Jaime de Althaus
Para Lampadia
La grave situación económica y social generada por la pandemia puede terminar generando una suerte de sinceramiento ideológico en las elecciones generales que se vienen. Porque es claro que la recuperación económica requerirá del mayor grado posible de libertad económica, que es condición, a su vez, para la mayor inclusión posible de los sectores populares en el mercado y la formalidad.
Por eso, no es de extrañar que, a diferencia de procesos electorales anteriores, ya hayan surgido varias precandidaturas que podemos considerar de derecha liberal (en lo económico), como las de Hernando de Soto y Fernando Cillóniz, por ejemplo, a las que quizá podríamos agregar la de George Forsyth -según informaciones que tenemos, muy preocupada por una reforma profunda del Estado-, aunque habría que esperar a conocer su propuesta. Tal vez también la de la propia Keiko Fujimori, que claramente se está reposicionando contra el populismo congresal reafirmándose en los principios del capítulo económico de la Constitución del 93. Así como las de Máximo San Román, el APRA si predomina la influencia de Roque Benavides, y la del PPC.
Es posible que estas candidaturas proclamen abiertamente la necesidad de eliminar trabas, requisitos y cargas regulatorias de todo orden que impiden la recuperación de los empleos y de los emprendimientos de todo tamaño, algo que en tiempos normales los candidatos no suelen predicar. Es que más que nunca dicho peso se hace insoportable. Y podrán explicar entonces como esos cambios tendrán un efecto redistributivo e inclusivo enorme, al incorporar a los peruanos a la ley, a la formalidad -y, por lo tanto, al crecimiento sin barreras-, y al eliminar ocasiones de corrupción y redistribuir privilegios legales. Más aun si eso viene acompañado de políticas de consolidación de la propiedad de los sectores populares, empoderamiento tecnológico y de reforma radical de los servicios públicos, particularmente los de Salud, para incluir a todos en atenciones de calidad.
Pero, por supuesto, existirá la oferta opuesta, que sin duda también se sincerará. Aquella que proclama que los problemas de la economía se deben al modelo económico “neoliberal” consagrado en la Constitución del 93 y al comportamiento abusivo de las grandes empresas y los monopolios. La solución ofrecida por estas candidaturas no será la eliminación de barreras al crecimiento y la generación de riqueza, sino la redistribución de la riqueza incrementado impuestos y eventualmente estatizando empresas y creando empresas públicas.
Es posible, entonces, que este sinceramiento ideológico capture votos para estas posiciones en detrimento de las candidaturas que busquen posiciones más neutrales o de centro (en lo económico), que no afecten las estructuras legales y normativas excluyentes y tampoco la utilidad o la propiedad de capital.
Ese es el eje económico. Pero también está el eje político-social, donde habrá ofertas de orden y mano dura que pueden desembocar en procesos autoritarios, frente a propuestas institucionalizadoras, que reafirmen la necesidad de las reformas política, judicial, del Estado y de la formalidad.
Aquí también tendrá que haber propuestas claras y radicales en ambas direcciones. Sobre todo, en la línea de la institucionalización.
Se hablará más claro, entonces, en estas elecciones que, por la pandemia, obligan a decir las cosas por su nombre. Es que las grandes crisis obligan a producir grandes cambios para salir de ellas y reconstruir el camino al desarrollo. Lampadia
