población. La pobreza bajó, aunque no es suficiente. Creo que Ella ha cumplido con poner el marco para que las cosas puedan ocurrir, pero que ocurran no depende de Ella. De alguna forma me recuerda un expresivo lema de campaña de un querido presidente: un gobierno que trabaje y que deje trabajar.
Ya en lo personal, en materia económica, hay cuatro derechos económicos que no quiero perder:
El derecho a ser dueño de mis ahorros. Los peruanos tenemos el derecho a ser dueños de nuestros ahorros en sus distintas modalidades. Comprende el derecho a ser dueños de los dólares que ahorramos, muchos o pocos, son de los ciudadanos, no del Estado. Es bueno recordar que antes no era así. El Estado era, en la práctica, el dueño de los dólares de las personas y empresas, los distribuía de acuerdo a sus criterios, a través de sistemas de control del tipo de cambio, discriminando y asignándole valores en función de las prioridades que juzgaba convenían. El resultado fue tan nefasto que el Perú se quedó sin reservas, sin dólares, logrando el efecto contrario al que supuestamente perseguía. Desde que Ella entró en vigencia la cosa ha cambiado, hoy el país, gracias al régimen de libertad de cambio y autonomía real del BCR, tenemos más de setenta y cinco mil millones de dólares de reservas internacionales (impensable antes de que Ella entró en vigencia).
El derecho a que no exista inflación causada por el Estado. Garantizar la responsabilidad presupuestal, la estabilidad monetaria y la independencia del Banco Central son claves para nuestra economía, para la de todos. Se traduce en el derecho de los peruanos a que la inflación esté bajo control, a que la subida de los precios no golpee a quienes no pueden defenderse. Se trata de un antídoto contra la tentación populista de ofrecer pan para hoy pero hambre para mañana. Como en cualquier presupuesto familiar que funcione el Estado debe manejarse como una responsable madre de familia, que vela por el presente y el futuro de los suyos, que sabe que la irresponsabilidad la llevaría al descalabro (eso ya lo hemos experimentado en carne propia).
El derecho a que las personas cumplan sus compromisos. Tenemos el derecho a que se cumpla la palabra empeñada. Que no nos cambien los contratos que celebramos todos nosotros. Este derecho no es una prerrogativa de grandes compañías, es de todos los ciudadanos. En una sociedad desarrollada la confianza en lo pactado, la palabra empeñada, la seguridad de que los contratos se cumplen, son pilares esenciales para explicar su éxito, traducido en el bienestar colectivo.
El derecho a que el Gobierno dedique los recursos a lo Prioritario. Es muy importante que el Estado no se embarque en aventuras empresariales que pongan en riesgo los recursos del presupuesto, que son escasos. El Estado no debe distraer esfuerzos y dinero en actividades que debidamente reguladas pueden ser asumidas por la gestión privada. Hay demasiado que hacer para desenfocarse. Es indispensable que nuestro Estado se dedique a garantizar, de verdad, tal como Ella dispone, el pleno acceso a la educación y salud de calidad, la seguridad ciudadana, o que concentre su energía en la construcción de las redes de caminos que logren conectar a todos los pueblos del Perú con los mercados. La llegada de una carretera afirmada, unida a una estación celular, puede cambiar dramáticamente la vida de las personas. Deje usted que las carreteras donde el peaje es viable las gestionen los privados, con adecuada regulación. Que el Estado dedique su principal esfuerzo a incluir a quienes están marginados, a quienes debemos dar un ambiente de igualdad de oportunidades, como Ella persigue, objetivo que está todavía lejos de lograrse.
A sus detractores decirles que Ella tiene sus propios mecanismos de cambio que permiten adecuarla a los nuevos vientos y tiempos, hay mucho espacio para el ajuste y la mejora. Ella no es la misma que nació hace 28 años, ha sido modificada muchas veces, también maltratada. Las constituciones de los países más exitosos son longevas, se adaptan a las nuevas circunstancias y tiempos. Ella es todavía joven, tiene muchos derechos por implementar.
Por favor, no culpemos a la constitución de nuestras incapacidades como país para implementar aquello que ya está escrito. Ella no tiene la culpa. Asumamos nuestras propias culpas y carencias. Las constituciones no tienen un efecto mágico sobre los países, hacen falta las personas que las pongan en marcha. Cree usted que basta con adoptar constituciones de países exitosos para convertirnos en Suecia o en Japón. Bueno fuera, pero así no funciona la cosa.
