La tragedia de nuestro sistema judicial se traduce en la impunidad que generan los procesos anacrónicos con que funciona, los vacíos legales, las absurdas fallas de coordinación entre sus estamentos, la saturación de las cárceles y la corrupción.
La necesaria reforma del sistema de justicia es una de las tareas más importantes que debe enfrentarse en los próximos años. Consecuentes con este imperativo nacional, en Lampadia hemos creado una biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI (Sistema Judicial), especializada en el diseño y desarrollo del sistema que necesitamos. El siguiente artículo sobre el caso de la reciente escandalosa liberación de los 5 ‘marcas’, debe servir para analizar sus concomitantes y guiarnos a darle contenido.
Jaime de Althaus
La liberación de una peligrosa banda de 5 marcas porque la acusación fiscal le llegó al juez 5 minutos después de que se habían cumplido las 24 horas de detención, indignó a la Policía y también a la ciudadanía. No vamos a entrar al rosario de acusaciones mutuas: la Policía le echó la culpa a la fiscal y ésta a la Policía y también al juez. Lo que interesa es analizar si aquí falló el sistema o las personas o si hubo corrupción. Es algo que el Ministerio Público debería investigar y comunicar a la opinión pública.
Mientras tanto podemos adelantar lo siguiente. Lo primero que se puede advertir es que en la era de la tecnología de las comunicaciones, sigamos con procedimientos pretéritos. Cesar Azabache lo dijo en La Hora N: “¿Por qué no pueden coger un teléfono y advertirle al juez que necesitan una orden judicial y pasarle por correo electrónico la información mientras se dirigen al juzgado? Acá todavía siguen con papeles escritos para todo. Cuando interrogan le preguntan al detenido si tiene cicatrices, marcas o señas, y si las tiene hay que describirlas en la declaración: ¿no hay cámaras fotográficas o celulares para tomar fotos?”.
Azabache agrega: “Las cosas están confundidas: en todo el hemisferio cuando un policía detiene a un delincuente, hay un plazo que puede ser de 24 horas para que juez verifique que se trata de la persona indicada, que está bien detenida y que no la están golpeando… Aquí pensamos que además hay que presentar todos los cargos penales en su contra. Entonces el tiempo no alcanza. Por eso, se le pide autorización al juez para mantenerlo detenido a fin de completar la investigación, organizar un caso. Es la llamada convalidación”.
Hay que señalar que en Lima no está vigente aun el nuevo Código Procesal penal (NCPP) que contempla esa posibilidad: pedir 7 días más para preparar el caso antes de llevarlo al juez. Además, lo que ocurre es que los cinco ‘marcas’ fueron capturados en flagrancia, y ni siquiera el NCPP considera la posibilidad de extender a 7 días el plazo de detención de 24 horas, antes de entregar el caso al juez, cuando se trata de flagrancia. Por eso el Fiscal de la Nación, el presidente de la Corte Suprema y el Ministro del Interior decidieron, en la reunión que tuvieron luego de producido este escandaloso hecho, presentar al Congreso dos propuestas legislativas:
a. Modificación de la Ley para que en los casos de flagrancia proceda la convalidación de la detención preliminar hasta por siete días.
b. Modificación del artículo 2, inciso 24, literal f de la Constitución Política del Perú para que el plazo de detención por flagrancia se amplíe de 24 a 48 horas.
Según Azabache, lo segundo no sería necesario si se aprueba lo primero, entendiendo que de lo que se trata con las 24 horas no es de llevarle al juez todo el caso investigado y preparado sino solo lo necesario para que éste verifique que la detención ha sido bien hecha.
Pero lo que llama la atención es que este caso pudo haber sido presentado por la Fiscal no como uno de flagrancia sino de crimen organizado. Pues se trata de una banda. Y si bien el NCPP no está vigente en Lima, sí lo está para los casos de crimen organizado. De modo que la Fiscal hubiese podido pedir incluso 15 días de detención previa para armar bien el caso y presentarlo al juez. Pero no lo hizo. Lo presentó como uno de flagrancia.
Es cierto que los delincuentes fueron capturados cuando estaban a punto de cometer un atraco, es decir, de manera flagrante, pero, según parece, eso no fue fruto de la casualidad sino de un seguimiento que se había hecho durante un mes. En efecto, el director de Defensa Legal de la PNP, Máximo Ramírez, explicó que los criminales fueron capturados tras realizar una labor de inteligencia durante un mes. Y el comandante Flavio Esquivel Villafane, jefe de la Divincri Carabayllo, declaró indignado que al liberarlos “echaron por los suelos el trabajo de investigación policial y el sacrificio de mi personal para que estos delincuentes estén en la calle”.
Entonces no se trataba de un caso de flagrancia sino de seguimiento a una organización criminal, que cabe dentro del supuesto de la ley que adelanta el NCPP en Lima para los casos de crimen organizado. La fiscal pudo pedir 15 días adicionales, más aun si se encontró drogas. Si esto es así y no lo hizo, cabe plantear la hipótesis de que aquí hubo corrupción, sea a nivel de la fiscalía o del juez. O cuando menos supina incompetencia. Eso es lo que hay que investigar.
Lampadia
