Jaime de Althaus
Para Lampadia
Es posible que el gobierno esté desbordado por los desastres del norte y la crisis de los migrantes en el sur, pero tiene que encontrar la manera de dar una respuesta política a los problemas de Puno.
Los paros y bloqueos han cesado, por cansancio de la población, pero aparecen expresiones radicales como en el desfile escolar de Azángaro y el gobernador y los alcaldes tienen prohibido reunirse con ministros y funcionarios del gobierno central, como si estuvieran en guerra con él.
Hemos sugerido nombrar un alto comisionado con poderes para impulsar obras de impacto.
Ese comisionado podría sentar sus reales en el proyecto especial Lago Titicaca (PELT), que depende del MIDAGRI, tiene mucha burocracia y hace muy poco. La idea sería que pase a la PCM y se convierta en una unidad impulsora de proyectos paralizados como el agua y desague de Juliaca y la limpieza del lago Titicaca, y ejecutora de proyectos clave como la represa de Hueque en Ilave, por ejemplo. Ese comisionado podría organizar un foro para definir una visión para Puno, que incluya temas demandados como la autopista Arequipa-Puno-Cusco, la puesta en valor varios circuitos turísticos, el litio, la creación de un parque eco-tecnológico o industrial, el teleférico turístico desde donde se pueda ver todo el Titicaca, etc.
Es urgente preparar un plan de emergencia para prevenir los efectos de las heladas que vienen muy fuertes, y remediar los efectos de la sequía. Carlos Paredes Gonzales de Sierra Productiva tiene soluciones.
Al mismo tiempo, el gobierno debería llevar un plan concreto de formalización y modernización de la minería de oro del distrito de Ananea y otras zonas de Puno. Esto último, por supuesto, no es fácil. Requiere trabajo y flexibilidad. Según José Farfán, abogado puneño especialista en minería a pequeña escala, en La Rinconada hay alrededor de 30 mil “cachorreros” que laboran 20 días para los dueños de las minas y luego 5 días para ellos mismos, que es el pago que reciben. Una modalidad de trabajo pre salarial. Lo que producen en esos 5 días lo venden al negro, sin ningún documento, a acopiadores que a su vez les venden a empresas “facturadoras” o a Bolivia. Calcula que debe haber unos 70 mil trabajadores mineros de este tipo en todo Puno y unos 300 mil a nivel nacional, con distintas formas de pago.
En teoría deberían vender con factura, pero son muy pequeños, no saben cómo hacerlo, y no tienen contador. Lo más sencillo, según Farfán, sería que la Sunat permitiera que pudieran vender con liquidación de compra, que era como funcionaba hasta el 2013. La liquidación de compra es una suerte de factura mucho más sencilla, sin RUC, con DNI, por medio de la cual se le retiene al minero el 1.5% del valor de la venta. Esto sería clave. Permitiría registrar y empezar a formalizar a estos productores, llevándolos paulatinamente a mejorar sus prácticas, de la mano con el fomento a la instalación de plantas procesadoras que trabajen con gravimetría para reemplazar a los quimbaletes que usan mercurio.
Simultáneamente el Banco de la Nación podría instalar una oficina en esas zonas mineras en Puno para comprar el mineral, algo que hacía hasta los años 80 del siglo pasado. Para comprarle también a las cooperativas formales de Ananea, que venden con factura. Como fuere, todo este esquema debería ser materia de una propuesta bien pensada y planificada para que el Estado incorpore a los circuitos formales y al Estado nacional a este enorme segmento de productores informales e ilegales.
Es hora de formar un grupo de trabajo en el Ejecutivo que defina y coordine estas estrategias orientadas a reintegrar Puno a la nacionalidad y a la posibilidad de volver a crecer. No olvidemos que la gran mayoría de puneños son personas sumamente trabajadoras y emprendedoras, que solo están esperando un marco adecuado para lanzarse a invertir, producir y comerciar legal y formalmente. El Perú tiene que dárselo. Lampadia
