Alejandro Deustua
Contexto.org
10 de junio de 2024
Para Lampadia
Desde de que Israel declaró su independencia en 1948 luego de que la Asamblea General de la ONU dispusiera la partición del territorio de Palestina entre un estado judío y otro árabe, el conflicto palestino-israelí se ha mantenido constante y su intermitente manifestación bélica superó de largo el fin de la Guerra Fría. Y si sus episodios de guerra fueron relativamente breves, las bajas consecuentes fueron numerosas.
Según la Jewish Virtual Library, la confrontación más letal fue la primera guerra del Líbano en 1982 con 2282 israelíes y 20825 árabes-palestinos muertos. La actual guerra en Gaza ha superado de lejos ese trágico resultado.
Según el ministerio de Salud de Gaza (una fuente parcializada) los muertos palestinos superan los 53 mil. Teniendo en cuenta los errores eventuales de esa fuente, The Economist consultó un estudio de la muy reputada revista médica Lancet. Sus investigadores estimaron que esas bajas letales podrían haber sido subestimadas. El rango proyectado por ellos sería muy superior (entre 46% y 107%). La cota alta de ese rango indicaría que la mortandad duplicaría a la de los soldados norteamericanos caídos en Viet Nam. Ello es producto de la estrategia de tierra arrasada en Gaza.
El origen inmediato de esta tragedia se ubica en el ataque perpetrado, el 7 de octubre de 2023, por la organización terrorista Hamás contra ciudadanos judíos en un día de descanso religioso. Este ataque terrorista, considerado el peor desde 1948, “produjo” alrededor de 1200 judíos muertos entre civiles, asistentes médicos y soldados además de 71 extranjeros.
La magnitud del ataque -que incluyó el secuestro de 251 personas para negociar miserablemente sus vidas- indica que la agresión tenía propósitos mayores a un mero desafío a Israel. El supuesto más modesto indica que Hamas deseaba una guerra de gran escala. Y la obtuvo.
Israel no sólo debía responder sino que tenía el derecho de proponerse la eliminación de Hamás como organización terrorista.
Primero avanzó por sectores territoriales en Gaza para focalizar la fuerza. El objetivo, además de destruir a Hamas, era, en apariencia, anular su capacidad de gobierno, desmilitarizar la zona, rescatar a los rehenes y establecer zonas de amortiguamiento (Orion).
Pero la Fuerza de Defensa Israelí se encontró con grandes obstáculos que o conocía o debió haber previsto: la extensísima red de túneles subterráneos construidos por Hamas, su mimetización en la población, el empleo de ésta como escudo humano y el uso de la infraestructura de servicios públicos como trinchera y arsenal. El fuego israelí, ya indisciplinado, tendió a generalizarse mientras se obligaba a la población a desplazarse de un lugar a otro mientras se limitaba su aprovisionamiento básico. Los límites del derecho internacional humanitario fueron incrementalmente vulnerados.
En ese contexto las negociaciones sobre alto al fuego para el rescate parcial de rehenes y para proveer a la población del sustento básico se llevaron a cabo con extrema lentitud (Hamás quería un arreglo mayor). A pesar de la muerte de sus líderes principales, Hamás negociaba como si se tratara de un par cuando su par era el Hezbolá (Líbano) que había sido neutralizado mientras su proveedor principal (Irán) había sido seriamente debilitado.
En ese contexto, y con la influencia del nacionalismo religioso de la extrema derecha israelí en el gobierno, el objetivo cambió; ahora se trataba de ocupar y retener Gaza (Idem), instigar su abandono por los gazatíes y expandir los asentamientos judíos en la ribera occidental. Las acusaciones de genocidio escalaron y la Corte Internacional de Justicia instó a Israel a prevenir acciones con ese objetivo. La dimensión humanitaria de la guerra se hizo, con justicia, dominante.
El Perú, que asistió a la fundación del estado israelí y contribuyó a su seguridad con la participación de los Casco Azules de la ONU en el Golán, se solidarizó en 2023 con Israel y condenó tanto el ataque de Hamás como a toda forma de terrorismo. Y hoy se ha limitado a expresar preocupación por la actitud militar israelí, a rechazar a los desplazamientos forzados y a insistir en negociaciones de cese de fuego y paz duradera.
Los desastrosos costos de la guerra y su gran duración requiere de la participación de la comunidad internacional en la provisión de ayuda básica a la población gazatí a través de la ONU, condenar a Hamás como organización terrorista (y no sólo sus acciones), insistir en la solución de “dos estados” comprometida en la ONU, denunciar los asentamientos expansionistas israelíes e impedir el traslado de terroristas palestinos a Latinoamérica.
A estos efectos nuestra diplomacia debería cooperar con países de la región, con la Unión Europea y con los países árabes que comparten estos propósitos de manera efectiva. La especificidad y satisfacción de estas demandas debe reemplazar a las posiciones genéricas y declarativas que, al respecto, prevalecen en nuestra diplomacia en relación a escenarios catastróficos. Lampadia
