Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Cuando vemos el entrampamiento político en que se encuentra el país, pareciera una trampa diseñada para que no escape ni Houdini. Si la Constitución hace que el presidente sea prácticamente intocable, especialmente si cuenta con la complicidad de un Ministerio Público que se niega a investigar los delitos y fechorías realizados, pareciera que queda poco espacio para un proceso legal. Igualmente, si los “partidos” que apoyan al ejecutivo, bloquean la posibilidad de un proceso político de vacancia con 44 congresistas unidos como una piña, unos por ser miembros del partido, mientras otros por acuerdos non santos, a cambio de dádivas y eventualmente sujeto a vendettas, queda confirmado que el Congreso no tendrá la llave para salir de esta.
Lo dicho, obviamente es observado por la ciudadanía, quien se siente burlada, atrapada y muy molesta, al punto de haber perdido el respeto a las autoridades y haber actuado en protestas a lo largo y ancho del país durante los últimos días, sin temor al Decreto Supremo de prohibición. Ciertamente, una vez generada esta situación de desesperanza y molestia, queda poco margen para el control de la población, situación que escalará hasta provocar niveles de violencia (ya en cuatro días tenemos 8 fallecidos, que nadie quiere asumir). Dependerá pues de la sensibilidad de Castillo para tomar una decisión personal de renuncia, a menos que quiera exponerse a un desenlace fatal para él y los suyos, al estilo de los hermanos Gutiérrez. Eso es cuestión de tiempo.
Entre tanto, el Congreso y la sociedad civil tienen la responsabilidad de analizar “en frío” y de cara al futuro, las situaciones por las que estamos pasando y los problemas que estamos enfrentando debido a la manipulación que, a lo largo del tiempo, se ha sometido a nuestra constitución y normas de gobernanza políticas. Creo pues que, para que esta situación no se repita, tal como ya algunos han sugerido, deberíamos debatir hacer, entre otros, los siguientes cambios:
- Restablecer la reelección parlamentaria, de gobernadores regionales y alcaldes. Ya en el pasado quedó demostrado que sólo cerca del 15% de los congresistas han sido reelectos. Ciertamente, en el caso de las autoridades sub-nacionales, quienes manejan recursos públicos, debieran pasar por una estricta evaluación de la Contraloría, para que se les permita candidatear.
- El período parlamentario debe tener 2 años y medio –tal como ha propuesto la congresista Adriana Tudela-, lo que obliga a estos a tener un comportamiento adecuado y así, que el elector los pueda premiar o sancionar.
- Debe restituirse la bicameralidad, pues se necesita una mirada más serena de las cosas y un enfoque global como nación, no sólo uno regionalista. Eso eliminaría la compra de voluntades a cambio de obras y presupuestos. Se debe eliminar el equivocado concepto de que el congresista es gestor de obras ante el ejecutivo, lo que se debe sancionar.
- Debe agregarse en la constitución el concepto del “impeachment”, como mecanismo de destitución del presidente, generando una acusación política en la cámara baja y dejando la decisión final de sancionar al Senado.
- Los miembros del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Presidente del BCRP y tres de sus directores deben ser elegidos por el Senado y los Fiscales Supremos propuestos por la JNJ, deben ser ratificados por el Senado.
- El Senado debe tener la facultad de destituir al presidente de la JNJ ante el incumplimiento en el nombramiento o propuesta oportunos, según corresponda, de jueces y fiscales, por parte de esa entidad.
- El Senado no podrá ser disuelto, como sí lo es la cámara baja.
- Debe establecerse claramente, que las FFAA y la PNP se sujetan a la Constitución y se subordinan al Presidente de la República, en tanto éste actúe dentro del marco de ella.
- Todas las autoridades nacionales y sub-nacionales que manejen recursos públicos estarán obligados a presentar los programas y proyectos que justifiquen sus presupuestos, a informar de forma auditada y trimestral el avance físico de obras (cantidad y calidad) y desempeño financiero, sujetos a destitución.
No deberíamos enfrentar un nuevo proceso electoral, manteniendo las falencias que se verificaron en las elecciones pasadas, tales como:
- JNE incompleto, que permitió que el presidente haga uso de voto dirimente.
- Estricto cumplimiento de inhabilitación como candidatos a los miembros del sistema electoral.
- No podemos permanecer con una Junta de Fiscales Supremos incompleta.
- No podemos mantener una Junta de Vocales Supremos del poder judicial incompleta.
- No podemos permitir que vuelvan a impedir la designación de miembros del Tribunal Constitucional por intereses y sesgos políticos. En suma, debemos trabajar urgente en reconstruir la institucionalidad en el Perú.
Me parece que deberíamos seguir agregando y debatiendo muchos otros temas, pero es indispensable que zanjemos con estos temas de ordenamiento político antes de adentrarnos en el debate de algunos aspectos del capítulo económico, de estructura del Estado u otros que serían tarea del nuevo Congreso.
Lo que no podemos ni debemos permitir, es un “lanzar los naipes por los aires” convocando a una Asamblea Constituyente, peor aún si no es sobre la base de igualdad ciudadana elegidos con criterio de “un elector, un voto”. No queremos vivir el desmadre constituyente de Chile, que lo único que traería como consecuencia, es una mayor incertidumbre y la postergación en el cumplimiento de los anhelos de la población menos favorecida.
Aprendamos en cabeza ajena, aunque sea por una vez en la historia. Lampadia
