Jaime de Althaus
Para Lampadia
Hay que felicitar al gobierno por el manejo del tema de los mineros informales. Convocó a una mesa de diálogo para poner fin a los bloqueos de carreteras que se dieron luego de que fueran excluidos más de 50 mil inscritos del REINFO junto con otras disposiciones, y esa mesa ha concluido con un consenso en torno a 11 temas con sus respectivos articulados que han sido remitidos al Congreso como insumo para la elaboración de la ley MAPE, que es absolutamente fundamental.
Al mismo tiempo, el gobierno no ha cedido a la presión para anular la exclusión de los 50 mil REINFOS, lo que, de paso, sirve para cortar un canal importante de salida de la minería ilegal. CONFEMIN se retiró de la Mesa, pero permaneció FENAMARPE y se incorporaron 5 gremios más.
Los temas acordados fueron los siguientes:
- Nuevo Régimen simplificado de Inicio y Reinicio de actividades mineras
- Nueva regulación sobre trazabilidad
- Opinión previa para concesiones forestales
- Concesiones extinguidas
- Beneficios tributarios
- Áreas especiales para concesiones MAPE
- Fondo Minero y Régimen Especial de Comercialización del Oro.
- Promoción y asistencia técnica a los pequeños mineros y mineros artesanales
- Inclusión Financiera
- Liquidación de Compra
- Incentivos a la suscripción de contratos de explotación
Pero hubo dos temas planteados por el MINEM en torno a los cuales no hubo consenso.
Uno fue el que proponía un “Instrumento de gestión Ambiental Especial simplificado” para que el pequeño minero pudiera recibir la autorización de inicio de la actividad minera. Esto es perfectamente lógico, considerando el tamaño y la capacidad de la operación. De lo contario, la formalización se vuelve muy difícil. Sin embargo, con mirada estrecha, se opuso la viceministra del Ambiente, Raquel Soto. Lamentable.
El segundo tema fue el que planteaba cambios en el régimen de concesiones para minería artesanal y pequeña, considerando que la mayor parte de informales está en concesiones de pequeños mineros, quienes no dan contratos de explotación, sino que perciben una parte de la producción de los informales sin declarar al fisco. La propuesta era recortar el número de años establecidos para incrementar las penalidades en el caso de que la concesión no cumpla con las metas de producción o inversión mínima anual, pero esto solo para la pequeña minería y minería artesanal. Sin embargo, se opuso la Sociedad Nacional de Minería y petróleo (SNMPE), con el argumento de que esto abriría el camino para solicitar lo mismo para la mediana y gran minería, lo que dañaría el sistema de concesiones.
Según Gonzalo Quijandría, presidente del capítulo de Minas de la SNMPE, hay alternativas a esa propuesta. Mas que recortar tiempos para fomentar contratos de explotación:
- Otorgar facilidades para acceder a concesiones libres o abandonadas
- En las concesiones hoy ocupadas por informales, recortar el área de las concesiones para asignarlas al ocupante si este se ubica en zona no trabajada por el concesionario, sin que ello tenga que pasar por el procedimiento de INGEMMET de declarar “libres” esas áreas y convocar a licitación. Permitir en última instancia que el propio concesionario recorte, otorgue el área e informe a INGEMMET.
En cuanto a los 11 temas, tratándose de un consenso entre todas las partes, la comisión de Energía y Minas del Congreso debería recogerlos. Habremos dado un paso adelante muy importante como país y como estado de derecho si se aprueba a una ley MAPE sensata y realista que ofrezca una salida clara al problema de la informalidad y la ilegalidad en la minería. Lampadia
