Jaime de Althaus
Para Lampadia
El grave atentado contra el senador y precandidato presidencial de derecha Miguel Uribe, en Colombia, hizo recordar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador hace dos años y lleva a plantearnos la pregunta de si algo similar puede ocurrir en el Perú de cara a las elecciones del 2026.
Lo primero que hay que notar es que, a diferencia de Colombia, Ecuador y México, donde los asesinatos de líderes políticos, autoridades o jueces y fiscales se pueden contar por decenas o centenas en los últimos años, en el Perú, en cambio, salvo el asesinato del teniente gobernador de San Juan de Lurigancho el 2023, eso no ha ocurrido.
Lo que si hemos sufrido es el homicidio de 15 choferes de microbuses y de 5 dirigentes de construcción civil en los últimos dos años como consecuencia de las extorsiones, y de 20 lideres indígenas y defensores del ambiente en la selva en los últimos 5 años, según recuento de ChatGTP.
Otra diferencia importante es que en el Perú la tasa de homicidios por 100 mil, pese a que viene aumentando, es claramente inferior a la de esos otros países. Acá estaría alrededor de 9 o 10 por 100 mil. En Ecuador supera los 40 y en Colombia y México está alrededor de 26 por 100 mil.
La violencia letal contra políticos y autoridades en México, Colombia y Ecuador es ocasionada principalmente por el narcotráfico. Es el producto de guerras territoriales entre organizaciones de narcos o de la búsqueda de control político para suprimir resistencias estatales.
La pregunta es por qué eso no ha ocurrido (¿aun?) en el Perú pese a que somos el segundo productor mundial de cocaína y tenemos además una minería ilegal que es cuatro veces más potente económicamente que el narcotráfico, y una industria de la extorsión muy extendida, sin hablar del tráfico de terrenos.
Parte de la respuesta tiene que ver con algo que ya hemos explicado en este portal: en el Perú no hay organizaciones narco criminales grandes que disputen con otras el control del territorio para vender la droga y de los puertos para su exportación como Los Lobos, Los Tiguerones y los Choneros en Ecuador, donde hay cantones y hasta ciudades enteras controladas por esas organizaciones, o como los carteles mexicanos que se enfrentan por el dominio de las rutas o buscan el control político de las zonas donde operan. O los remantes de las FARC en Colombia. Aquí las bandas de narcos son pequeñas, clanes familiares básicamente.
Tampoco tendrían mayor necesidad de eliminar resistencias porque en el Perú el combate al narcotráfico es bastante menos intenso que en esos países.
Según estadísticas proporcionadas por el economista Jaime García, Colombia incautó 746 toneladas de cocaína el 2023 y Ecuador casi 200. El Perú apenas 36, y eso ya fue un récord. Además, en nuestro país la producción de coca se da en zonas alejadas con escasa presencia del Estado y cuando menos la mitad o más de la droga sale por avioneta o rio a Bolivia o Brasil, sin mayores controles. Es probable, de otro lado, que esa economía ilícita haya alcanzado un nivel de convivencia remunerada con las pocas autoridades locales, judiciales o policiales existentes en esas zonas. Como sabemos, los militares en el VRAEM combaten a los remanentes senderistas, no a los narcos.
El problema es que ya hay organizaciones criminales poderosas que se infiltran en el territorio nacional, tanto en la Amazonia (el Comando Vermelho y el Comando de la Capital del Brasil) como en el norte, en el puerto de Paita por ejemplo, donde están Los Tiguerones.
Es vital contenerlas, pues existe claramente el peligro de que la cocaína colombiana que está saliendo por Ecuador, termine desviándose al Perú si es que el presidente Noboa tiene éxito en su estrategia de seguridad, lo que es probable debido a que el Congreso ya le aprobó esta semana la “ley para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno” y es muy probable que se apruebe también la instalación de una base militar norteamericana en Manta. A lo que hay que sumarle, recuerda Jaime García, que los EE. UU. están proporcionando una ayuda militar apreciable a Ecuador a través del Comando Sur y la Operación Martillo, que consiste en el despliegue aeronaval de los EE. UU. en El Caribe y el Pacífico para la interdicción de drogas. La participación de Perú en eso es marginal.
Y no debería serlo. El Perú tiene que conectarse a esos esfuerzos y solicitar más apoyo a EE.UU. para prevenir la invasión masiva al Perú de la droga colombiana, aprovechando que Petro ha debilitado la lucha antidrogas en Colombia lo que, sin embargo, nos favorece en la medida en que retarda el desvío al Perú. Jaime García muestra cómo las incautaciones internas en ese país han caído apreciablemente (aunque las internacionales han subido). Pero apenas un nuevo gobierno (de derecha) ponga presión nuevamente, el grueso se irá a Ecuador y de allí al Perú. Y si el Perú se convierte en la ruta de salida de la cocaína colombiana, con los Tiguerones y otros como gestores, vamos a tener asesinatos de autoridades, fiscales y jueces.
En nuestro país las responsables de las muertes -aunque no de políticos o autoridades- son principalmente las extorsiones. Estas ya existían desde hace muchos años en Trujillo y en el sector construcción, pero quien las trajo de manera masiva ha sido el Tren de Aragua, que llegó al Perú con la migración venezolana. El golpe reciente a la organización de El Monstruo ha sido importante, pero resolver esto requiere adoptar alguna de las alternativas que he señalado en otro artículo y que no se aplican por indolencia estatal (ver en Lampadia: ¿Por qué siguen aumentando las extorsiones?).
La minería ilegal, por su parte, allí donde se mezcla con organizaciones criminales que se disputan los socavones, como en Pataz, produce muertes entre delincuentes. Hasta ahora ha penetrado el Estado comprando a policías, fiscales, jueces, alcaldes e incluso congresistas. Está por verse si pasará a los ataques mortales a figuras públicas si la estrategia que se ha puesto en marcha tanto en Pataz como a nivel nacional empieza a presionar.
La inminente exclusión de 30 o 40 mil reinfos va a tener un impacto: muchos se quedarán sin poder transportar y vender su oro, si es que los controles funcionan. Más aún si se pasa a controlar las plantas de procesamiento, como está previsto, y si una buena ley MAPE pone fin al REINFO. Los ilegales-criminales agotarán entonces la vía de la corrupción. Si eso no resulta, podemos especular con que atacarían los puestos de control, pero de todos modos el oro tendría que llegar plantas de procesamiento, que estarían fiscalizadas.
En ese sentido, la ruta del oro, más aún con el sistema interoperable para la trazabilidad que estará en funcionamiento en un mes, es mucho más fácil de controlar que las rutas de la droga. Además, muchos mineros informales se formalizarán, regularizando su producción, lo que no puede ocurrir con los narcos.
El problema, claro, es la capacidad económica corruptora de esa actividad, que pondrá a prueba los sistemas de control y trazabilidad que se están estableciendo.
Si los sistemas resisten, podrían empezarán a atentar contra autoridades clave de esos sistemas, salvo que la policía haya desarticulado y eliminado las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal. Esa es la tarea.
En conclusión, para evitar que la criminalidad en el Perú escale a cometer asesinatos contra candidatos, políticos o autoridades, se requiere contener la posible presión por salida de la droga colombiana por puertos peruanos y el avance de narco organizaciones brasileras en la Amazonía, así como avanzar en la formalización minera y eliminar las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal.
Lampadia
