Jaime de Althaus
Para Lampadia
Ayer el gobierno publicó en El Peruano el decreto supremo 014 que, como señala el estudio Vinatea & Toyama, “modifica radicalmente las relaciones sindicales, negociaciones colectivas y huelgas”. Todo eso sin pasar por el Consejo Nacional del Trabajo, por supuesto, que se ha convertido en un mecanismo para engañar al empresariado haciéndole creer que allí se van a discutir los temas, desmovilizándolo, para luego dar golpes normativos letales.
El informe del mencionado estudio lo resume así:
Los cambios drásticamente impactan, por lo menos, en tres dimensiones en el ámbito colectivo:
1. Empoderamiento de las organizaciones sindicales, tanto por una promoción estatal para una mayor afiliación de trabajadores a sindicatos, la constitución de más sindicatos, así como mayores facultades y mecanismos para su actuación.
2. Fortalecimiento de la negociación colectiva por rama y otros niveles de negociación, otorgando solo al sindicato la posibilidad de acudir a un arbitraje.
3. Mayores huelgas legales, estableciendo mayor flexibilidad en los requisitos, así como limitaciones a la actuación de las empresas para reducir los efectos de una paralización.
El decreto facilita las huelgas, la negociación por rama, la movilización sindical. Parte de la Agenda 19 trazada por el ex ministro del Movadef, Iber Maraví. Una declaratoria de guerra a la empresa y la inversión privada, y por ende a la generación de empleo formal y al desarrollo del país.
Es obvio que si queremos inversión privada y crecimiento, tiene que haber un mínimo consenso entre empresarios y trabajadores sobre las reglas de juego laborales. Darle poder a las cúpulas sindicales para que declaren una guerra de guerrillas permanente al capital, es la perfecta manera de espantarlo y convertir al país en un desierto de pobreza.
Claro, salvo que lo que se busque sea precisamente eso: crear las condiciones para la estatización de la actividad productiva, con las consecuencias que ya hemos conocido en nuestro propio país y en otros de la región, como Venezuela, que ya está de regreso.
Por eso, probablemente no es casualidad que la CGTP haya convocado a una movilización para este 27 de julio con la consigna precisamente de “cerrar el congreso” y “nueva Constitución ahora”.
No podemos descartar que este decreto haya sido parte de un intercambio con la CGTP: yo te doy el decreto supremo y tú te movilizas para cerrar el congreso. No debe ser coincidencia, tampoco, que para hoy y mañana el MOVADEF haya anunciado una movilización en Lima que, si tiene algún volumen, podría implicar actos de violencia que, esperemos, la policía pueda contener. El propio presidente Castillo se reunió el martes pasado con la presidenta del partido magisterial, cuya base política es el Fenatep, grupo que participó en la reunión de Huampaní donde se planificaron estas acciones:
Todo esto a costa del país por supuesto. El presidente Castillo habría prestado oídos a quienes le aconsejan que la única manera de permanecer en el poder es radicalizándose para buscar apoyo popular, sin percatarse de que esto solo serviría para precipitar la declaración de vacancia presidencial.
Todo esto es lamentable. Se suponía que el presidente Castillo estaba conversando con una persona de su entorno para que asuma la presidencia del consejo de ministros dentro de la idea de formar un gabinete de consenso que más bien ayudara a negociar la transición. Pero evidentemente esta alternativa ha volado por los aires después de este decreto supremo. Aquí no hay voluntad alguna de consenso.
Es la hora de consolidar “Empresarios Unidos por el Perú”, que debería no solo publicar un comunicado sino dar una conferencia de prensa y empezar a movilizarse en Lima y en el interior del país. Allí están todos los gremios empresariales del país, de todo tamaño y de todos los sectores. Es hora de dar la batalla para salvar al Perú de estos bárbaros atilas. Lampadia
