Jaime de Althaus
Para Lampadia
Los Obispos del Perú se han pronunciado señalando que “El consenso social pide dar paso a una transición política que busque urgentemente una salida a la profunda crisis actual, priorizando la necesaria reforma política pendiente para recuperar la credibilidad, la confianza y la esperanza”.
Tienen toda la razón. Acaso para sensibilizar al gobierno, sin embargo, el pronunciamiento pone el peso principal de la profunda crisis en la lucha entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Pero, en realidad, la crisis se ha originado fundamentalmente en el desgobierno del Ejecutivo y en el nombramiento de personas en Palacio, los ministerios y empresas públicas que han organizado redes ilícitas que convergen todas en el presidente Castillo para apropiarse de dineros del Estado.
Es decir, corrupción generalizada. Lo que tenemos es una profunda crisis moral. El pronunciamiento, sin embargo, distribuye la responsabilidad de los actos de corrupción por igual entre “las altas esferas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en otras instancias del Estado y sectores de la sociedad civil”.
Lo cierto es que la crisis ha estallado con virulencia desde el momento en que el Ministerio Público ha abierto carpetas de investigación al presidente de la República incluyendo a sus familiares y a sus más cercanos colaboradores. Esa acción de la justicia ha provocado respuestas agresivas del presidente y del Premier con mensajes que buscan enfrentar a unos peruanos con otros, pretendiendo que hay una conspiración racista del sistema contra un presidente campesino. Ese llamado a la división y al odio de clases no ha sido condenado por los Obispos. No es que tengamos un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, sino ataques del Ejecutivo a los demás poderes para desviar las imputaciones fiscales.
Sí es verdad, en cambio, como dice el pronunciamiento episcopal, que la profunda crisis moral se expresa en los gobiernos regionales y locales y en “mayores niveles de subempleo, informalidad y desempleo, pues la corrupción asfixia a los emprendimientos a través de los cupos y sobornos e impide el ejercicio de la necesaria libertad económica”. Es interesante que los Obispos señalen la necesidad de la libertad económica, porque el mejor regenerador moral es el trabajo, la disciplina del esfuerzo para conseguir los medios de subsistencia y de mejora económica y social. Al reclamar las condiciones para que la actividad económica de todos los tamaños se desenvuelva con su máxima libertad y potencialidad posible, de manera haya inversión y empleo para todos, la Iglesia reivindica el valor de la dignidad del trabajo. Y eso requiere eliminar trabas y regulaciones que asfixian los emprendimientos y que favorecen la corrupción al imponer cupos y sobornos para poder operar.
Refiriéndose a los gobiernos regionales y locales, los Obispos apuntan certeramente cuando llaman a superar “una cultura patrimonialista donde no se distingue el bien público del privado, o donde se considera la cosa pública como propia”.
Pero ese es exactamente también el caso del presidente. Les faltó decir que los actos de corrupción que rodean al presidente Castillo y a varios de sus ministros, reproducen a escala del gobierno central -en mucho mayor volumen entonces- las prácticas corruptas y patrimonialistas que constatamos en los gobiernos regionales y locales.
Los Obispos Invocan “a todos los sectores de la sociedad civil a buscar por medio de los cauces democráticos el restablecimiento de la gobernabilidad y la paz en nuestra patria, rechazando la violencia como medio de solución de conflictos”. Nos sumamos a ese pedido. Lampadia
