El financiamiento público fomenta los extremismos ideológicos
El sector privado podría financiar una primaria
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Como sabemos, el Congreso derogó las elecciones primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO), que eran complicadas, pero establecían un filtro para que no lleguen a la competencia final cerca de 60 partidos como puede ocurrir ahora.
Por lo tanto, el Congreso tiene la responsabilidad de sustituir ese filtro por otro o, en su defecto, aprobar normas que faciliten la formación de alianzas, autoricen el financiamiento privado formal y mejoren la proporcionalidad de la representación en el futuro Congreso.
La Comisión de Constitución, presidida ahora por Fernando Rospigliosi, tiene que dar una respuesta a esta situación. Para eso Rospigliosi tendrá que persuadir a su bancada que el interés nacional está por encima del pequeño cálculo político partidario de que lo que le conviene a Fuerza Popular es enfrentarse en segunda vuela a Antauro Humala o a algún radical de izquierda para tener opción de ganar, y no a alguna alianza de la centroderecha, por lo que no estaría interesada en que se forme un frente en ese lado del espectro político.
La ley debería contemplar dos medidas:
eliminar el punto adicional por partido en la valla electoral y, más importante aún que esto,
permitir que se formen alianzas solo para la plancha presidencial de modo que cada partido pueda presentar su propia lista congresal.
Los partidos políticos de centro o derecha, por su parte, deberían decidirse a ir a unas primarias para elegir al candidato presidencial. Grupos empresariales podrían financiar esas primarias, al mismo tiempo que adelantan que solo apoyarían en las elecciones a partidos que vayan en una alianza. Podría formarse una asociación civil con este fin.
Pero aquí entramos al tema del financiamiento a los partidos por parte de empresas formales, que está prohibido. Se ha argumentado mil veces que esta prohibición deja la cancha libre al financiamiento de las campañas por las economías ilegales, lo que favorecería principalmente a partidos de izquierda que tienen vinculaciones con el narcotráfico, la minería ilegal y otras mafias. Es necesario autorizarlo, incluyendo fórmulas para que se aporte a fondos o cuentas indicando qué partido o partidos o alianzas se quiere financiar sin que el partido sepa qué empresa lo financia.
Mas aun considerando que el financiamiento público, como lo demuestra un estudio reciente de la Universidad de Chicago,[1] ocasiona, como es lógico, un aumento del número de candidatos -como estamos viendo también en el Perú-, pero también fomenta el extremismo ideológico y la polarización. Mas aun si no hay financiamiento privado, que siempre tenderá a apoyar candidatos o programas moderados.
En ese sentido, también es necesario enmendar de una vez esa notoria subrepresentación de Lima en el Congreso, que teniendo el 31% del electorado, obtiene solo el 25% de los escaños. Pero esto tiene que hacerse dividiendo Lima por lo menos en 4 o 5 distritos electorales, o más, para mejorar la relación de representación. Esta reforma es fundamental.
La comisión de Constitución tiene que asumir con alta responsabilidad nacional y democrática sus tareas en esta nueva legislatura. Estamos seguros de que Fernando Rospigliosi estará a la altura. Lampadia
[1] Public Funding of US Elections, Alexander Fournaies, University of Chicago Harris School of Public Policy, Jan 25, 2024
