Jaime de Althaus
Para Lampadia
¿Cómo entender que al mismo tiempo que la premier Mirtha Vásquez pide voto de confianza para una política de promoción de la inversión privada y de masificación del gas, el presidente Castillo demanda al congreso trabajar una ley para estatizar el consorcio de Camisea?
¿Cómo entender que el propio presidente Castillo invite en Estados Unidos a los grandes inversionistas a invertir en nuestro país, repita esa invitación cuando anunció la salida de Bellido, y ahora reclame la nacionalización del gas?
¿Como entender que ni la premier Mirtha Vásquez ni el ministro de economía Pedro Francke hayan renunciado después de esa proclama que contradice la política por ellos enunciada y que, en el caso del MEF, echa por tierra cualquier posibilidad de éxito del programa económico?
Claro, después, en la noche, Castillo publicó un tuit diciendo que “somos y seremos respetuosos de la libertad de empresa”, y que su compromiso es con el gasoducto y la masificación. La interpretación optimista es que se trata de una rectificación. Pero entonces, o estamos ante un presidente que dice cualquier cosa, con efectos muy destructivos, o existe acá una racionalidad. Y si la hay, la única que puede explicar todo esto, es una de cambios tácticos dentro de una estrategia única orientada a cerrar el Congreso y acelerar los pasos para la asamblea constituyente.
Es decir, hubo un retroceso cuando, ante las amenazas de Bellido de hacer cuestión de confianza por Maraví, el Congreso se unificó tras la aprobación de la ley de la cuestión de confianza, y el Ejecutivo tuvo la percepción de que la idea de la vacancia empezaba a madurar. Entonces sacó al estridente Bellido y puso a una premier más ecuánime, aunque no menos radical, que sin embargo tranquilizó relativamente al país al aclarar que la asamblea constituyente no era una prioridad en este momento.
Pero ahora el Presidente parece haber regresado al plan máximo. Con un agravante: si en la ocasión anterior fue el ex premier Bellido quien amenazó con nacionalizar el gas si la empresa no se avenía a una renegociación del contrato, esta vez es el propio presidente Castillo quien además concreta esa amenaza en el anuncio de un proyecto de ley para estatizar.
Se dirá que el tuit posterior de Castillo desmentiría que estemos ante una nueva radicalización. Pero varias señales indicaban ya un retorno a la posición maximalista. La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, había declarado, tres días atrás, que la asamblea constituyente “sí es una prioridad de carácter nacional”, contradiciendo abiertamente a la Premier. Y la propia presidenta del Consejo de ministros, cambiando su posición, anunció al comienzo de su intervención en el Congreso que “Hemos venido a proponer un acuerdo, un pacto, un nuevo contrato social…”, y culminó su discurso llamando a un “nuevo pacto social que se construya con las bases en el marco de una auténtica democracia”. “Un nuevo contrato social” es un eufemismo de “nueva constitución”. Y una auténtica democracia implica que la actual no lo es.
Es posible que se esté provocando nuevamente al congreso para que no de la confianza al gabinete. Todas las bancadas de oposición le pidieron a la primera ministra en las rondas de conversaciones que tuvieron con ella, que retirarse a los ministros Barranzuela y Gallardo, y que deslindara claramente con la asamblea constituyente, pero no solo no hizo caso, sino que insistió de manera agravada.
Hay un juego perverso. El gabinete tiene más de una semana para sincerar su posición antes del voto de confianza. Mientras tanto, es hora de que las bancadas democráticas se reúnan para realizar un análisis serio de esta situación y adopten una estrategia inteligente y eficaz para manejarla. Pues el país no puede permanecer indefinidamente en este juego que ya produjo una nueva subida del dólar y que solo lleva al caos económico y social. Lampadia
