Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia
El periodista Juan Paredes Castro sintetizó con claridad lo que está ocurriendo en el Perú. Dice que podríamos estar viviendo “de aquí a poco más de un año, el peor desastre político, económico y social” de la historia. (El Comercio, 21/3/22) En verdad, a estas alturas, lo único discutible de esta afirmación es el plazo. Podría ser menor.
El descalabro reciente de Petroperú, la más grande empresa estatal, se explica solamente por la inmoralidad del gobierno que dirige Pedro Castillo, que nombró como gerente general a Hugo Chávez, un individuo que no solo no estaba capacitado para ese cargo, sino que se vio envuelto en casos de corrupción desde el inicio de su gestión. Corrupción que involucra directamente a Castillo, como lo atestiguan las visitas simultáneas a Palacio del dueño de una empresa que contrató fraudulentamente con Petroperú y del propio Chávez. Además de la infaltable Karelim López.
Ahora le han rebajado la calificación a Petroperú y empresas respetables se niegan a realizar auditorías en las condiciones que les quieren imponer. Todo eso va a costar muchos millones al Estado, es decir a todos los peruanos.
Ese es solamente uno de los muchos casos en que la incompetencia y la corrupción, características distintivas de este gobierno, ocasionan un siniestro costosísimo.
Al mismo tiempo, el gobierno y sus secuaces atacan a todos los organismos del Estado que no controlan. Aníbal Torres ha pedido la disolución del Tribunal Constitucional, una congresista oficialista ha presentado una acusación constitucional contra el Contralor y todos presionan al Defensor del Pueblo para que abandone su cargo.
El Congreso, es naturalmente, el principal blanco de sus embestidas, a pesar que, como se sabe, ellos han persuadido o neutralizado o comprado a un número significativo de congresistas. A pesar de eso, no pueden aprobar las normas que les interesan y temen que, aún en esas condiciones, se puedan alcanzar los votos necesarios para la vacancia.
En estas circunstancias, los caviares, en connivencia con un sector del gobierno, ha propuesto una alternativa para distraer, una modificación constitucional para adelantar las elecciones.
Los caviares, que han perdido muchos puestos en el Estado, desplazados por otras bandas, quieren distanciarse para no cargar con el peso del catastrófico gobierno de Castillo. Su propuesta, en realidad, es impracticable, tanto porque demoraría años en realizarse -dando tiempo al gobierno para avanzar en su propósito de instaurar una dictadura chavista-, como porque tendría que ser aprobada por el Congreso que, obviamente, no tiene intenciones de suicidarse.
Un grupo en el gobierno va en la misma dirección, como lo demuestra lo que dijo el premier Aníbal Torres la semana pasada y el proyecto de la ministra y congresista Betssy Chávez para adelantar las elecciones en caso de vacancia.
Ambos grupos quieren evitar la vacancia. Los caviares, además de tratar de evadir su responsabilidad en la captura del gobierno por parte de Castillo y su gavilla, usan esa iniciativa como un instrumento de negociación para tratar de recuperar cargos en el Estado. Si se los dan, argüirán que por la “gobernabilidad” hay que sostener a Castillo.
En suma, como bien ha señalado Juan Paredes, el Perú está al borde de una catástrofe sin precedentes. La responsabilidad de impedir que se consume, por todos los medios necesarios, corresponde a todas las instituciones y colectividades, no solo a algunos políticos o comentaristas. Lampadia
