Una reforma necesaria
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Una importante reforma constitucional corre el peligro de no aprobarse. Se trata de aquella que restablece la reelección en los gobiernos regionales y locales -que jamás debió suprimirse-, y que, además, elimina los movimientos regionales.
Esta reforma se aprobó con más de 90 votos en una primera votación, pero la semana antepasada la mesa directiva no abrió la segunda votación porque estimó que ya no se alcanzaría los 87 votos necesarios.
¿Qué había pasado? Que la campaña desatada en varios medios sea por políticos y analistas de buena fe, sea por los interesados en preservar esos movimientos regionales, al parecer influyó en algunos congresistas, seguramente vinculados a esos intereses, y ya no existirían los mencionados votos.
Sería lamentable. El argumento que se da es que los movimientos regionales son una forma de expresión y participación democrática que no debería ser reprimida.
Es un argumento válido en teoría.
En la práctica, la mayor parte de esos movimientos regionales se organizan para asaltar los gobiernos regionales y locales e instalar administraciones patrimonialistas orientadas a beneficiar a los correligionarios y amigos con toda clase de prebendas como cobros por otorgar licencias de construcción o funcionamiento, contratos de obras que incluso ni se terminan, coimas, etc.
Es la razón por la que las municipalidades no atraen inversiones, como debería ser, sino que las extorsionan. Ver artículo de Diego Macera en Lampadia “Aun en Domingo”.
Por eso, en parte, ya casi no crecemos.
Por supuesto, los partidos nacionales no están exentos de esas prácticas. Pero en la medida en que existe alguna clase de dirección desde una estructura central, el control y la disciplina tienden a ser mayores.
También es verdad que en otros países de la región existen movimientos regionales que participan en elecciones subnacionales. Pero en la medida en que en esos países las organizaciones partidarias son más fuertes, la presencia de esos movimientos es menos relevante. En nuestro país, en cambio, los movimientos regionales depredan la afiliación a los partidos nacionales, socavando la posibilidad de que tengan presencia nacional. Los partidos nacionales, en ese sentido, no son nacionales. Carecen de actividad en las regiones, salvo Alianza para el Progreso, que nació en una región. Y en alguna medida Somos Perú, un partido “municipalista”.
El hecho, sin embargo, es que la tendencia apunta a que las autoridades subnacionales electas pertenezcan cada vez más a movimientos regionales y cada vez menos a nacionales. El siguiente cuadro muestra como el porcentaje de alcaldes provinciales pertenecientes a movimientos regionales subió hasta un 77% en las elecciones del 2014, bajó luego como consecuencia de que se eliminaron los movimientos locales (no los regionales), pero en la siguiente elección, la del 2022, la tendencia se reanudó con el resultado de un 64% de alcaldes pertenecientes a movimientos regionales.
Y es lógico: la descentralización en el Perú ha transferido a los gobiernos locales y regionales ingentes recursos para obras, y muchas competencias. Alrededor del 65% de la obra pública es ejecutada por dichos gobiernos. Treinta años atrás, ese porcentaje no pasaba de 3%. El apetito por disponer de esos recursos genera toda clase de mafias, comenzando por las de proveedores.
Agreguemos lo siguiente:
En el Perú el Estado -local o regional en este caso- se ha vuelto un medio privilegiado de ascenso social y enriquecimiento, debido a las trabas y regulaciones crecientes impuestas a la actividad privada formal. Si no es posible prosperar en la economía privada de manera formal, lo mejor es, o prosperar en actividades ilegales, o capturar el Estado.
Por lo tanto, mientras no llevemos a cabo una desregulación profunda de la formalidad, no sigamos incentivando formas espurias de acumulación.
Pero una reforma como esta no es suficiente para fortalecer los partidos. Se requiere restablecer el financiamiento privado y crear fórmulas tales como los think tanks por impuestos, para convertir a los partidos en centros de pensamiento y de producción de propuestas de políticas de Estado, para que vuelva a ser atractivo formar parte de ellos de modo que los mejores retornen a la política. Lampadia
