Exhortan a no entregar expedientes de formalización al MINEM
Jaime de Althaus
Para Lampadia
La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) ha emitido un pronunciamiento inaceptable que lleva a desacatar la ley 32213 aprobada por el Congreso, ley que prorrogó seis meses el REINFO pero otorgó al Ministerio de Energía y Minas la rectoría del proceso de formalización precisamente para acelerarlo a fin de poder dar fin al REINFO y pasar al régimen que establezca la ley MAPE que ha de aprobarse.
El pronunciamiento llega al extremo de exhortar a los gobiernos regionales a “no proceder con el proceso de transferencia al ministerio de Energía y Minas…”, es decir, a no entregar al MINEM los expedientes de formalización pendientes a fin de que el Ministerio pueda culminarlos a la brevedad.
Abierto desacato a la ley. Sin percatarse, seguramente, de que de proceder de esa forma estarían cometiendo delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal. Esto al negarse a transferir el acervo documentario que ordena la primera disposición complementaria del reglamento de la ley.
Es la anarquía. Protestan contra esa disposición luego de 5 meses que se aprobó la ley, cuando en 13 años los gobiernos regionales apenas han podido formalizar algo más del 2% de los inscritos en el REINFO, perpetuando un sistema que ha servido de patente de corso para la minería ilegal. Es increíble que con ese récord de fracaso se pongan en pie de guerra para defender lo indefendible, algo que linda con la complicidad con la minería ilegal. El MINEM se propone formalizar en dos meses más de 4 mil informales, el doble de lo que los gobiernos regionales hicieron en 13 años.
Lo que hay acá en algunos casos son intereses creados vinculados a la minería ilegal e informal (la parte de ella que no quiere formalizarse). Porque el argumento de que se está recentralizando funciones que corresponden a los gobiernos regionales no se sostiene. No solo que se trata de una disposición de emergencia y transitoria, pues es necesario resolver el tema de una vez por todas, sino que el proceso de formalización minera nunca estuvo establecido como función de los gobiernos regionales en la ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Les fue asignado en las leyes de formalización que se dieron, leyes ordinarias, la primera de las cuales data del año 2002, con resultados casi nulos como hemos señalado.
Pero esas mismas leyes o decretos legislativos le dan también al gobierno central, al MINEM, y particularmente a la Dirección General de Formalización (que por algo existe y lleva ese nombre) una función: la de crear el ”Registro Integral de Formalización Minera” para identificar los sujetos comprendidos dentro del proceso de formalización minera. Así como la función de “simplificar los mecanismos administrativos para la formalización minera”. Es decir, una función rectora, como debe ser. Es lo que establece el decreto legislativo 1293, del 2016, que crea el REINFO.
Las organizaciones de mineros informales, si realmente están interesadas en formalizarse, deberían protestar contra la ANGR y exigirle que facilite la entrega de los documentos de formalización al MINEM, precisamente para destrabarlos.
El Defensor del Pueblo debería pronunciarse. No podemos seguir con un estado de cosas que favorece el desarrollo protegido de la minería ilegal y de la criminalidad asociada a ella. Y que impide que se integre al sistema formal del país y al estado de derecho un vasto segmento de productores mineros.
Lampadia
