Eduardo Ponce Vivanco
Embajador ®, ex Vice Canciller de la República
Para Lampadia
La crisis que enfrentamos a raíz de la carta mendaz y malintencionada que el Presidente Castillo dirigió a la OEA, solicitando la intervención del Consejo Permanente de la organización en virtud de los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana (CIDH) plantea la consideración integral de ese instrumento internacional tan importante para la vigencia de la democracia en las Américas.
Para que proceda el audaz e irresponsable pedido de Castillo es indispensable comenzar por leer con atención los artículos en los cuales la CIDH define y caracteriza los componentes fundamentales de la democracia, a fin de comprobar su verdadera vigencia en el Perú gobernado por el señor Castillo:
Artículo 3. Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.
Artículo 4. Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.
Preguntémonos ahora si este gobierno que invoca la CIDH tiene alguna credencial para demostrar su respeto por la probidad (léase honestidad), la transparencia de sus actos, la rendición de cuentas, o su responsabilidad en la gestión de los asuntos de interés público, cuando no puede ser más evidente que los incumple sin el menor pudor.
Con más de siete carpetas fiscales y la denuncia constitucional que la Fiscal de la Nación ha puesto en manos del Congreso; con la total ausencia de transparencia (que arrancó con las reuniones clandestinas en la casa del pasaje Sarratea, propiedad de un prófugo de la justicia); o con la completa ignorancia del concepto de gestión, demostrada con el nombramiento de 73 ministros incapaces a lo largo de 14 meses, es innecesario demostrar que la conducción del Poder Ejecutivo a cargo de Castillo se encuentra muy lejos de ajustarse a los componentes fundamentales de la democracia, tal como se definen en el artículo 4 de la CIDH.
Es más que legítimo preguntarse entonces ¿con qué título o credenciales, el señor Castillo puede pedir al Consejo Permanente de la OEA que aplique los artículos de la CIDH que están destinados a preservar y fortalecer la democracia, cuando tales dispositivos sólo podrían aplicarse al Poder Ejecutivo, que él mismo preside?
Peor aún. Gracias a la visible complicidad entre Castillo y Almagro (Secretario General de la OEA), el Consejo Permanente de la organización ni siquiera pudo conocer el Oficio que le dirigió el Presidente del Congreso del Perú que, naturalmente, la Secretaría General debería haber leído públicamente o, por lo menos, circulado entre las delegaciones que concurrieron a la sesión del jueves 20. También me pregunto ¿cómo es posible que una carta tan importante no haya sido publicada en ningún medio nacional? (Verla en Lampadia: Carta del presidente del Congreso a la OEA.
Con un gobierno como el de Castillo, lo que se encuentra en juego es la dignidad nacional que el Presidente es el primero en deshonrar no solo con sus arengas de agitador sindical sino mediante comunicaciones escritas y oficiales, como la que ha dirigido al organismo interamericano más importante. En esas desventajosas condiciones, los que estamos llamados a defender el honor nacional somos los ciudadanos y las instituciones de la sociedad civil que tendremos la excelente oportunidad de mostrar la realidad política del Perú a la Misión de la OEA que pronto tendremos ocasión de recibir. Lampadia
