Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Distintos grupos políticos, unos desde el Congreso y otros desde el gobierno, se han enfrascado en una discusión respecto a la cuestión de confianza y la vacancia presidencial por incapacidad moral, digna de mejor causa. Resulta grotesca la forma como, algunos abogados pontifican sobre el tema de la cuestión de confianza, argumentando que “de acuerdo a la Constitución vigente, esta facultad es ilimitada”. Esto es absolutamente falso. Cualquier niño de colegio que ha estudiado Álgebra Booleana o lógica, cosa que debieran aprender todos los abogados antes de graduarse, podría explicarles que, si el poder Ejecutivo no puede observar las modificaciones constitucionales emanadas del Congreso, es evidente que el Ejecutivo no puede hacer cuestión de confianza sobre las propuestas de modificación constitucional. Igualmente, si la Constitución reserva para ciertos organismos, funciones exclusivas y excluyentes, y ya me provoca “dibujarles las bolitas”, que demuestran que, una disyunción es excluir, es estar fuera del ámbito de intervención, dicho de otro modo, significa que no les compete y, consecuentemente, no tienen vela en ese entierro.
Por otro lado, hay quienes argumentan equivocadamente que las dificultades y fricciones entre los poderes del Estado, se deben a que nuestro sistema político es de un “presidencialismo-parlamentarizado o híbrido” y, en consecuencia, el hecho que el parlamento cuente con una serie de mecanismos que permiten control político y limitan el manejo del Ejecutivo, se convierte en la fuente de tensión y conflicto de poderes.
La verdad es que, no sólo nos hemos pasado algunos lustros manoseando la constitución, interpretándola de cualquier manera (con prevalencia de carga política circunstancial y no de racionalidad), destruyendo a los partidos y la posibilidad de hacer carrera política (prohibiendo la reelección parlamentaria) o permitiendo que se pueda multiplicar el número de bancadas, más allá de aquellas que se instalaron como producto de las elecciones, que el congresista sea “dueño” de su escaño y no el partido elegido. ¿Cómo podemos responsabilizar a los partidos, si los congresistas, una vez elegidos, pueden hacer lo que quieran, al margen de su partido? Lo que tenemos es, ciertamente, producto de una terrible inmadurez de nuestros electores, de los elegidos y de los “especialistas” que han promovido irresponsablemente cambios a los contrapesos diseñados.
Hoy, lo más inmaduro es pretender que alguien que ganó la presidencia de la república por menos de 0.25% de la población electoral, pretenda conducirse como si hubiese ganado con una supermayoría. Cuando un candidato y su partido se presentan a elecciones, proponen un plan de gobierno, pero este será de aplicación, en tanto los resultados electorales lo permitan. No corresponde que, en un resultado tan reñido, el elegido pretenda gobernar sin atender la voz de sus “pares”, quienes merecen todo el respeto por sus opiniones y propuestas. El presidente debe, además, entender y asumir, que la composición del Congreso es la que le permitirá o no, los grados de libertad para la aplicación de su plan original, o si, de lo contrario, tendrá que adecuar su Plan de Gobierno a las nuevas circunstancias.
Concuerdo con que, en nuestro sistema político, no corresponde que el Congreso le tenga que dar un voto de confianza a un nuevo gabinete, pero sí debe haber filtros adecuados y condiciones claras y rígidas que aseguren la idoneidad personal, trayectoria profesional, legal, moral y ética, para que alguien pueda acceder a ser ministro o altos cargos del Estado. Obviamente, no debe haber ninguna posibilidad de conflicto de intereses. El propuesto no debe tener litigios con el Estado, en los que sea o haya sido acusado o abogado, así como tampoco debe tener conflictos de tipo comercial. Obviamente, si se censurara a un ministro por haber evadido ese control, eso no puede ser motivo de conflicto entre poderes, pues es de suponer, que ambos poderes actúan en defensa de los intereses de Estado.
Las buenas relaciones entre los poderes del Estado, se logran por dos caminos. Bien porque la elección del presidente se ve también reflejada en una mayoría de su partido en el Congreso o cuando menos, el establecimiento de una correlación de fuerzas que lo apoyan dentro del Congreso, o porque el presidente comprende que, sin tener un respaldo de las mayorías en el Congreso, él debe adecuar su plan de gobierno a esas circunstancias.
Ya John F. Kennedy en la década de los 60s del siglo pasado decía: “Se puede ganar con la mitad, pero no se puede gobernar con la mitad en contra”.
Si un gobernante no tiene la sensatez suficiente para entender, que no lo han elegido Rey sino presidente, que es un servidor del pueblo debidamente representado por el Congreso, que está sometido a la Constitución y las leyes, y que las líneas maestras de su gobierno deben reflejar necesariamente las propuestas e ideas políticas de la mayoría amalgamada en ese conjunto de partidos representados en el Congreso, debe saber que es pasible de vacancia, sea por incapacidad intelectual (porque no es capaz de comprender la realidad) o mental (porque es idiota) o simplemente, ha equivocado su situación.
No es justo que un país tenga que pagar las consecuencias de tener de presidente, a alguien mentalmente incapaz. Lampadia
