Fausto Salinas Lovón
Para Lampadia
La falta de representación política en el Congreso de quienes nos gobiernan, desde PPK en adelante, los ha llevado a hipotecarse a las demandas de gobernadores regionales y alcaldes.
La Asamblea de Gobernadores Regionales y la Asociación de Municipalidades del Perú, se han convertido en los interlocutores políticos de gobiernos sin bancada y gobiernos transitorios. Se han convertido en su precaria fuente de legitimidad política nacional, paralela al Congreso.
Los Consejos de Estado Regionales y Consejos de Estado Municipales, de dudosa constitucionalidad ya que no están previstos en el diseño constitucional del Estado Peruano, han pasado a ser el escenario de los acuerdos políticos más relevantes en la actualidad. Allí se deciden presupuestos, partidas, créditos suplementarios, obras, proyectos, avales y demás beneficios que otorga la cercanía al poder ejecutivo.
En la versión más patológica de esta nueva forma de legitimación política, el gobierno llega a otorgar calidad de interlocutores a frentes de defensa, colectivos o autoconvocados, entes cuya legitimidad sólo proviene de la violencia, el caos, la extorsión social y el chantaje.
Para conversar con ellos, el gobierno usa como lenguaje el “presupuesto y nuestros recursos nacionales”. Los interlocutores, a cambio, pagan con “respaldo político” que no tiene el primero. Una nueva forma de trueque en la política peruana, que hace noticia cada día.
Todo, con tal de tener una foto entre sí.
El gobierno cree que tiene el respaldo de las regiones. Los representantes locales creen que tienen acceso y cercanía al poder y al presupuesto y que no son meros ornamentos en una decoración política pasajera.
Lo cierto es que, en este trueque político, el gobierno no exige a Gobernadores y Alcaldes que acrediten su aprobación y legitimidad ciudadana, por lo tanto, muchas veces se toman fotos con gobernadores y alcaldes cuyas revocatorias ya están en carrera y cuya elección sólo tiene el respaldo de un quinto de la población regional o local. Desde las regiones y provincias, no le piden al gobierno que acrediten la disponibilidad de los recursos, por lo cual sus ofertas quedan muchas veces en letra muerta.
Lo que ninguna de ambas partes del trueque se pregunta es:
¿Qué se ha conseguido con las transferencias del gobierno nacional?
¿Cuántas obras se han concluido?
¿Cuántas están paralizadas perjudicando a ciudadanos?
¿Qué se ha hecho por la prevención de desastres o la inseguridad?
¿Cuáles son las brechas cerradas para usar una palabra muy de moda en la política provinciana?
¿Cuánto han ejecutado del presupuesto anterior?
Nada de eso importa. A ambas partes sólo les importa la foto. Una suerte de política sin resultados pero instagrameable.
En un país que ha caído en el PBI -0.5 % el año 2023, en mucho por obra de gobernadores, alcaldes y dirigentes que han agitado masas para socavar la transición democrática, la única respuesta que debieran recibir Alcaldes y Gobernadores es la correcta: NO HAY PLATA. No hay plata mientras no haya evidencias de uso correcto, oportuno y honesto del dinero de todos los peruanos, en beneficio de los ciudadanos y no de las castas políticas que nos gobiernan. Lampadia
