Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia
El fin de semana pasado el Ministerio del Interior convocó en Lima una reunión de prefectos, sub prefectos y otras autoridades en Lima. El lunes en la noche, decenas de ellos se reunieron en Palacio con Pedro Castillo y sus secuaces, en el marco de una sostenida campaña de incitación a la violencia, que ha incluido otros encuentros con supuestos ronderos y varios grupos similares.
Como se sabe, desde el comienzo Pedro Castillo y sus adeptos empezaron a nombrar en prefecturas y sub prefecturas a miembros del Movadef/Sendero Luminoso, el sindicato y partido magisterial y, en general, agitadores políticos izquierdistas.
Durante la gestión del caviar Avelino Guillén en el Mininter se efectuaron muchas de esas designaciones, que han continuado sin interrupción.
En mayo, en Apurímac, se realizó un evento con esas autoridades que fue en realidad un congreso senderista (Ver en Lampadia: Congreso senderista).
En julio, una banda de ronderos secuestró a periodistas de América TV que investigaban los hoy comprobados -por la fiscalía- actos de corrupción de los familiares de Castillo en Chota.
Es decir, desde hace tiempo es evidente que el gobierno tiene una definida estrategia de organizar y eventualmente usar bandas violentas para emplearlas en función de sus protervos propósitos.
No obstante, con una ingenuidad digna de mejor causa, algunos opositores no dan la debida importancia a estos hechos y creen que la pandilla que se ha enquistado en el poder puede ser combatida como si se tratara de un adversario democrático.
En otro plano, cada día se demuestra que el gobierno ha adquirido, mediante oscuros negociados, al número suficiente de congresistas para evitar la vacancia y cualquier control efectivo a sus desmanes.
Por ejemplo, la fundada acusación contra Dina Boluarte, no avanza, está empantanada: “Han pasado casi tres meses desde que se presentaron denuncias constitucionales contra la vicepresidenta Dina Boluarte y un mes y medio desde que la Comisión Permanente aprobó dar un plazo de 15 día hábiles a la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales para que se presente un informe final sobre el caso. Sin embargo, el trámite se encuentra entrampado en el grupo que preside Rosío Torres (APP)”. (“El Comercio”, 16/8/22).
También: “Tres congresistas investigados por la fiscalía presidirán comisiones”. (“El Comercio”, 16/8/22). Dos ellos son “niños” de Acción Popular y el otro es José Luna Gálvez que estará al frente, nada menos, de la importantísima Comisión de Presupuesto.
Esto es una consecuencia de la composición del Congreso, con una alta participación de “partidos” que son, en realidad, grupos delincuenciales. (Ver en Lampadia: Negociar con rufianes).
El experimentado ex congresista José Barba Caballero ha calculado que los secuaces de Pedro Castillo tienen 52 o 54 votos fijos, que son suficientes para impedir la vacancia y cualquier reforma constitucional. En realidad, parece no solamente un cálculo realista sino hasta optimista, teniendo en cuenta que cada semana aparecen nuevas evidencias que hay más “niños” -congresistas comprados en diversas bancadas- que los denunciados inicialmente.
En síntesis, lo que tenemos es una democracia fallida, un sistema político degradado y corroído por la corrupción y la labor de zapa de la mafia caviar que, con el Lagarto y Francisco Sagasti, terminaron de liquidar lo quedaba de institucionalidad entregando el gobierno a la gavilla delincuencial que hoy gobierna.
Esta situación no se va a mantener indefinidamente. Ellos están preparando, a vista y paciencia de todos, el zarpazo que acabe con lo poco que queda de esta democracia fallida.
Se requiere una solución radical para limpiar los escombros y reencauzar al país, cuyos fundamentos están amenazados como nunca antes en la historia reciente. Lampadia
