Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia
En la dictadura de Velasco, luego de que el Poder Judicial fuera intervenido y desarmado con el apoyo de connotados juristas con Héctor Cornejo Chávez, los jueces no contuvieron las deportaciones, las detenciones arbitrarias, las confiscaciones, ni la apropiación de los medios de comunicación. El temor a las botas fue evidente.
En los años 80 y principios de los 90, muchos terroristas subversivos de Sendero Luminoso y del MRTA fueron liberados por ”falta de pruebas», eufemismo con el cual se justificaba el temor de muchos jueces frente a las amenazas de muerte de los subversivos, sus sicarios y sus grupos de apoyo. Varios jueces y fiscales cuentan entre las víctimas de la insania criminal de los subversivos.
Ese mismo temor obligó al Estado a instalar jueces sin rostro y tribunales especiales para superar el temor y juzgar a terroristas.
Años después, cuando concluyó la emergencia política aquella justicia especial ad hoc, fue puesta en tela de juicio en foros internacionales y surgió ya también el temor a las sentencias condenatorias frente al Estado Peruano por infracciones a los derechos humanos, lo cual llevó a desmantelar el sistema sumario y retomar el juzgamiento de este tipo de delitos a los jueces comunes.
En los 90s también, los jueces no admitieron amparos contra destituciones arbitrarias o interferencias de poderes por temor al régimen de turno, siendo los casos de activismo judicial la excepción y no la regla.
Sicarios, narcotraficantes, secuestradores y otros delincuentes pasaron entonces a ser las nuevas amenazas de los jueces. El temor a sus represalias y los no pocos casos de jueces asesinados, le ha costado al Perú muchas liberaciones, seguramente también por «falta de pruebas” de estos delincuentes que han vuelto a las calles a delinquir.
El temor aparece entonces como una constante en la labor judicial. Como una suerte de telón de fondo que explica, por lo menos en parte, la debilidad de un poder del Estado cuyo rol debiera estar por encima y a pesar del temor a cualquier poder institucional o fáctico. Decimos «en parte» porque esta reflexión no puede caer en el simplismo de reducir el problema judicial a esta variable. La corrupción, la incompetencia, la falta de recursos, la interferencia política, son entre otros, factores que definen el perfil de nuestra justicia, pero no es de ellos que nos ocupamos hoy.
Hoy, lamentablemente, el temor sigue siendo una variable presente en la administración de justicia. El temor frente a la incorrección política de las decisiones judiciales. El temor frente al sentido y la dirección de la opinión pública. El temor a contradecir los lugares comunes de la política y desentonar con los propósitos políticos de turno, está llevando a qué ya no sea la «falta de pruebas» el eufemismo justificatorio de las decisiones judiciales, sino a algo peor como las condenas por indicios y las encarcelaciones por supuestos, deducciones e interpretaciones, que dejan presos a quienes no deben y no sentencian a quienes deben.
La justicia no puede temer. Solo debiera temer a no cumplir con la Constitución y las leyes. Lampadia
