Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Lima, 7 de agosto de 2023
Para Lampadia
Cuando una persona asume un cargo público, lo primero que pregunta la gente es si el susodicho tiene denuncias en su contra. Y si ese fuera el caso ¡tate! ¡El tipo no califica! ¿Cómo va a calificar si tiene una denuncia en su contra? Y si tiene más, peor aún. No preguntan quién denunció, ni porqué. Tampoco preguntan por la integridad del fiscal que admitió la denuncia, ni si el denunciante es un tipo corrupto, chantajista, o simplemente una persona maliciosa y vengativa, como suele haber, y en abundancia, en nuestro país.
Yo puedo dar fe de ello. Según una fiscal que archivó una de las tantas denuncias que tuve en mi contra – denuncia claramente maliciosa y sin sustento – ¡el 70% de las denuncias que se presentan ante las fiscalías de todo el país son maliciosas! Y, por ende, terminan archivándose. Hay personas – miles de personas – muy corruptas e inescrupulosas que son caseritas del Ministerio Público. Se mueven en él como Pedro en su Casa. Denuncian a todo aquel que se les cruce por su camino. De eso viven. ¡Son unos miserables!
Los juicios populares contra los nuevos funcionarios públicos son más severos aun cuando estos tienen procesos judiciales en curso. O sea, cuando los fiscales, no sólo han admitido las denuncias de los denunciantes, sino que han procedido a acusarlos ante los jueces respectivos. Ahí la descalificación es total. ¿Cómo van a calificar si cuentan con una o más acusaciones fiscales en curso? Y ni qué decir si los denunciados figuran con sentencias condenatorias en su contra. Ahí si… ya no ya. ¡Cómo van a calificar si los tipos son unos delincuentes convictos y confesos! Así razona mucha gente.
La pregunta es ¿acaso no hay corrupción en el Ministerio Público? ¿Y el Poder Judicial… acaso no está plagado de jueces y funcionarios administrativos corruptos? ¿Por qué nadie pregunta por ello cuando una persona tiene antecedentes fiscales y judiciales en su contra? ¡Cuántos peruanos inocentes habrán sido acusados y / o sentenciados por fiscales y jueces como César Hinostroza, Walter Ríos, Guido Águila, Iván Noguera y demás! ¡Cuántos magistrados tipo Los Cuellos Blancos del Puerto hay – ahora – en el Poder Judicial y Ministerio Público! Peor aún ¡cuántos delincuentes han sido exculpados por jueces y fiscales corruptos!
A ese respecto, quisiera compartir mi experiencia personal sobre el tema. Conste que antes de asumir el cargo de Gobernador Regional de Ica, yo no tenía ni una denuncia, ni una sentencia… nada. Mis antecedentes judiciales y penales estaban limpios. En ese entonces – en el 2015 y a mis 64 años – para el común de la gente ¡yo era un angelito!
El hecho es que, apenas transcurrida la primera semana de haber asumido el cargo de Gobernador – cuando recién me estaba ubicando en mi nueva sede laboral – ¡toma! La Consejera Regional Nora Barco me denunció por apropiación ilícita. ¡Qué! ¡Pero si no he hecho nada!
Ojo. La Señora Barco – la Consejera Regional de mayor edad del Consejo Regional de entonces – era, y sigue siendo, muy allegada a Javier Gallegos, el candidato a quien derroté en las elecciones regionales del 2014, y que luego terminara preso por corrupción, por coimear descaradamente en su gestión como Gobernador Regional de Ica en el período 2018 – 2022. Es decir, en la gestión siguiente a la mía.
Pero ahí no acabó la cosa. Luego de la denuncia tempranera, la vieja esa siguió denunciándome – a mí, y a la mayoría de colaboradores en el Gobierno Regional – simplemente porque le daba su regalada gana. ¿Y los fiscales… bien gracias? ¡Bienvenidas las denuncias maliciosas contra Cillóniz y su equipo! Aunque después, casi todas fueron archivadas por carecer de sustento.
Bueno pues, entre las tantas denuncias en mi contra – 50, 60 o 70… ya perdí la cuenta – una, sólo una, pasó al Poder Judicial. Es decir, el fiscal me acusó ante el juez. Y en esas estoy. ¿Quién me denunció? Julio César Flores Camargo.
¿Quién es Flores Camargo? Otro caserito del Ministerio Público. Un personaje que fue retirado de la Policía Nacional del Perú (PNP) en enero del 2013. ¿Cómo así? “En aplicación del Reglamento de Disciplina de la PNP, se ha dado de baja a oficiales que con sus conductas afectaron la imagen de la institución, bajaron la moral de sus colegas o afectaron la relación de confianza con la ciudadanía”. Allí, en esa lista humillante – junto a otros policías corruptos – figura Julio César Flores Camargo.
¿Por qué me denunció? Por autorizar la asistencia del Gerente General del Gobierno Regional a un evento de la Caja Municipal de Ica, de la cual él era Director. Ojo. Director autorizado por la Ley Servir. O sea, absolutamente legal. ¿Qué delito es ese? Peculado doloso. ¡Qué es eso! Apropiación de recursos del Estado de manera ilícita. ¡Pero si yo no he agarrado ni un sol del Gobierno Regional! No importa.
El Fiscal Alexander Pérez de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica, me ha acusado ante el Poder Judicial por haberle causado al Estado un perjuicio de S/. 8 mil y pico, para lo cual solicita mi prisión efectiva por 4 años y 8 meses.
Y en esas estoy. Viendo cómo la Jueza Angela Carolina García Vivanco gasta su tiempo en el juicio por peculado doloso que tengo en mi contra, el cual, repito, fue originado por un denunciante recurrente y pertinaz como Flores Camargo, y acusado por un Fiscal como el Dr. Pérez, que cuando lo observo sustentar su acusación contra mí, sólo veo rencor, mala fe, envidia, y sabe Dios qué oscuros sentimientos más. En fin.
Por otro lado, también tengo una sentencia judicial en mi contra, por difamación y calumnia. Resulta que José Luis Elías Ávalos (Congresista de la República) y César Acuña Peralta (Gobernador Regional de La Libertad) – ambos dueños de las universidades San Juan Bautista y César Vallejo, respectivamente – me querellaron por un artículo que escribí en Lampadia denominado “Las Almas Mater de la Corrupción en el Estado Peruano”, en el cual, claramente opino que dichas universidades – y otras más, como la Alas Peruanas, Telesup, Garcilaso de la Vega, y demás – estafaban a sus estudiantes.
¿Por qué opino de esa manera? Pues – entre otras razones – porque el 70% de los estudiantes egresados de la facultad de medicina de La Vallejo desaprobaron el Examen Nacional de Medicina (ENAM). Y el 62% de la San Juan Bautista, también. Para mí, eso se llama estafa. ¡Qué quieren que les diga!
Ojo. Ambas universidades – y otras de la misma calaña – tienen suscritos “Convenios de Cooperación Inter Institucional con el Poder Judicial” mediante los cuales, los jueces del país – y sus familiares – pueden estudiar en condiciones económicas ventajosas. ¡Ya pues… no sean tan descarados! ¿Acaso eso no es conflicto de intereses de alto vuelo?
¿Alguien en su sano juicio cree que el juez que falló en mi contra, lo hizo con imparcialidad?
¿Si fallaba en contra del querellante – Elías Avalos – acaso no arriesgaba la educación de otros jueces y sus familiares, en dicha universidad?
Ahí están, pues, mis antecedentes penales y judiciales: decenas de denuncias en mi contra, un proceso penal en curso, y una sentencia condenatoria por calumnia y difamación. ¡Todo un prontuariado! ¡Y todo por haber sido Gobernador Regional de Ica en el período 2015 – 2018!
Ahora bien – valgan verdades – así como hay corrupción, hay también probidad en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Y lo mismo ocurre en los demás poderes del Estado. Puede parecer extraño, pero así es… la corrupción convive con la probidad. Tal cual la parábola del trigo y la cizaña.
No obstante, este artículo se refiere a aquellos lobos disfrazados de corderos – tremendos corruptos y sinvergüenzas – que recurren a cada rato al Ministerio Público para denunciar a los buenos funcionarios estatales, quienes con su accionar honesto y responsable, impiden a los corruptos realizar sus fechorías.
En realidad, se trata de una táctica muy efectiva de las mafias enquistadas en el Estado. Ahuyentar a los buenos funcionarios públicos, denunciándolos maliciosamente por todo tipo de delitos. El objetivo es – claramente – alejar a los buenos funcionarios del Estado, para que ellos – los corruptos – sigan haciendo de las suyas.
Así es pues la nuez en el Estado. Salvo honrosas excepciones, la política es una porquería. Y salvo también otras honrosas excepciones, la justicia es otra porquería. Lampadia
