Jaime de Althaus
Para Lampadia
El ministro de Energía y Minas Oscar Vera se salvó de la censura gracias a la protección de Alianza por el Progreso, cuyo líder, Cesar Acuña, gobernador de la Libertad, quiere la bendición del gobierno.
Quizá por eso cambió su discurso anteayer en Perumín. Luego de haber anunciado, semanas atrás, que Southern había llegado a un entendimiento con autoridades del Valle del Tambo para iniciar Tía María, lo que seguramente solo sirvió para inflamar a los opositores que se movilizaron a Arequipa anteayer, el ministro afirmó en la inauguración del evento que en realidad se requiere un acuerdo con las comunidades campesinas y con el dueño del terreno para que Tía María se inicie.
Es decir, lo mismo de siempre, con el agravante de que el ministro desconoce que en el valle del Tambo no hay comunidades campesinas sino pequeños y medianos propietarios, y que el dueño del terreno no es “la comunidad” sino la propia Southern, salvo una pequeña parte que pertenece a la Fuerza Aérea del Perú, pero que cuenta con un convenio. El terreno donde están los yacimientos ni siquiera está en el valle, sino en una zona desértica situada cientos de metros sobre el nivel del valle.
¿Cómo podemos tener un ministro de Energía y Minas tan desinformado respecto de un proyecto que podría ser emblemático y estratégico para que el país salga del círculo vicioso de empobrecimiento sostenido en que se encuentra?
Si ese proyecto se lanzara, cambiaría dramáticamente el clima de inversión en el país, y serviría para modernizar el propio Valle del Tambo con pozos, entubamiento de canales, riego tecnificado y sustitución progresiva del arroz por cultivo más rentables.
Peor aún, el Premier declaró que Tía María no está en la agenda del gobierno y que “tienen que solucionarse por consenso los problemas que ha tenido esta inversión». Pretender que haya una armonía total con opositores radicales es imposible. Lo que se requiere visión nacional, decisión política y una estrategia de comunicación y de prevención de seguridad que facilite el proyecto. Los radicales han quedado muy debilitados y desacreditados luego de las violentas movilizaciones de diciembre a febrero.
Días atrás el IPE publicó un estudio que revela los montos siderales que el país ha perdido por los proyectos mineros retrasados o no ejecutados. A estas alturas podríamos haber estado en otro nivel de desarrollo. La minería es fundamental no solo para el desarrollo regional, sino para la diversificación productiva en los clústeres minero-industriales y de servicios, y para la generación de ingresos fiscales que permitan financiar mejores servicios sociales e infraestructura.
Las razones para el aborto de parte importante de cartera minera son, efectivamente, los conflictos sociales alentados en muchos casos por anti mineros o por extorsionadores profesionales, y la densa tramitología.
Respecto de la conflictividad social, el Estado no ha aprendido aun a prevenirla. Recién se está construyendo una “plataforma digital” en la PCM para registrar los conflictos y los compromisos del Estado, a fin de hacerles un seguimiento que permita cumplirlos a tiempo. Eso ayudaría. Pero la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas ha quedado muy debilitada luego del gobierno de Castillo e incluso desde antes, y no hay ideas para una gobernanza minera que establezca, por ejemplo, un vice premier en las zonas mineras a fin de coordinar al Estado en todos sus niveles y tampoco hay propuestas para usar el canon de un modo efectivo en un plan integral de desarrollo territorial. Parte importante del canon o no se gasta o se pierde en corrupción o en obras inconclusas. Así, solo sirve para alimentar los conflictos sociales en lugar de prevenirlos.
Y en cuanto a la asfixiante tramitología que lleva a que la exploración se haga casi inviable y que un estudio de impacto ambiental tome cuatro años o más, lo único que está funcionando es el Equipo Especializado de Seguimiento de Inversiones (EESI) del MEF, que ha empujado para que se destraben permisos para algunas operaciones como La Inmaculada y otras. Pero es un trabajo denodado. El vía crucis de entidades opinantes (Senace, ANA, Serfor, etc.) es desesperante, pues se demoran meses o años para emitir sus opiniones o autorizaciones debido a que -dicen- carecen de personal suficiente. El MEF les ha asignado un 20% más en su presupuesto del 2024 para fortalecer sus capacidades, y va a establecer un programa de incentivos de modo de aumentarles aún más su presupuesto si es que opinan o autorizan antes del plazo señalado.
Veremos si eso funciona. La inoperancia de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) es clamorosa. Al 20 de setiembre solo había ejecutado el 0.7% de los abultados fondos que tenía para obras y tareas de prevención de El Niño. Algo realmente punible.
Lo que se requiere, en realidad, es simplificar esta tramitología y suprimir pasos y permisos. El reciente decreto legislativo N.º 1565 que vuelve obligatoria la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) a todas las normas que da el Ejecutivo y al stock de normas, debería comenzar por revisar toda la normativa vinculada a la inversión minera para eliminar todo procedimiento inútil y costoso. Eso debería ser prioritario.
Ya es hora que la clase política y el gobierno tomen en serio la necesidad de impulsar fuertemente un sector que podría ser la gran palanca del desarrollo nacional. Lampadia
