Uno de los reclamos más frecuentes durante la larga asonada en contra del proyecto de Tía María era que: “el Estado no puede imponer la ejecución de un proyecto”. Ni las autoridades, ni los medios pudieron articular la siguiente frase: “Los anti mineros no pueden imponer la paralización de un proyecto”.
El final, por ahora de la historia, es que el proyecto ha entrado en una supuesta catarsis de 60 días, bajo la reiterada amenaza de sus opositores, que no han levantado sus acciones. Todo lo contrario, ya se las ingeniaron para que todo el Sur se sume a una nueva paralización.
Además, el indomable Sutep ya organizó su propia paralización indefinida desde el 27 de mayo, volviendo a arremeter contra la meritocracia, las APP y exigiendo la estabilidad laboral absoluta. Continua la huelga en el Muelle Norte del Callao, para evitar el control del personal sospechoso de participar en los despachos de droga. El Colegio Médico del Perú, liderado por el dr. (SIC) Palominoque hace poco paseaba por las calles en los actos de violencia de la inhumana huelga médica, se suma al reclamo ambiental en Yauri Espinar, Pichanaki y Tía María, reclamando,hipócritamente, la suspensión de la violencia.
La escalada es completa. Mientras tanto el Presidente de la República dice que el no defiende a una empresa, sino el Estado de Derecho. Lo último es correcto, pero además tiene la obligación de defender a todos y cada uno de los ciudadanos, y a todas y cada una de las empresas que cumplan con la ley, incluida Southern, que según el propio Presidente, ha cumplido todos los requisitos. Además, se equivoca al convocar a los otros Poderes del Estado a cumplir su función, pues, si no lo hacen, el Ejecutivo está facultado para establecer las condiciones de emergencia que permitan conservar la gobernabilidad.
Por su lado los medios vienen equiparando la violencia de las cúpulas anti mineras con las de la policía (como Patricia del Río en RPP), dejando de reportar el nivel de violencia de la asonada:
- Ataque a los bomberos
- Ataque a la población que no se suma a la protesta
- Ataque a la policía
- Corte del agua a la población
- Corte del agua a los sembríos
- Marchas con armas escondidos en capuchas
- Presencia de hordas violentistas ajenas a la zona, como los huaraqueros, los espartanos y otros.
- Amenazas de muerte a los policías, de violación a sus esposas y de canibalismo con sus hijos. (Ver en Lampadia: Criminales anti Tía María amenazan con violaciones y canibalismo).
Además, dejan de destacar las cosas positivas, como cuando en Arequipa los pobladores reponían los adoquines usados por las hordas externas para hacer barricadas, apenas estos se alejaban unos metros. Yfinalmente, presentando al mayor inspirador político y programático de todos los acontecimientos del anti extractivismo desde Conga, el ex cura Marco Arana, al mismo nivel de un Ministro de Estado como Manuel Pulgar Vidal. Ver la reproducción de las páginas 2 y 4 de El Comercio del 17 de mayo del 2015:
En la entrevista de Mariela Balbi al ex cura Arana (El Comercio, 17 de mayo 2015), éste acusa al gobierno y a la empresa por la violencia desatada. Además, se destacan los siguientes pasajes:
¿Respaldan a los huaraqueros?
De ninguna manera. Ni sé quienes son…
¿Por qué no deslindan desde el primer día?
Hemos deslindado claramente con la violencia. (…) Además, los campesinos usan huaracas para espantar a las aves.
¿Son de la zona?
Lo que yo sé es que es una costumbre de los agricultores. Los policías también han ‘huaraqueado’.
¿Los ‘espartanos’ también son de la zona?
No lo sé…
¿No les preocupa protestar junto con el etnocacerismo, con Movadef?
No lo sé. Cuando se pregunta quienes son los ‘espartanos’, de donde vienen, la respuesta es que son hijos de gente de la zona. La policía también tiene el rostro tapado.
Arana cree que los peruanos somos idiotas. Acaba de hacer una acusación terrible a la pacífica población del valle. Que desvergüenza decir que los violentistas “son hijos de gente de la zona”.
En nuestra opinión, Arana y sus aliados deben ser declarados ‘personas non-gratas’ en el valle y en todo Arequipa.
Veamos otras perlas de la entrevista (glosada):
El alcalde de Cocachacra es de Tierra y Dignidad.
Quienes toman las decisiones son los dirigentes agrarios en coordinación con sus alcaldes.
¿Tierra y Dignidad respalda esa posición?
Sí, porque las relaciones con la empresa están muy afectadas.
El Ministerio de Energía y Minas ha concesionado dos terceras partes de la provincia de Islay. Cocachacra está prácticamente concesionada. [Falso, las concesiones no permiten el desarrollo de ninguna actividad minera. Solo el 2% del territorio nacional está explorado y/o explotado por la minería].
¿Qué escenario se presenta? ¿Continuar con el paro?
Acabo de leer que el mensaje del presidente ha sido rechazado, que se mantienen firmes y que la población de Islay continuará con el paro indefinido.
¿El alcalde de Cocachacra, de su partido, está de acuerdo con ello?
El alcalde Helard Valencia sostiene que la población debe ser escuchada y que el proyecto debe ser suspendido de manera indefinida. Y nosotros respaldamos su posición, por supuesto.
Entonces, en esta pausa de 60 días no habrá diálogo.
Lo que Southern no ha hecho en cinco años se ha deteriorado con el conflicto. No creo que lo arregle en 60 días.
¿No hay un doble discurso? Piden revisión del EIA y, por otro lado, que se vaya la mina porque la relación está deteriorada…
El gobierno no puede imponer un diálogo…[Tampoco los anti-mineros, pueden imponer su suspensión].
¿Qué diálogo puede haber si solo se quiere que salga Tía María?
Lo mismo le puede preguntar al gobierno, que solo mira por la empresa.
¿Su partido se siente responsable de los desmanes en Arequipa?
De ninguna manera.
¿Debemos dar un caramelo a quienes destruyen, bloquean carreteras, queman…?
Se quería restablecer las condiciones para el diálogo, y criminalizó la protesta.
Solo se imponen porque son violentos, tiran piedras…
No se puede caricaturizar a la población y a sus autoridades. Hay daños contra algunas personas que están por el proyecto minero y eso es condenable. Pero más del 90% de los pobladores de la provincia de Islay están en contra. [Falso, sin base alguna] Ahora se obliga a los funcionarios del MEM a aprobar los EIA entre gallos y medianoche.
¿Este gobierno y el anterior son unos crápulas y son 200 manifestantes quienes tienen la verdad?
No son 200 personajes que se oponen.
Con esa violencia…
Que se suspenda la violencia, cese el proyecto y se vaya a consulta. ¿Por qué no se revisa el EIA?
Porque ya fue aprobado de acuerdo a ley. El asunto es a pedradas…
Eso es al final. Y no son 200 personas, son miles.
¿Tierra y Dignidad apoyará un paro macrorregional antiminero?
Estamos por una salida pacífica. Lo que definan las organizaciones sociales de allá, en el marco de la ley y pacíficamente, sin duda tendrá nuestro apoyo. [¿?].
Le critican que solo haya separado y no expulsado de Tierra y Dignidad a Pepe Julio Gutiérrez, el que pide lentejas de plata.
Todos tienen la presunción de inocencia y el legítimo derecho a la defensa.
¿Tiene dudas sobre su culpabilidad?
Si ha actuado como lo indica el audio le caerá toda la sanción.
¿Quién financia esta protesta?
El Tambo es uno de los valles más ricos del país, los agricultores tienen un ingreso medio.
Para apreciar de forma integral el pensamiento de Arana y de toda la izquierda peruana, ver en Lampadia: Todas las izquierdas peruanas apuestan por la pobreza y Pos-Extractivismo: Autarquía y empobrecimiento.
Además, sugerimos apoyar la propuesta de Lampadia de aplicar a las marchas de protesta, las mismas reglas que se requieren para entrar a los estadios de futbol.
Los peruanos no podemos permitir que un pequeño grupo de alucinados pretenda imponer, con niveles de violencia de naturaleza ‘Senderista’, un país que abandone su potencial de creación de riqueza y logre salir de la pobreza, superando sus brechas sociales y económicas e insertándose exitosamente en el mundo global. Esa gente quiere llevarnos directamente a la condición de un “Estado Fallido”. Lampadia
