Jaime de Althaus
Para Lampadia
El debate presidencial del sábado en Chota tuvo dos notas saltantes. La primera fue la gesta de Keiko Fujimori que comenzó el miércoles con el desafío a Pedro Castillo a debatir, a lo que él respondió desafiándola a su vez a hacerlo en su tierra, algo que ella aceptó de inmediato señalando el día domingo, recibiendo la contrapropuesta de hacerlo el sábado en que se reuniría con las rondas campesinas, acaso buscando que la candidata declinara. Pero ella aceptó esa condición también y aceptó las reglas que la otra parte estableció. Y luego la travesía de diez horas por carretera circunvalando un huayco que se interpuso en el camino.
Sin duda fueron actos de audacia y valentía, que podrían significar un punto de quiebre en la campaña.
La segunda nota especial de este debate fue la buena organización por parte de la municipalidad y el comportamiento disciplinado de la población y de las rondas campesinas, pese a las pifias, algo natural. En cierto sentido Chota y el pueblo peruano dieron una lección de civilización democrática. Algo muy positivo.
En cuanto a las propuestas de los candidatos, el debate sirvió para confirmar que Pedro Castillo, lejos de moderar su discurso, insiste en los planteamientos contenidos en el plan de gobierno de Perú Libre: nacionalización del gas, del cobre, oro, plata, litio, del mar y de los recursos naturales en general, que lleva inevitablemente a la estatización o a la desinversión, como vimos en el artículo anterior. Además, segunda reforma agraria, prohibición de importar lo que se produce en el Perú, entre otras medidas. Es el retorno a los 70, con las consecuencias que ya conocemos.
Keiko Fujimori expuso nuevas propuestas que se añaden a las ya conocidas. La más novedosa fue la de distribuir el 40% del canon a la población. Esta es una propuesta polémica. De un lado, tiene sentido distribuir el dinero directamente considerando que aproximadamente un 30% de él no se ejecuta por incapacidad de gestión y que la parte que sí se gasta se ejecuta mal o con corrupción. Hay muchos alcaldes en la cárcel. Además, si las personas reciben directamente esas utilidades, en teoría se interesarán en proteger la inversión. Aunque muchas poblaciones cercanas al área de influencia directa de las minas pugnarán por ser beneficiarias, y será difícil trazar el límite.
En todo caso una medida como esa debería venir acompañada de una reforma del canon de modo que el 60% no distribuido directamente sea ejecutado no por los alcaldes sino por un fideicomiso o una unidad ejecutora gerencial que aplique un plan de desarrollo, con participación de los alcaldes en el directorio.
De lo contrario podríamos terminar multiplicando las intervenciones asistencialistas que no contribuyen al desarrollo productivo. Porque anunció además doblar pensión 65 y fortalecer otros programas redistributivos que en última instancia fomentan la dependencia de las dádivas del Estado en lugar de fomentar el autodesarrollo.
Debería enfocar su plan más bien en otros programas productivos, que también mencionó, y que fueron los que ejecutó su padre en los 90: Pronamach, Foncodes, núcleos ejecutores, Sierra Verde. Podría ofrecer apoyar a todas las familias campesinas a instalar micro reservorios familiares y riego tecnificado, para multiplicar la productividad. Eso es mucho más digno y constructivo de distribuir dinero.
Como fuere, queda claro que ha empezado a focalizar la campaña en los sectores menos integrados a una economía de mercado moderna. Pues está pendiente la gran tarea de la incorporación las mayorías a una formalidad reformada, que supone plantear un cambio radical del Estado y de las normas excluyentes. Lampadia
