Jaime de Althaus
Para Lampadia
Desde hace varios años, pero con particularidad intensidad desde el congreso anterior y con este gobierno, el Perú viene sufriendo un proceso de acelerado deterioro de sus condiciones de crecimiento y de viabilidad nacional:
- Se han aprobado leyes que impiden el avance de la meritocracia en el Estado, consolidan el patrimonialismo y afectan la viabilidad fiscal en el mediano plazo.
- Grupos de interés y argollas capturan instituciones y sectores afectando la eficiencia de los servicios públicos.
- Se pretende retroceder en reformas clave como la educativa, la universitaria, la de Transportes y la de la seguridad.
- La formalidad laboral se vuelve cada vez más costosa y excluyente, un lujo de unos pocos.
- Se dilapida el principal fondo de ahorro nacional que es el del sistema privado de pensiones.
- Y se ataca motores económicos como la minería y la agroexportación.
- Al mismo tiempo, muchas obras públicas no se terminan y grandes proyectos están paralizados. El Estado está cada vez más trabado o capturado por mafias o autoridades ideologizadas.
Coincidentemente:
- Los partidos políticos son cada vez menos programáticos y cada vez más vehículos de intereses particulares.
- La gobernabilidad está comprometida por un deficiente diseño de la relación entre poderes.
- La democracia y las instituciones carecen de legitimidad, la corrupción y las organizaciones criminales se han multiplicado y el Estado no es capaz de establecer el imperio de la ley.
- Tampoco existe una gobernanza ni una institucionalidad que permita convertir los ingresos que genera la minería en desarrollo local en las zonas mineras.
Si no revertimos este proceso de descomposición institucional y de erosión de las bases del crecimiento, corremos el riesgo de involucionar hacia un Estado fallido. El Foro Económico Global advierte que el principal riesgo del Perú el presente año es el “colapso del Estado”.
En tal sentido, resulta fundamental que, junto a las tareas defensivas de la Constitución y la democracia, amenazadas por el plan máximo del partido de gobierno, los partidos políticos presentes en el Congreso desarrollen:
- en primer lugar, una labor de fiscalización y control político mucho más intensa que frene la el destrucción de la institucionalidad estatal y meritocrática que se advierte en varios sectores y entidades públicas y,
- en segundo lugar, pasando a la ofensiva, retomen una agenda de reformas y transformaciones fundamentales que le permitan al país recuperar capacidad de conducción política y de desarrollo económico y social. Sea con propuestas normativas, sea fiscalizando al Ejecutivo en el cumplimiento de algunas de ellas.
Eso requiere superar los intereses particulares y enfocarse en los problemas fundamentales. Estamos hablando de reformas vinculadas a cuatro grandes transformaciones:
- Democracia funcional y legítima, que supone reconstruir un sistema de partidos y de representación efectivo y rediseñar las relaciones entre poderes para facilitar la gobernabilidad.
- Imperio de la ley, que supone un sistema judicial y policial moderno y probo, con la última tecnología y con meritocracia
- Estado eficiente, facilitador y al servicio de todos, que supone implantar la meritocracia a todo nivel, simplificar la maraña normativa, digitalizar, organizar y una salud y educación públicas de calidad y reformar la descentralización.
- Formalidad inclusiva, para reducir la gran injusticia de la exclusión de las mayorías de la formalidad.
En algunos casos se trata de derogar o modificar leyes aprobadas por el congreso anterior que consolidan un Estado patrimonialista y desfinanciado, capturado por grupos de interés eventualmente mafiosos. Los partidos podrían solicitar la asesoría de institutos de investigación y de la academia para enfrentar estos desafíos. No podemos dejar el país al garete. Lampadia
