Jaime de Althaus
Para Lampadia
En buena cuenta Boluarte reclamó que se reconociera que ella había renunciado a un proyecto político “que conducía al Perú a un enfrentamiento fratricida, a la destrucción del Perú y que llamaba a la violencia amenazando con “correr ríos de sangre”, y lo hizo para cumplir el deber constitucional de preservar la democracia, la libertad, la propiedad, el respeto a los derechos humanos y de las instituciones democráticas, con el resultado de que “se ha restablecido la confianza, crecen las inversiones, el PBI, el empleo, las reservas internacionales y con ello, cae la inflación y baja la pobreza”.
En ese sentido, mostró algunos resultados económicos positivos:
el sector privado ha realizado emisiones de títulos de deuda de largo plazo por un valor de 17,422 millones de soles,
la deuda pública ha bajado del 33.3% del PBI en el 2022 al 31.1%, y este segundo trimestre
hemos alcanzado un superávit fiscal de 0.7 % del PBI debido a un incremento de los ingresos tributarios en 14.6 %.
Pero no invocó al Congreso a detener la aprobación de leyes que generan gasto fiscal que puede llegar a ser inmanejable, como acaba de mostrar un informe del propio MEF que ha identificado proyectos de ley con un costo fiscal S/ 406,462 millones, una verdadera bomba de tiempo fiscal. Menos hubo un llamado al Congreso a acordar una agenda común, consecuencia del hecho de que no hay una hoja de ruta de reformas en marcha. No hay un proyecto común de cambios.
Mencionó el alto monto de las adjudicaciones de Proinversión, que son un récord efectivamente y es de lo mejor que puede exhibir este gobierno, pero no reclamó al Congreso la aprobación de la ley de reforma de Proinversión, que es fundamental. El shock desregulatorio apenas mereció una mención sin mayor entusiasmo y no cabe duda de que ha perdido impulso desde la salida de Salardi, un error grave de este gobierno.
Informó que en 2 años y medio se han autorizado más de 13,400 millones de dólares en proyectos mineros. Bien, pero esa cifra se podría multiplicar si se simplificaran permisos y trámites. No hubo anuncio ni compromiso alguno al respecto y tal parece que la ventanilla única digital (VUD) pasó al olvido.
En el tema clave de la minería ilegal y la formalización minera sí hay una estrategia.
La novedad fue la revelación de que 2,500 unidades de producción formales se están organizando para constituir un fondo minero privado que les permitirá acceder a mejores bienes y servicios financieros, comerciales, técnicos y laborales. Ojalá.
Y que a fin de año la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE) formal tendrá la capacidad de dar empleo directo y de calidad a más de 300 mil trabajadores y generar ventas anuales superiores a los 5 mil millones de dólares.
Es decir, que la formalización habrá sido un éxito. Ojalá no sea un sueño. Sería un gran legado al país.
Sorprendió que anunciara que “próximamente aprobaremos la estrategia nacional de formalización laboral, cuya meta es alcanzar una tasa de 50% de formalidad”. Difícil que una meta como esa pueda alcanzarse sin reformar el marco legal laboral, lo que siempre ha sido tabú y también para este gobierno, que rechazó el régimen emprendedor propuesto por Salardi, algo parecido al “combo formalizador” de Elmer Cuba y la CCL. Esto último, sumado a la pensión de consumo aprobada por el Congreso y aun no reglamentada, impulsarían de manera apreciable la formalización.
Lo que pareció casi un delirio fue que avizorara “un horizonte promisorio” para PetroPerú, asegurando que ya sus tres refinerías están en pleno funcionamiento y que ha recuperado participación de mercado llegando al 30%. Un cuento más si no se admite capital privado en la empresa.
En el crítico tema de la seguridad presentó una serie de números que no sabemos qué significan.
Por ejemplo, que el 2024 la policía nacional desarticuló más de 13 mil bandas criminales y más de 230 organizaciones delictivas. ¿Cuántas bandas y organizaciones criminales existen? ¿Qué porcentaje de la realidad estamos afectando?
Porque, como sabemos, las extorsiones, por ejemplo, siguen en aumento y no se captura a los extorsionadores. No se dijo en el discurso qué se va a hacer para resolver éste que es el principal problema que sufren la población y muchísimos pequeños negocios. Solo informó que se ha bloqueado más de 3.5 millones de celulares robados y este año proyectan retirar hasta 900 mil equipos ilegales de circulación. Pero ello no ha reducido la cantidad de extorsiones.
Aunque mencionó un plan de modernización de la PNP con 9,200 millones de soles para adquirir vehículos, armamento y tecnología y anunció que al final de su gobierno se entregará un moderno laboratorio de criminalística y equipos de inteligencia, comunicación y geolocalización de última generación. Pero ¿cuál es la brecha tecnológica y logística no solo de la Policía sino también del Ministerio Público? ¿Cuánto se necesita para cerrarla? No lo sabemos.
No hubo referencia a la ausencia de coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial para perseguir y detener a los criminales, que es el problema central.
Y en cuanto a la falta clamorosa de penales, en una parte del discurso anunció que para el 2026 se inaugurará dos nuevos establecimientos penitenciarios, para 16 mil y 10 mil personas respectivamente. Sería extraordinario. Pero el final del discurso, en una parte que no leyó, se dice que ese año se elaborará el expediente técnico de esos penales. Huelgan comentarios.
En resumen, un discurso que refleja algunos avances sectoriales, incluso en temas clave, pero deja sin mención ni explicación otros. Si el gobierno dejara el problema de la minería informal arreglado, pasaría a la historia. Pero sorprende que no se avance en desregulación minera y no haya respuesta a las extorsiones. Lampadia
