Jorge Chamot
Marzo 10, 2023
Para Lampadia
PERUPETRO ha reiniciado sus presentaciones internacionales ofreciendo lotes con posibilidades de encontrar hidrocarburos, y con toda razón, lo que últimamente se está dedicando a exploración de hidrocarburos en el país ya se aproxima a NADA, pero el mismo Gobierno le dispara al pie y le hace mucho más difícil llevar a cabo su labor. Las señales dadas últimamente en relación a las operaciones de PETROPERU, simplemente no ayudan a PERUPETRO, y es más, muestran una tendencia inconstitucional ya que la actividad económica del Estado es subsidiaria (2do. Párrafo del Art. 60 de la Constitución del Perú).
De los varios lotes petroleros cuyos contratos con la empresa privada han ido venciendo aparentemente existe la tendencia de que su explotación se encargue a PETROPERU, la cual no creemos que se encuentre en condiciones de aumentar sus actividades tan abruptamente encargadas por el gobierno. La absorción de los lotes de la selva adjudicados a PETROPERU, ya son carga difícil de digerir en tan corto plazo, y lo sería para cualquier empresa.
Preguntemos qué está pasando con PETROPERU y su operación del Lote 64 en la Selva del Marañón, el manejo del oleoducto, ¿y el recientemente dado lote 192?, y no quisiera pensar si también se le da el Lote 8, además del Lote I que ya controlan en el noroeste y todo reciente sin que tenga la capacidad tecno-financiera para hacer todo a la vez. ¿Ha ganado la empresa estatal una licitación o concurso vis-a-vis la industria privada para que le adjudiquen esos lotes?
Más aún dada la situación de subsidio en la que vive la empresa estatal ante la indiscutible incapacidad de cumplir con sus obligaciones financieras de iniciar los repagos del proyecto de la refinería de Talara y los miles de millones transferidos por el Tesoro Público el año pasado para mantenerla a flote. Esto nos indica que PETROPERU no es la solución a la oportunidad que todavía tenemos para revisitar nuestras viejas, pero todavía con potencial cuencas petroleras.
Existe interés en evaluar nuevamente ese potencial que creemos existe, PERUPETRO está en conversaciones para adjudicar 7 áreas. La razón es muy sencilla, la exploración y producción de estas cuencas hasta ahora han básicamente arañado la superficie y las posibilidades en horizontes más profundos no se han investigado en su plenitud. El empuje dado por PERUPETRO en ofrecer oportunidades de evaluación de lotes obviamente comenzarán con la reevaluación de la inmensa cantidad de información y data acumulada durante años a lo largo y ancho del país.
El reprocesar la sísmica que por ejemplo se contrató en los años 70 ya es una atracción. La tecnología de interpretación de esa y otros tipos de información con métodos y técnicas del día de hoy mostrarán resultados que a lo mejor son insospechados al confrontarlos a los obtenidos con los programas y la velocidad de las computadoras de hace 50 años. Sólo este hecho apoya la idea de revisar esos estudios con la intención de descubrir nuevos horizontes que contengan hidrocarburos.
Hoy en día los costos de exploración se han multiplicado y las restricciones ambientales hacen más complicado el proceso pues los permisos toman mucho más tiempo, en general, demasiado tiempo. Nuestros campos bien pueden no ser tan maravillosos como los ya conocidos que figuran en las primeras páginas de las publicaciones especializadas, pero podrían sin embargo ser todavía atractivos para empresas junior con alto nivel técnico activas en el mercado ante la abundancia de dinero existente para este tipo de inversión. Por más que los ambientalistas y algunos gobiernos de países desarrollados nos repitan que la industria del petróleo y gas tiene sus días contados, la continuación de inversiones en esta industria muestra lo que ya sabemos. Todo indica, en base a los pronósticos, incluyendo los más conservadores, que la demanda de petróleo en el mundo sigue aumentando y todavía hay mucho que hacer en relación a los futuros requerimientos de energía de la humanidad.
Si creemos en ello, podríamos concluir que el gobierno estaría incentivando el atraer la inversión privada. Sin embargo, mediante decreto supremo D.S. 003-2023-EM exoneró a PETROPERU del cumplimiento de una serie de pasos administrativos establecidos en la ley, para iniciar el funcionamiento de la refinería de Talara, que en nuestra opinión es una aberración económica pues por los casi 6,000 millones de dólares de inversión (¿o gasto descontrolado?) podríamos haber construido una nueva y del doble de capacidad, y no hablemos de las responsabilidades ante la posibilidad de accidentes sin los permisos que exige la ley, pero ese no es el tema de este artículo. El tema es que así no vamos a atraer a la necesitada inversión a pesar de que existen inversionistas extranjeros que estarían dispuestos a venir y cumplir la ley, sin exoneraciones ni excepciones, pero, aquí está el pero, este decreto está disparándole al pie a PERUPETRO en su labor de atraer esas inversiones, como dijéramos arriba.
Las empresas petroleras internacionales están más que acostumbradas a diferentes regímenes en el mundo y lo único que exigen es que las reglas de juego sean claras, consistentes y estables a través del tiempo para asegurar sus inversiones a largo plazo con el objetivo de producir utilidades, pues no son beneficencia. Las exoneraciones dadas a PETROPERU en el caso de la refinería de Talara, así como la forma en que han sido dados los lotes mencionados, intempestivamente y sin ningún esfuerzo de ofrecerlos al mercado, no son el mensaje adecuado a la industria internacional para lo que aquí describimos como una nueva oportunidad de desarrollo. Si la empresa estatal tiene preferencias, excepciones y exoneraciones, eso no es libre mercado basado en la competencia, que es el actual modelo legal en el país y que es el modelo económico más exitoso en todo el mundo.
Lo que es peor, es que se ahuyentará a las posibles y tan necesarias inversiones para incentivar nuestro decaído sector petrolero. Si no fuera por Camisea, estaríamos importando aún más productos que los que ya se importan para cubrir la demanda, la producción nacional de crudo es patética. Lo que se está haciendo con el D.S. mencionado es todo lo contrario a lo que se necesita, le estamos diciendo al mercado que aquí no se respetan las reglas del juego dadas por el mismo Estado y que no existen garantías como para que ese Estado en cualquier momento de un plumazo ponga en peligro las inversiones privadas pues no se sabe cuándo a la empresa estatal se le otorgan dádivas de dudoso valor y consistencia con el marco legal vigente. ¿Qué sigue después?, ¿cuál es la siguiente?
La siguiente ya está en marcha con la publicada creación de nuevos organismos en el Ministerio de Energía y Minas para canalizar cientos de millones de soles en inversiones en hidrocarburos. ¿Quién va a implementar y desarrollar esas inversiones?, ¿Qué pasó con el modelo de concesiones en el caso del transporte y la distribución de gas?…… y la libre competencia establecida en la Constitución?
Mi propuesta:
1.- Reservar, y hacerlo público por supuesto, que toda inversión y futuro contrato de exploración/producción/procesamiento y distribución de petróleo y gas será firmado con la empresa privada, nacional o extranjera que acredite la capacidad técnica y financiera que respalden ampliamente sus compromisos contractuales. La Constitución solo le reserva al Estado el deber de actuar en las inversiones de tipo subsidiario cuando no son de interés económico (comprobado y evidente) de la actividad privada.
2.. Aumentar la intensidad de la campaña de PERUPETRO, la cual apoyamos, de exponer la oportunidad de evaluación, reacondicionamiento y futura explotación de antiguos lotes de exploración/producción, así como nuevas áreas de posible interés en la amplitud de cuencas todavía con potencial. Siguiendo la tendencia mundial, ya que las “majors” no están haciendo este tipo de trabajo, hacerlo concentrándose en los “juniors” de la industria, pero con el debido respaldo político que hoy no es evidente.
3.- El respaldo político tiene que ser visible para asegurarle al mercado que lo que dice PERUPETRO en sus presentaciones es verdad, ya que hoy no se estarían cumpliendo cabalmente. Estas inversiones son contratos-ley, que paralelamente se firman los de estabilidad fiscal y administrativa por un periodo a negociar y, con mayor razón aún, que el mismo Estado a través de las empresas que controla no le hace competencia desleal a esos inversionistas, como sería el caso al tener una Espada de Damocles sobre sus cabezas con lo impredecible de las políticas actuales del sector en relación a PETROPERU.
4.- La revisión de parte de la CONFIEP y la SNMPE de la constitucionalidad del D.S. 003-2023-EM y de algunas de las inversiones propuestas en el ámbito del programa SITGAS del Ministerio de Energía y Minas. De ser el caso, el pedido de la derogación del D.S. y las modificaciones respectivas al programa de SITGAS. Ya hemos planteado poner en marcha el proyecto Camisea II que ampliamente cubriría las necesidades del Sur y con mucho más alcance y efecto económico multiplicador que lo sugerido por SITGAS. Si nos acordamos, Camisea I se hizo íntegramente con inversión privada.
5.- Pensar en cómo atraer inversiones con los incentivos necesarios explorando conceptos como por ejemplo extender la vigencia de los contratos de explotación hasta el término de la vida económica de los reservorios. O buscar mecanismos para conseguir el apoyo de la población ante la evidente incapacidad de gasto de las autoridades locales que no aseguran que los beneficios del canon lleguen a las comunidades, y si es necesario, la posibilidad de cambios en el marco legal o la creación de Fondos de Desarrollo como los que son tan exitosos en Alaska o Noruega basados en un porcentaje (digamos de 2 a 3%) del valor de la producción certificada.
Lampadia
