EDITORIAL DE LAMPADIA
Una vez más se levantan voces irresponsables en la provincia de Espinar, Cusco, reclamando la modificación del llamado “Convenio Marco” para que lo que empresa minera pague ya no sea el 3% de las utilidades sino nada menos que el 10%. El problema es que la demanda política vendría con una oferta populista casi irresistible: que la mitad de ese 10% se reparta en forma de bonos a los ciudadanos de la provincia, una manera de llevar la situación a un conflicto de consecuencias impredecibles, incluso al cierre de la operación.
Porque obviamente la empresa no podría ni debería aceptar incremento alguno en el porcentaje que ya se entrega.
El mencionado Convenio Marco se acordó y firmó por todas las partes el 2003, poco antes de que se aprobara el canon minero tal como lo conocemos ahora y mucho antes de que se aprobara la ley de regalías, que justamente asigna el 3% de las utilidades al área de influencia de la mina. Es decir, Convenio Marco se acordó, luego de intensas movilizaciones, para llenar un vacío entonces existente. Pero ese vacío ya no existe. La provincia de Espinar es la única en el Perú que goza, además del canon y las regalías, de un adicional 3% proveniente del Convenio Marco, que carece de razón de ser. Y Antapaccay es la única mina que paga ese porcentaje por encima de los impuestos y la regalía que también abona.
La empresa no podría ni debería aceptar incremento alguno, por mínimo que sea, de ese porcentaje, no solo porque ya está contribuyendo más que las demás, sino porque si lo hiciera se abriría la caja de pandora: se agravaría la presión en todas operaciones mineras del país para firmar convenios marco de esa naturaleza, sembrando un reguero de conflictos que tornaría inviable la minería en el Perú.
Mataríamos a la gallina de los huevos de oro, la gran palanca del desarrollo nacional, la fuente principal de ingresos fiscales para mejorar los servicios públicos y la infraestructura nacional. La responsabilidad del proyecto Antapaccay en este tema es, entonces, nacional. No puede aceptar un incremento ni de un milésimo de ese 3%.
Pero, además, ocurre que tal incremento carece de sentido considerando que la provincia ya recibe sustanciales aportes que no se gastan o se dilapidan. Solamente por canon minero, gasífero y regalías mineras, la provincia de Espinar ha recibido más de 1,000 millones de soles en los últimos cinco años y medio, más de 200 millones por año en los últimos dos años.
Además, la provincia recibe 50 millones de soles en obras por el Convenio Marco por año y 49 millones vía acuerdos sociales con comunidades campesinas. El año pasado la municipalidad provincial tuvo un presupuesto para obras de 401 millones de soles y dejó de ejecutar 150 millones de soles, según el tablero de monitoreo del Consejo Privado de Competitividad. Y a junio de este año, la municipalidad provincial de Espinar solo había ejecutado el 19% de su presupuesto de inversión.
¿Cómo pueden algunos demandar muchos más recursos si no ejecutan lo que tienen? Pues por lo demás, allí no queda el impulso económico. A esos montos hay que agregar los 220 millones al año que la mina -según nos informa- contrata directa o indirectamente con empresas de la provincia, y los 45 millones de soles que los 2,300 trabajadores de la mina reciben en remuneraciones, que se gastan principalmente en la provincia. Por eso, según la empresa, en la ciudad de Yauri, capital de Espinar, hay alrededor de 6 mil comerciantes para una población total de unas 36 mil personas, un porcentaje muy alto. Hay, además, 2,000 mototaxis, 60 hoteles y muchísimos restaurantes.
Lo que tenemos en Yauri es una verdadera burguesía local que ha surgido y crecido al amparo de la actividad minera. Sería absurdo que operadores que construyen su plataforma política con esta clase de demandas autodestructivas, acaben con esa bonanza. Lampadia
