Alejandro Deustua
19 de diciembre, 2023
Para Lampadia
Tras el rechazo plebiscitario a la segunda propuesta de una nueva constitución en Chile, el presidente Boric ha decretado el fin del proceso que pretendía reemplazar la Carta Fundamental de 1980. Otras urgencias deben ser atendidas, sostuvo. La referencia, sin embargo, parece referida sólo a su mandato.
En efecto, a pesar de que la constitución elaborada por el régimen de Pinochet fuera aprobada plebiscitariamente por el 67% de los chilenos, de sus numerosas reformas (58 sólo en el gobierno de Ricardo Lagos según la Universidad de Chile) y la implícita reafirmación actual de su actual vigencia, la contienda política sobre la naturaleza del orden interno seguiría bajo otro liderazgo. Al respecto, el presidente Boric sostuvo en octubre pasado que los efectos del estallido social de 2019 “son de largo aliento” y que al malestar del pueblo debe ser resuelto (EFE).
Al respecto, hay que tomar en cuenta que ese proceso, iniciado por la izquierda chilena y que ésta convirtió en bandera, no surgió luego de ese estallido social en el que el señor Boric jugó un importante rol incluyendo la firma del “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”. En ese momento, y a cambio del restablecimiento del orden interno, los suscriptores se comprometieron a promover un plebiscito en el que la ciudadanía debería responder si deseaba una nueva Constitución y bajo qué formato se redactaría ésta.
Pero antes de ello, la ex-presidenta Michelle Bachelet anunció, en 2015, un “proceso constituyente abierto a la ciudadanía en tres momentos” (el “encuentro”, la “deliberación” y la “soberanía”) que debía concluir en una reforma de carácter “sistémico” (una nueva constitución). El proyecto fue presentado al Congreso en las proximidades del término de su mandato que el gobierno siguiente (Sebastián Piñera) no desarrolló.
Desde entonces han transcurrido no cuatro sino ocho años, tiempo suficiente para arraigar en el sector político más interesado la aspiración a una nueva carta fundamental que se aleje del contenido “neoliberal” de la Constitución “pinochetista”. Más aún, si los plurales reclamos sociales no resueltos encuentran, en esa aspiración, el origen esencial de los mismos. El presidente Boric está al tanto de ello. Pero, por ahora, prefiere renovar el aire intentando solucionar problemas sectoriales (pensiones, vivienda, salud en ese orden según la encuestadora CADEM) en el marco de la suspensión, no de la cancelación de la cuestión constitucional.
Esa posición enmarcaría las nuevas propuestas de izquierda superando el actual requerimiento de diálogos y acuerdos concretos que emanan del rechazo popular a los dos proyectos constitucionales promovidos por un presidente de aprobación insuficiente (34%) para liderar un cambio sistémico.
Esta nueva actitud del gobierno se dará en un marco de fuerte división política a pesar del llamado de Boric a la “unidad”. Esa división favorece a la izquierda especialmente si el rechazo al segundo proyecto constitucional (de excesiva carga conservadora) tiende a ser considerado por ella como reparación de la derrota del primer proyecto (de excesiva carga populista).
Sin embargo, el planteamiento de esa reforzada polaridad izquierda-derecha no es convergente con otra versión de la problemática chilena: la de la “antipolítica” reflejada en el rechazo a los dos extremos y en el resurgimiento del popular reclamo de “que se vayan todos” (Nueva Sociedad).
Éste sería el resultado del hastío ciudadano con las numerosas consultas ciudadanas en torno a la Constitución (cinco si se cuentan las consultas complementarias a la aceptación o rechazo de los proyectos presentados especialmente luego de que se reinstalara el voto obligatorio en 2022).
Ese hartazgo colectivo se evidencia en los resultados de las consultas.
En efecto, desde que, en 2020, 78% de los chilenos expresaron su acuerdo con la redacción de una nueva constitución, el entusiasmo por el cambio sustancial ha venido decayendo.
El rechazo al primer proyecto, elaborado por una Convención Constituyente mayoritariamente de izquierda, fue menor al fervor inicial (61% en setiembre, 2022).
La oposición al segundo proyecto elaborado por un Consejo Constitucional dominado por la derecha, fue también inferior (54%) y determinante para detener el proceso y relegitimar la Constitución de 1980.
Ese hartazgo tiene sentido.
El abrumador proyecto rechazado en 2022 (388 artículos que superaban a los 349 de la Constitución venezolana) abundaba en exuberantes derechos, fragmentaba plurinacionalmente al Estado al tiempo que sobredimensionaba su rol, establecía jurisdicciones separadas para ciertas minorías, replanteaba el rol de la naturaleza y hacía apología de la diversidad de género.
De otro lado, el nuevo proyecto (212 artículos) fue criticado por su desapegado enfoque conservador: establecer el derecho a la vida leído como restricción del aborto, reforzar el rol del sector privado en general y en la provisión de servicios básicos (salud, educación, pensiones), vigorizar la capacidad coactiva del Estado y eximir de ciertas contribuciones tributarias a los más pudientes fue considerado como un exceso ideológico.
Este proceso muestra que la redefinición de los términos del orden interno en Chile (como en el Perú y en América Latina en general) no es posible, en democracia, por simple iniciativa oficialista. Para ello se requiere de un consenso fuerte y de la expresión colectiva de necesidades mínimamente compartidas. Sin esos fundamentos la persistencia en el empeño deviene sólo en incertidumbre general que, agregada a otros factores de deterioro (como la degradación de expectativas económicas y de la seguridad pública), perjudican la perfomance del mercado multiplicando el impacto del resquebrajamiento del contexto externo.
En efecto, si, descontando los escenarios argentino y venezolano, el desempeño del producto chileno hoy se ubica entre los de peor comportamiento (el PBI crecería 0.1% en el 2023 según la CEPAL muy por debajo del promedio suramericano (1.5%) aunque con mejores perspectivas para el 2024 (1.9% sujeto a correcciones). La OCDE, es algo más pesimista (0% en 2023 y 1.8% en 2024) considerando que la incertidumbre sobre políticas persistirá a pesar de una cierta mejora de las expectativas.
Sin embargo, la confianza en los fundamentos económico chilenos se mantiene expresada en el menor riesgo soberano en el área (147 puntos vs 176 del Perú) (CEPAL, ref. JP Morgan) y en el sostenimiento de una alta calificación crediticia (A- estable según Fitch).
El Perú, que atraviesa por la peor contracción en lo que va del siglo, tiene un claro interés en la buena marcha de la economía chilena. Como se sabe, ese vecino es el segundo socio comercial del Perú en América Latina y el octavo en el mundo.
Por lo demás, en un contexto regional de inestabilidad es indispensable que Chile se sume a la Argentina en el intento de fortalecer el Cono Sur como una de las bases regionales de renovación y equilibrio suramericano. Lampadia
