Jaime de Althaus
Para Lampadia
El gobierno ha perdido la batalla de Tía María sin siquiera combatir. Se rindió sin argumentar. Jamás el presidente, ni el presidente del Consejo de Ministros, ni el Ministro de Energía y Minas, ni el viceministro de Gobernanza intentaron siquiera explicar la necesidad nacional y regional del proyecto ni asegurar que el gobierno garantizaba que efectivamente se iba a usar agua de mar y no del río y que se respetarían los estándares ambientales señalados en el Estudio de Impacto Ambiental. Nada.
Falta total de convicción que ha comprometido el futuro del Perú, porque el Estado se ha revelado impotente para asegurar las condiciones para la inversión minera, que es el recurso más potente que tiene nuestro país para alcanzar el desarrollo. Si se abría Tía María, se abrían por lo menos 10 proyectos más, hubiésemos recuperado velocidad de crecimiento y se hubiesen incrementado los ingresos del Estado para mejorar servicios, sueldos e infraestructura. Lo que ha ocurrido es un acto de traición al futuro del país y sorprende la falta de vergüenza de los ministros que debieron renunciar ante tamaña claudicación.
Su único discurso –y el del presidente- apuntaba más bien en el sentido contrario: asegurar que el proyecto no comenzaría a construirse mientras no hubiese consenso. Pero consenso con quién: ¿con Antauro?, ¿con los espartambos? ¿Con los anti-mineros y pos-extractivistas? ¿Con la FACA? ¿Con los destructores profesionales del futuro del país?
Se empezaba a ganar la batalla
Lo peor de todo es que la batalla, aunque iba a ser larga, se estaba empezando a ganar. En el Valle del Tambo, donde la empresa había hecho un buen trabajo en los últimos dos años y medio y donde la participación de la población en las movilizaciones fue desde el comienzo sustancialmente menor que en el 2011 y el 2015, el paro se estaba diluyendo, en parte también por falta de fondos. Y en Arequipa la protesta delincuencial de pequeñas organizaciones radicales, auto desprestigiada por sus propios actos violentos, ya había aflojado y la ciudad, salvo pequeños brotes, estaba recuperando su actividad normal. Además, luego de semanas de bloqueo del puerto de Matarani, que impidieron la exportación de 82,000 toneladas de cobre de varias minas del corredor minero, dicho puerto, aunque tardíamente, fue liberado por las fuerzas del orden.
Según una fuente vinculada al propio ministerio del Interior, la huelga que iniciada en Arequipa el lunes pasado tuvo su pico ese día, con serios desmanes que luego disminuyeron apreciablemente. Desde el martes se mantuvo un statu quo no agresivo que todavía afectaba algunas operaciones tanto de Arequipa como de Islay. El paro sin duda sufría un desgaste, sus voceros hablaban de tregua y la llegada de fiestas los presionaba. “Creo que, si aguantábamos un poco, la llegada de las fiestas los hubiera modulado. Por lo menos debimos llegar al domingo por la tarde, donde ellos debían tomar decisiones porque es el último fin de semana antes de fiestas. La presión debía forzarlos a tomar una decisión porque la ciudad se les venía encima a los activistas”.
El dirigente social Humberto Olaechea me decía el jueves pasado: “felizmente el paro, paró… Hoy salieron menos de 1,000 personas a marchar al Centro, núcleos duros. Los mercados y frentes distritales aflojaron. Sólo quedan inorgánicos bloqueos de carretera que ya es un tema policial…”.
No solo eso. Ya desde la semana anterior comenzaba a organizarse una reacción de algunos sectores de la población. “Arequipeños por Arequipa” efectuaba mítines nocturnos y emitía videos por televisión. Lo mismo hacía el alcalde Islay, llamando a cesar el paro.
Y aparecían memes como este:
Por eso, es inaudito que el presidente Vizcarra, en su reunión con las autoridades Arequipeñas el 24 de julio, cuando ni siquiera se había iniciado el paro en Arequipa, en lugar de intentar persuadirlos de la necesidad del proyecto para el futuro del país y de la propia Región y de buscar conjuntamente un camino para hacerlo viable, haya concertado con ellas la manera de cancelar o suspender el proyecto, tal como se evidencia en un audio publicado el sábado. En ese audio dice, en buena cuenta, que hay que preparar las razones para cancelar la licencia, “yo no soy el enemigo”, “nos ayuda que ustedes den el sustento”, “No puedo adelantarla públicamente”, “hay que buscar la forma…”. Su discurso en esa reunión no es de autoridad, sino de aquiescencia. En buena cuenta atendió los intereses particulares de los opositores a un proyecto de importancia nacional, antes que al interés nacional. Abdicó de su responsabilidad.
Hoy lunes Humberto Olaechea venía a Lima con un grupo de dirigentes de barrios populares para ver sus demandas sociales y de titulación en Vivienda y en el Congreso. Abortó. Y el problema es que la suspensión del proyecto fortalece a los grupos destructores del futuro porque volvieron a ganar una batalla y ahora se reagruparan para reanudar las acciones hasta ganar la guerra por la cancelación del proyecto.
Pato rengo y sin estrategia
Guerra que van a ganar porque el gobierno, sin convicción desde el comienzo, ha tirado la toalla como gobierno propiamente dicho, al plantear el adelanto de elecciones. Pato rengo, su autoridad es cada vez menor, peor aún con el enfrentamiento con el Congreso que ese planteamiento trae consigo.
Además, careció y carece de estrategia. Como ya se ha dicho, Tía María debió ser parte de un plan de desarrollo del valle del Tambo que incluyera, por supuesto, la represa de Palteture o la de Yanapuquio, conformando un fondo o fideicomiso financiado con un adelanto de parte del canon u otra fuente, en cuyo directorio estuvieran los alcaldes. Sabiendo la dificultad política, debió haber una persona o un equipo dedicado a tiempo completo a manejar una estrategia política de alianzas y acuerdos con grupos y autoridades, y a sacar adelante Palteture. Aquí se requiere, además, de un grupo o fuerza de tarea en el terreno capaz de dar la batalla diaria en todos los terrenos. No hay otra forma. Con indolencia no se sacará jamás adelante un proyecto como este.
El presidente anunció el 28 de julio la conformación de Agencias Regionales de Desarrollo en La Libertad, Piura, Ayacucho y San Martín, para articular al Estado en dichas regiones. ¿Cómo es posible que se haya escogido esas regiones y no las mineras como Arequipa, Apurímac, Cusco y Cajamarca, para empezar a crear condiciones para la inversión?
Pero, además, el presidente está enfrentado absurdamente al Congreso, al plantear el adelanto
36 policías heridos. ¿El Estado de derecho?
Tampoco hay imperio de la ley. En este conflicto, los policías han tenido 36 heridos, por ninguno de la población civil. Eso puede dar una idea de la agresividad criminal de los grupos organizados y del manejo extremadamente prudente de la Policía, que por lo menos ha servido para poner en evidencia la brutalidad radical. Pero esa evidencia no ha sido usada por el gobierno en la batalla política y ni siquiera hay, que se sepa, detenidos ni denunciados. Si la Policía tampoco percibe respaldo del presidente, no actúa. ¿Cómo es posible que los dirigentes de los espartambos y de otras organizaciones violentistas se paseen libremente?
Según el destacado penalista José Ugaz, el propio gobernador de Arequipa, que llamó traidor al presidente Vizcarra y lo amenazó con muertes de las que él sería culpable, podría ser denunciado por delito contra los medios de transporte (Matarani) y otros servicios públicos y por ataque y lesiones a miembros de las fuerzas policiales. ¿El procurador del ministerio del Interior lo ha hecho?
Ugaz opina que, si bien el gobernador podría ser acusado por delito contra la tranquilidad pública, incluso en su forma agravada, “siempre existe el margen para discutir la colisión entre el derecho a la protesta social versus la tranquilidad, lo que tradicionalmente ha hecho que muy pocas acciones penales prosperen cuando ocurren en el marco de reivindicaciones sociales. Pero –agrega Ugaz- al haber tomado carreteras y bloqueado el puerto de Matarani, es bastante más viable una acción penal por delito Contra los Medios de Comunicación y otros servicios públicos, previsto en el art. 280 del CP, incluso en su forma agravada, que eleva la pena hasta los 10 años. El tema de la protesta social en estos casos queda fuera de discusión porque prima la puesta en peligro (hecho cuasi objetivo), de los medios de comunicación (carreteras, medios de transporte y la seguridad portuaria)”
Ugaz agrega: “A eso se puede sumar el ataque y lesiones a miembros de las fuerzas policiales (fórmula agravada con una pena de hasta 12 años según el art. 121). En esos casos Cáceres Llica entraría en la figura del instigador que, para los efectos prácticos, es la misma que la de los autores materiales”.
El Estado de Derecho tiene que ejercer su autoridad. Pero no existe. Construir el Estado de Derecho y establecer el imperio de la ley son tareas pendientes en nuestro país. La reforma del sistema judicial bien encaminada debería ayudar. Pero tampoco avanzará mucho si el Estado central no ejerce soberanía en el territorio, que es otra tarea pendiente: la construcción misma del Estado centralizado como tal. El proceso de descentralización, sumado a la descomposición del sistema de partidos, ha feudalizado el país. Se requiere efectivamente de una reforma política pero que incluya una reforma de la descentralización.
La experiencia de Tía María es la expresión del Estado fallido peruano. Debería servirnos para retomar la agenda de los temas fundamentales, pero también para que el gobierno reaccione y aplique una estrategia que avance lo posible dentro de las limitaciones estructurales señaladas. No se puede entregar el futuro del país sin dar la batalla. Lampadia
