Las autoridades de nuestro país suelen medir con diferente vara a las empresas (e instituciones) estatales y privadas. Un ejemplo de ello ocurrió hace unos días, nada menos que con la Municipalidad de San Isidro luego de que se produjera una fuga de gas. El alcalde Manuel Velarde anunció que denunciará penalmente a la empresa Cálidda por exposición al peligro de más de 3 mil vecinos al producirse una fuga de gas la noche del martes 14 de abril en la cuadra tres de la avenida Las Flores. La razón de esta determinación se debería a que la mencionada empresa habría demorado casi seis horas en controlar el siniestro, lo que obligó a que se evacuaran a un gran número de residentes del lugar, al corte de la energía eléctrica y un embotellamiento del tráfico en hora punta.
Velarde señaló que exigirá que la empresa Cálidda pague una reparación civil a los vecinos afectados y que para ello iniciará un proceso legal que obligue a la empresa a hacerse responsable por no haber reparado la fuga de manera inmediata. «Vamos a iniciar un proceso de empadronamiento para que los vecinos puedan recibir una compensación económica por los gastos innecesarios que ocasionó la fuga.El evento pudo haberse evitado en media hora pero la empresa puso en la balanza sus intereses versus los del distrito y eso no puede ser admitido», señaló a RPP.
La actitud de Velarde sería válida si es que efectivamente la responsabilidad de la fuga fuera de Cálidda y la actitud de la empresa reflejara las imputaciones del “valiente” alcalde, pero el incidente se debió a que un contratista de Sedapal que hacía trabajos en la zona rompió las tuberías de gas. No solo eso, los operarios huyeron dejando la maquinaria obstruyendo el lugar, lo que dificultó enormemente las tareas de refacción. A pesar, de ello, el alcalde no culpa a Sedapal (el contratante) por lo ocurrido, sino a la empresa de gas.
La autoridad edil solo declaró que se ha multado a la empresa contratista de Sedapal con una UIT (3,800 soles) porque, al romper la pista para realizar trabajos de reparación impactó en el ducto de gas natural produciendo la fuga.
Lo increíble es que las obras se efectuaron sin que se le pidiera a Cálidda los planos de sus tuberías y, obviamente, sin que se tomaran las precauciones del caso. Una negligencia gravísima que pudo haber producido un percance mayor o, como ha ocurrido en otros siniestros parecidos, dejar sin luz a varias cuadras al cortar la electricidad “involuntariamente”.
¿Por qué no se responsabiliza públicamente a Sedapal? Aunque, aparentemente, la Municipalidad estaría ahora analizando denunciar a esta empresa, en los medios de prensa solo se ha señalado a Cálidda, una compañía privada, como la responsable del incidente, supuestamente por demorarse en controlar la emisión de gas y no seguir los protocolos establecidos.
Lo cierto es que las demoras se debieron a que los operarios de Sedapal huyeron el lugar y no se podía retirar la maquinaria, como se señaló líneas arriba, y que dentro de los protocolos de este tipo de incidentes no se contempla cortar el servicio eléctrico ni evacuar a los vecinos. Estas medidas se tomaron por indicaciones expresas del alcalde cuando la unidad especializada de los bomberos y la empresa del gas ya estaban en la zona controlando el tema. Se debe recordar que el gas natural es un elemento seguro pues se disipa rápidamente en el aire al ser más liviano.
Aún así, sin tomar en cuenta todos estos considerandos, la Alcaldía prefirió responsabilizar a una empresa privada antes que a una estatal. ¿Por qué? Porque al Estado le cuesta, no puede o no le interesa fiscalizar al Estado. Difícilmente el Municipio (Estado) podrá sacarle un Sol a Sedapal (Empresa del Estado), pero si puede exprimir a una empresa privada. En este caso además, haciéndose el muy riguroso (¿para lucimiento personal?). El Estado prefiere siempre demonizar y culpar al privado.
En otras palabras, el Estado no controla al Estado. Por esa simple razón es que ninguna empresa debiera ser propiedad del Estado. De lo contrario, los ciudadanos, que son el fin último de cualquier empresa (como) consumidores, estarán desguarnecidos o engañados.
Esto acaba de suceder en el distrito más culto del país, no decimos rico, porque Echarate lo supera largamente en ingresos. En San Isidro se espera el mejor nivel posible de la acción del Estado, el mejor ejemplo, y también, el mejor entendimiento por parte de los ciudadanos y medios. Aprovechemos este incidente para volver a discutir sobre el rol del Estado y del sector privado en nuestra sociedad. Lampadia
