Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 18 de junio de 2021
Para Lampadia
Lo dije en su momento. Jamás imaginé la tremenda presión que – como Gobernador Regional del Ica – iba a recibir de parte de ciertas autoridades y funcionarios de todo nivel, para favorecer indebidamente a familiares, amigos, o militantes de agrupaciones políticas. En todos los casos, los favores indebidos consistían en acceder – sin mérito alguno – a la planilla del Gobierno Regional, en otorgar contratos de obras sin ningún concurso de por medio, o adjudicar – a dedo – adquisiciones de todo tipo de bienes y servicios.
Yo tenía ciertas referencias del clientelismo político en nuestro país. ¡Quién no sabe cómo funciona el “tarjetazo” en los diversos niveles de gobierno, inclusive en instituciones tutelares como la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial!
No obstante, para hacer una buena gestión pública había que erradicar – cueste lo que cueste – el vicio del clientelismo en el Gobierno Regional. Y ¡vaya que el costo fue alto! El calificativo más recurrente que me gané por poner orden a este respecto fue el de traidor. Efectivamente, para muchos pretendientes de favores indebidos, el Gobernador Regional de Ica fue un vil traidor.
“Deme un trabajito – o una obrita – porque yo lo apoyé en su campaña” fue el argumento más trillado de muchos ciudadanos que votaron por mi candidatura. Y mi respuesta sincera y bien intencionada fue siempre la misma: “concursa; y gana en buena lid”. Pues bien – por los insultos que recibí – me quedó claro que mi respuesta no satisfizo a dichos personajes.
Eso en cuanto a los votantes que me dieron el triunfo electoral. Pero hubo otros frentes que también presionaban por favores indebidos. Me refiero a ciertos Consejeros Regionales y Congresistas de la República, quienes también pretendían inmiscuirse en la gestión institucional, ya sea proponiendo a familiares o conocidos para trabajar en el Gobierno Regional, o – lo que es lo mismo – exigiendo la destitución de funcionarios que no les eran de su agrado; para lo cual recurrían a prácticas de la más baja estofa, como supuestas grabaciones telefónicas secretas que luego utilizaban para extorsionar a sus víctimas.
Es verdad; la labor fiscalizadora de Consejeros Regionales y Congresistas constituye un mandato constitucional, imperativo e irrenunciable. Pero no me refiero a ello. Bienvenidas las labores de fiscalización; incluidas las de la Contraloría, de la Defensoría del Pueblo, y otras más. Pero una cosa es la fiscalización propiamente dicha, y otra – muy distinta – el clientelismo político. El problema era cómo distinguir cuando un Consejero o Congresista fiscalizaba con objetividad a una dirección o funcionario del Gobierno Regional, o – simplemente – mal usaba su poder para favorecer indebidamente a algún allegado.
Para mejor entender la situación, vayamos al grano. Durante mi gestión – entre el 2015 y el 2018 – diversos Consejeros y Congresistas me exigieron la destitución de los siguientes funcionarios del Gobierno Regional: Gerente General, Gerente de Desarrollo Social, y todas las gerencias funcionales. Además, en su momento exigieron la destitución de la Directora Regional de Educación, Directora Regional de Trabajo, Directora Regional de Transportes, Directora Regional de Turismo, Procurador Regional, etc. Incluso – sin ningún sustento valedero – pretendieron la destitución del Director Regional de Salud y la de todos los Directores de los hospitales de la Región. ¡TODOS!
En otras palabras, si hubiera sido por dichas autoridades, toda la estructura gerencial y directiva del Gobierno Regional habría sido removida una y otra vez, generando un caos institucional de proporciones inimaginables.
Por ello – para cumplir nuestro compromiso de combatir la corrupción y la indolencia – implementamos un sistema de monitoreo de nuestra gestión, a través de indicadores de cumplimiento de objetivos y metas; y a través de la evaluación sistemática del servicio público, a cargo de la ciudadanía. Y sólo eran destituidos o sancionados los funcionarios probadamente corruptos, los que no cumplían con los objetivos y metas de la institución, y / o los que maltrataban a la ciudadanía.
En Ica, en el período 2015 – 2018 le dijimos ¡no al clientelismo político! Y la verdad… considero que hicimos lo correcto. Lampadia
