Secuela de la polarización política

Una acusación absurda y abusiva

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Ya debería ser hora de poner punto final a la persecución judicial de los políticos por asuntos que son producto de una confrontación y polarización política que ha sido extremadamente aguda en nuestro país en la última década. 

No me voy a referir ahora el tema de la criminalización de las donaciones de campaña, que no eran delito, que ha llevado al debilitamiento y casi desaparición de parte importante de nuestra clase política, sino a la absurda y abusiva acusación fiscal contra Manuel Merino, Antero Flores-Araoz y Gastón Rodríguez como autores por omisión impropia nada menos que del delito de homicidio de los jóvenes Inti Sotelo y Brian Pintado, algo que fue consecuencia de la violencia desatada en  la protesta desarrollada  contra la vacancia del expresidente Vizcarra.

Esa acusación, que se ve ahora en la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso, es la prolongación de la polarización política que llevó al expresidente Vizcarra a cerrar el Congreso con la argucia, a juicio de muchos inconstitucional, de la denegación fáctica de la confianza,  para conquistar, como consecuencia de ello, una popularidad muy alta, que mantuvo en alguna medida hasta que se revelaron los testimonios de empresarios de construcción que confesaron haber pagado más de un millón de soles a Vizcarra cuando era presidente regional de Moquegua. Estos hechos, sumados a denuncias anteriores, llevaron al nuevo Congreso, que le debía su existencia al propio Vizcarra -consecuencia de la disolución del anterior-, a tomar la decisión de declarar la vacancia del cargo de presidente de la República, por un asunto de dignidad moral de la nación.  

La decisión del Congreso era estrictamente constitucional, pese a que constitucionalistas y columnistas defensores de la disolución por negación fáctica del Congreso salieron a negar su constitucionalidad y a afirmar irresponsablemente que se trataba de un golpe de Estado. Era el mundo al revés: habían santificado un cierre del congreso que sí era un golpe, y llamaron golpe a una decisión tomada dentro de la Constitución y con arreglo a la historia de la institución de la vacancia y al significado se le dio en los diarios de debates de las cartas magnas de 79 y el 93. 

Pero, así como era perfectamente constitucional, fue también un grave error político, que produjo consecuencias. Los congresistas no midieron la popularidad del presidente vacado, que superaba el 60%. Por eso, apenas asumió la presidencia interina de la República el entonces presidente del congreso, Manuel Merino de La Lama, explotaron las movilizaciones por lo que se consideraba, tomando las expresiones lanzadas por los arriba mencionados, un golpe contra Vizcarra dictado por la ciega ambición de poder de Manuel Merino. Una arbitrariedad que no se podía dejar pasar. 

Pero no era una arbitrariedad desde el punto de vista jurídico. Un grave error político fue convertido en una arbitrariedad constitucional. Lamentablemente esas movilizaciones, que expresaban un sentimiento genuino que confundía la arbitrariedad política con la legal, fueron aprovechadas por grupos violentos que atacaron a la policía el día 14 de noviembre del 2020 con material pirotécnico, piedras y avellanas durante una hora. Entonces fallecieron dos jóvenes a consecuencia -según el informe pericial de la Policía- de perdigones de plomo “disparados por escopeta o arma de fabricación artesanal tipo chufla”. Hubo 70 manifestantes y 22 policías con heridas graves y leves, así como daño a 13 patrulleros, 2 Motos policiales, 40 cascos antimotines, 50 escudos antimotines.

. El informe de la sub comisión de acusaciones constitucionales señala que “Los cuadros de armamento, munición y material lacrimógeno que la PNP utilizó, señalan que únicamente se entregó al personal policial escopetas, granadas lacrimógenas, cartuchos lacrimógenos y cartuchos de perdigones de goma”[1]

Lo cierto es que los hechos no han sido aun totalmente esclarecidos o no se los quiere esclarecer. Las investigaciones han tenido una serie de deficiencias. Según la defensa, la fiscalía no realizó la identificación plena de los autores de los disparos, no encontró las armas de donde salieron los disparos, no realizó pruebas de absorción atómica a los policías que tuvieron a su cargo el empleo de escopetas.

Es absolutamente desproporcionado acusar a Merino, Flores-Araoz y Rodríguez de homicidio por omisión impropia.  Aun en el caso de que la Policía fuese la autora de las muertes, su función era política, no operativa. Y la habían asumido por compromiso con el país.

Merino no hizo sino asumir su responsabilidad como consecuencia de una declaración de vacancia que fue aprobada de manera abrumadora, por 105 votos, el 81% de los congresistas, los 4/5 del Congreso en lugar de los 2/3 que exige la Constitución. Es imposible pensar que Merino haya sido un genio demoníaco que persuadió a todos de votar por la vacancia para encumbrarse como presidente. Tenemos que regresar al sentido común. Lampadia

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