La inversión minera se irá a la Argentina
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Hay instituciones en teoría positivas pero que, debido a intervenciones políticas o populistas de los gobiernos, se desnaturalizan y se usan para fines protervos. Eso ha ocurrido con la consulta previa, que con alguna frecuencia se ha convertido en un instrumento de chantaje y extorsión a la empresa minera.
Tenemos el caso del proyecto Coroccohuayco de Antapaccay, en Espinar. Como sabemos, se hace consulta previa cuando se presume que una ley o un proyecto puede afectar los derechos colectivos de algún pueblo indígena u originario.
Carece de poder vinculante.
Pues bien, el área de influencia del mencionado proyecto alcanza a tres comunidades, pero hace más de cinco años se movilizaron 10 comunidades adicionales, ajenas completamente a cualquier impacto, para exigir formar parte de la mencionada consulta previa, y el gobierno de Vizcarra, cuando el Premier era Vicente Zevallos, les concedió el derecho.
Por supuesto, hasta ahora no culmina la mencionada consulta previa, que es un proceso que se da entre el Estado y las comunidades, y que debería ser muy rápido.
Para cerrarla luego de cinco años, las diez comunidades artificialmente incorporadas, exigen que se apruebe un plan de reparaciones por 200 millones de soles, un fondo de reactivación económica y un canon comunal.
No es solo que esas comunidades están fuera de la zona de impacto, sino que son temas que no tienen nada que ver con el proyecto Coroccohuayco, que, por lo demás, está en el futuro, no en el pasado.
Entonces se trata simplemente de un chantaje, de una extorsión. Y todo esto con la connivencia del Estado, del Ministerio de Energía y Minas, que incorporó indebidamente a esas comunidades y no es capaz de resolver ahora el problema.
La solución es simple. Las tres comunidades directamente concernidas querrían que el proyecto se haga. Por lo tanto, el Ministerio debe emitir una resolución dando por cerrada la consulta previa y permitir que el proyecto siga adelante.
En el Perú hay que pasar consulta previa hasta para explorar, lo que es absurdo.
Si a esto sumamos el activismo de los hermanos Chávez Sotelo (alias los Chavelos) y otros, abogados de la extorsión que han vuelto a las andadas sin que el sistema de justicia reaccione, y los más de 200 permisos que debe obtenerse para iniciar la explotación de una mina, podemos entender una de las razones por las que el país no está aprovechando el boom de los precios de los minerales que lleva ya dos o tres años y que se va a prolongar un buen tiempo. Esto es criminal porque dejamos de crecer y dejamos de sacar a millones de peruanos de la pobreza.
Ese mismo proyecto en Espinar que no puede salir daría trabajo directo e indirecto a muchos peruanos y ayudaría a dinamizar la economía local y regional.
Se necesita una limpieza radical de trámites y regulaciones para facilitar la inversión. La Ventanilla Única Digital (VUD), con simplificación de trámites, hace años prometida, está, sin embargo, en pañales.
Mientras tanto Argentina, para no ir más lejos, no solo está desregulando profundamente toda su economía, incluyendo la minería, sino que ha aprobado el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), con medidas tales como:
- Estabilidad tributaria y aduanera por 30 años.
- Reducción del impuesto a las Ganancias (de 35% a 25%, mientras en el Perú llega a más de 50% cuando los precios son buenos).
- Devolución acelerada del IVA.
- Exención de tributos en importaciones de bienes de capital, repuestos, partes y componentes.
No hay que ser zahorí para darse cuenta de que parte importante de la inversión minera se va a desviar a la cordillera oriental de los andes en Argentina, que está virgen. Si es que no hacemos nada. Lampadia
