Alejandro Deustua
Contexto.org
8 de enero de 2024
Para Lampadia
América Latina y el Caribe empiezan el año con cuatro procesos electorales en perspectiva (Ecuador, Bolivia, Chile y Honduras) y con todas su economías creciendo (salvo en el caso de Argentina, que se prepara para un gran salto en 2025, y el lastimoso caso de Haití devenido en estado fallido).
Los procesos electorales que se avecinan son menos una prueba de la resiliencia democrática en el área que la constatación de que a ellos se concurre en ya usuales condiciones de inestabilidad política, pérdida de credibilidad de las élites y de su capacidad de gobernar con eficiencia (el caso de Ecuador, en medio de la crisis energética y de seguridad es, quizás, menos extremo).
De otro lado, el magro crecimiento de Suramérica (2.1% en 2024 y 2.6% este año) se proyecta nuevamente no sólo por debajo del promedio mundial (3.2%) sino que su perfomance equivale a la mitad de las economías emergentes (4.2%). El pobre dinamismo de la economía regional confirma que, a diferencia del “superciclo de las commodities” (2003-2014), ésta se encuentra en otro de los tantos períodos de deterioro (esta vez, la “trampa de la baja capacidad para crecer” según la CEPAL) que, por definición, no mejora los términos de interdependencia ni de inserción global.
En ese marco la región, definida en términos físicos antes que comunitarios, debe afrontar un nuevo punto de inflexión en el balance de poder del área: la altísima probabilidad de la renovada formalización de la dictadura venezolana.
Ésta consolidará la división regional entre los que la cuestionan, los que la aprueban y los que no se pronuncian. Y también confirmará que ni la diplomacia plurilateral ni la específica negociación para lograr una salida a la crisis son instrumentos eficaces cuando el interlocutor es un embaucador, fortalecido por alianzas agresivas (China, Rusia, Irán, Cuba) y por la disposición a la confrontación que los demás desean evitar.
Desprovista de la simbología cubana de la Guerra Fría, Venezuela sólo puede ofrecer a sus socios ventajas geopolíticas sobre Suramérica, Centroamérica y el Caribe… y recursos petroleros. Maduro juega al crudo juego de poder imponiéndose sobre la intención liberal de terceros.
En ese juego Venezuela ha adquirido un rol en la orientación de las políticas exteriores del área sintetizando el rumbo de la divergencia entre ellas. Aquél se desarrolla en torno a la figura del reconocimiento del gobierno de Maduro, la amenaza demográfica de los refugiados y de la manipulación que, al respecto, ejerce el dictador sobre los latinoamericanos.
Entre los países mayores del área, México (además de Colombia), ha anunciado que enviará representantes a la “toma de posesión” del dictador sin haber anunciado un reconocimiento explícito. Esa participación implica un reconocimiento de hecho de un gobierno nuevamente urdido en el fraude de 28 de julio último. Al respecto México esgrime, de manera extraordinaria, la vigencia del principio de libre autodeterminación.
De otro lado, Brasil designaría también a un representante echando por la borda su pretendida neutralidad esgrimida para facilitar negociaciones con la oposición (las autoridades brasileña han pretendido el mismo rol neutral para lograr un lugar en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania).
Esa posición difiere radicalmente de la adoptada por Argentina que ha reconocido explícitamente al opositor Edmundo González (como también lo han hecho Uruguay y Paraguay) en el marco del repudio de las dictaduras y del alineamiento preferente con Estados Unidos anunciado por el presidente Milei. Esta situación agrega fricción al antagonismo ideológico entre Milei y Lula afectando una relación bilateral de gran valor económico y político en la región y el Mercosur.
Chile, en cambio, cuestiona el “triunfo” electoral de Maduro pero aún no reconoce a González.
El Perú compartió esta posición hasta el último momento (reconoció a González recién el 7 de enero instigado quizás por una interlocución electrónica con el presidente electo, por alguna presión adicional y por una reunión de cancilleres que se realizará hoy, 8 de enero, en Panamá sobre la democracia en Venezuela).
Aquellas posiciones eran comprensibles en tanto no se había realizado en algún foro multilateral el escrutinio de las actas publicadas por la oposición venezolana.
Pero luego de que el Centro Carter se pronunciara al respecto y reconociera la legitimidad de González, del tiempo transcurrido que impele a adoptar una posición sin ambigüedad y frente a la emergencia eventual de un conflicto violento en Venezuela era hora de pronunciarse aunque fuera oportunistamente o in extremis.
La ambivalencia del gobierno peruano estuvo a punto de dejar un mensaje preocupante: el Perú se proponía convivir con una crisis política externa que lo afecta incluso ad-portas de una elección nacional cuyo resultado quizás no contribuirá a la adecuada gobernanza del país. Al respecto, habría quedado en situación minoritaria en la región, a la espera de alguna evolución en la OEA (que, en un marco de fractura regional, quizás no sería todo lo clara que se pudiera desear), de las gestiones que pueda emprender Estados Unidos (que ha reconocido a González) y alineado, en los hechos con China o Rusia (socios principales de Maduro) y con Bolivia y Nicaragua.
Resulta extraordinario que sólo en la hora nona esta realidad haya impuesto su evidencia sobre nuestras autoridades. Lampadia
