Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
En el Perú contamos por decenas de miles las normas dictadas desde el sector público, sean estas; leyes del Congreso, decretos ley, decretos de urgencia, DS, RS, RM y así, pasando por todo el escalafón existente en el ejecutivo y gobiernos regionales y municipales.
Ya todos tenemos claro que, como no hay alineamiento entre los distintos estamentos del Estado, todos se manejan de manera desconectada y en muchos casos, permitiendo que un estamento de menor nivel disponga de manera contraria a lo dispuesto por el de nivel superior.
No sólo eso, sino que desde los más altos estamentos del Estado se tiene la permanente propensión a perforar el marco legal debidamente analizado, debatido y promulgado con la aprobación de las mayorías, luego de serios estudios, consulta a especialistas y referencias internacionales. ¿Para qué toda la tarea de análisis, discusión y consenso, si después aparece un grupo de trasnochados, probablemente sin el nivel intelectual adecuado (me pregunto si el promedio intelectual IQ en el Congreso de la República de hoy es sub-normal), que dispondrá ir en contra del propósito y mandato de la ley? Otro tanto ocurre en el Ejecutivo y sus interpretaciones.
Lo que no está en la mente de aquellos que tienen la facultad de emitir normas legales, es que, con sus dispositivos, no sólo están autorizando, prohibiendo o induciendo algún comportamiento ciudadano. Sino que están forjando los criterios y actitudes de la ciudadanía (en el fondo está educando) respecto de la institucionalidad del País. Para que una Nación funcione, es fundamental que se respete la institucionalidad e institucionalidad no es otra cosa que las reglas establecidas y su estricta observancia y cumplimiento, donde la autoridad debe exigir su cumplimiento, pero sólo podrá hacerlo en la medida que haya EDUCADO a la ciudadanía en la fiel observancia del fondo y forma de tales normas.
Ejemplos de disonancia nos sobran en el Perú, verbigracia; la creación de la compensación por tiempo de servicio o “CTS”, aportación que se efectúa en favor de un trabajador para ser usado el día que se quede sin empleo por cualquier circunstancia. Pero no, a la primera de bastos y aunque la desvinculación no se haya producido, desde el poder se promueve la disposición y el retiro de esta, destruyendo el criterio de “fondo de protección” para el momento en que se desvincule del trabajo y quede temporalmente sin ingresos.
Otro tanto está ocurriendo con los fondos previsionales administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs). Como el sistema público de pensiones fue y es un desastre y la estructura etaria del Perú está envejeciendo, se creó el sistema previsional privado con cuentas individuales. Ante la evidencia, es lógico buscar que se efectúe aportaciones a cuentas de propiedad individual en las AFP, para que las administren profesionalmente y en el largo plazo para constituir un fondo que permita cubrir una pensión digna para la vejez, evitando al jubilado una vida en la mendicidad, tal como ocurre con los pensionistas de la ONP. Pero quienes se acogieron a la ley de AFP ven hoy sacudidas sus expectativas porque los congresistas, que quieren notoriedad, “se han puesto creativos”. Otra vez pues, a “sacarle la vuelta” al criterio previsional y sus normas y a perforar por segunda vez el sistema. Antes fue retirando el 95.5% del monto acumulado y hoy retirando el 25% de lo acumulado. Lo más triste es que esto se les ocurre en el peor momento posible…
Igualmente, quienes promulgaron leyes laborales con el deseo de proteger en circunstancias críticas las fuentes de trabajo para las mayorías, con buen criterio introdujeron en la legislación el concepto de “Suspensión perfecta” para que, ante una condición inesperada y de “fuerza mayor” , que impida operar, se pueda suspender la relación laboral o dejar de pagar temporalmente a los trabajadores cuya actividad ha devenido en imposible de realizar. Pero no, ahora cuando tenemos la circunstancia exacta para la que se diseñó el mecanismo legal, el ministerio de trabajo quiere impedir su aplicación…
En esa línea de ideas y como producto de la improvisación, tenemos actualmente un caso de película. Se está dando disposiciones que se contraponen. Por un lado se decreta la inamovilidad de los ciudadanos para controlar la pandemia en que nos encontramos, sin duda lo más razonable, pero simultáneamente se dispone la distribución de un bono muy bien intencionado, pero muy mal planeado y peor gestionado. Esto ha traído como consecuencia que se genere grandes colas y aglomeraciones para tratar de conseguir el famoso bono que, aún después de tres semanas de dispuesto no lo recibe siquiera un tercio de la población objetivo. A la par se dispone el retiro de la CTS y finalmente se dispone ahora el retiro de fondos de las AFP. Como decía Condorito, ¡plop! ¡Exijo una explicación!
¿Como vamos a lograr “distanciamiento social” e inamovilidad de la población si a la vez le ponemos la zanahoria en las narices e impulsamos a salir a los bancos, pues si no la recogen, la pierden?
Esta es una nueva oportunidad para repetirle al presidente, a ver si escucha. El poder ejecutivo que, está constituido por el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los municipios, está plagado de ineficiencia y delincuentes. No se puede estar repartiendo dinero a diestra y siniestra para que más de 4,000 unidades ejecutoras salgan de compras, “a su aire”, sin criterio uniforme y sin control… Ya a estas alturas tenemos; al alcalde distrital de Barranco llevándose las donaciones de alimentos a su casa, a una ex-funcionaria del gobierno regional de Ancash con 4.5 toneladas de abarrotes donados y sustraídos en vehículos del GR, compra de respiradores a más del doble del precio de mercado, volúmenes de mascarillas para la PNP al cuádruplo de su precio, alimentos para la PNP comprados a un distribuidor de llantas, sin certificado sanitario y a cuatro veces el valor de mercado, etc., etc. Van 64 casos identificados y bajo investigación en sólo tres semanas. ¡Y esto es aquí no más!
¿Cómo vamos a lograr que la gente respete semáforos, horarios, cuarentenas, leyes y representantes del orden, entre otros, si la ciudadanía recibe de “sus autoridades” mensajes de este tipo y sabe que: “En el Perú todo está un poquito prohibido y un poquito permitido”? Lampadia
