Jaime de Althaus
Para Lampadia
Lo primero que debería hacer el Perú es demandarle a Lula una reparación por el inconmensurable daño económico, político y moral ocasionado a nuestro país como consecuencia de su intromisión corruptora durante los años en que fue presidente.
Ver en Lampadia: O mais grande corrupção do mundo
Nos olvidamos fácilmente, pero Lula dirigió una política de estado orientada a expandir el control político y la presencia económica del Brasil en América Latina, y utilizó para ese fin a las grandes empresas constructoras privadas brasileñas que canalizaban aportes de campaña a candidatos ideológicamente afines al Partido de los Trabajadores (PT), y sobornaban a presidentes y funcionarios de los países para obtener contratos de obras.
El esquema era completo, porque esas empresas contaban para su financiación con los prestamos concesionales del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil (BNDES), un banco estatal al servicio de un expansionismo político y económico que usaba la corrupción como instrumento de penetración.
Se trataba de un proyecto geopolítico de amplio alcance, que incluía la dirección personal de Lula indicándoles a las empresas constructoras a qué candidatos presidenciales debían financiar, para asegurar el control político de los países dentro de una línea ideológica de izquierda.
Recordemos que el propio Marcelo Odebrecht confesó que Lula le dio una orden directa de entregar US$3 millones a Ollanta Humala. Agregó, incluso, que Jorge Barata estaba disconforme con esa decisión que iba en detrimento de las posibilidades de Keiko Fujimori. Y por eso Barata le habría “aumentado” el apoyo a Keiko.
De modo que este proyecto geopolítico tenía dos vertientes:
De un lado, el control político-ideológico regional, apoyando a los candidatos de izquierda en los diversos países a través de las empresas brasileras que canalizaban los aportes de campaña y,
De otro lado, la penetración económica de esas mismas empresas mediante sobornos a presidentes (Toledo), ministros y funcionarios para hacerse de los contratos y negociar adendas en condiciones ventajosas.
Recordemos que el propio Lula, cuando ya no era presidente, vino en un par de ocasiones al Perú nada menos que como embajador de Odebrecht. El descaro era absoluto. Había una asociación mafiosa mercantilista entre el PT y las empresas por el cual las empresas pagaban un 3% de cada compra u obra contratada por Petrobras –presidida por Dilma Rousseff– al PT y sus aliados (el PP y el PMDB) para sus campañas electorales, y las empresas obtenían contratos sobrevalorados y apoyo internacional. Así, el PT se perpetuaba en el poder, extendía su influencia política en la región, y las empresas ampliaban su mercado.
El daño económico, político y moral ocasionado al Perú por esta política de Estado dirigida por Lula ha sido inconmensurable, como decíamos, y sus efectos no terminan de manifestarse. Una consecuencia directa fue la destrucción de parte importante de la clase política.
En algunos casos con razón, como Toledo, que recibió un soborno gigantesco, acarreando la extinción de Perú Posible.
Pero en otros casos sin razón suficiente, pero con la colaboración del equipo Lava Jato de la fiscalía, que convirtió las donaciones de campaña, que podían ser vergonzosas o indebidas, pero que no eran delito, en delitos de lavado de activos, que tampoco lo eran.
El resultado fue la encarcelación de Ollanta Humala, Nadine Heredia y Keiko Fujimori, ocasionando la muerte del Partido Nacionalista y el debilitamiento extremo de Fuerza Popular, el único esfuerzo interesante de construcción de un partido de derecha popular en una época en la que los partidos desaparecen o sobreviven como negocios personales de venta de candidaturas. El estigma de corrupta que tiñó fuertemente a Keiko Fujimori como consecuencia de las dos prisiones preventivas que sufrió, no solo contribuyó a su derrota frente a un candidato tan limitado como Pedro Castillo, sino que ha llevado a la implosión casi total de Fuerza Popular en la reciente elección subnacional donde apenas ha logrado ganar en tres municipalidades distritales.
El propio Vizcarra aprovechó el antikeikismo potenciado por el equipo LavaJato para elevar su popularidad desafiando y hasta disolviendo un congreso en el que Fuerza Popular era la primera mayoría. En general, los escándalos de corrupción vinculados al LavaJato afectaron seriamente la credibilidad en nuestra democracia y en el propio empresariado nacional, contagiado por su asociación con las empresas brasileras, influyendo en el resultado electoral del 2021.
El daño económico fue también tremendo porque se paralizaron grandes proyectos, que aún no se reanudan, y algunas concesiones viales quedaron cuestionadas hasta hoy, con amenaza recurrente de rescindir los contratos.
No podemos aplaudir el triunfo de Lula. La deuda que tiene con nuestro país es muy grande. Debemos exigir que la pague. Lampadia
