Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
El tema de seguridad muestra al Perú como un pollo sin cabeza. Ya, vergonzosamente, ha sido tema para la revista “The Economist”, la que resalta que “La ley y el orden nunca han sido el punto fuerte del Perú”, haciendo notar el crecimiento de la economía informal y delictiva, así como que la policía está plagada de corrupción. Creo que la apreciación de la revista se queda corta, puesto que, no señala la altísima corrupción y politización dentro del Ministerio Público (MP), ni del Poder Judicial (PJ) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
La actividad delictiva y corruptora, liderada por la minería ilegal y el narcotráfico, está destruyendo las estructuras de la sociedad.
Es lamentable, que el gobierno y el congreso estén permitiendo que estas actividades delictivas, nos ganen la iniciativa. Que el congreso esté tan infiltrado por tantos congresistas comprados por esas mafias y que, entre algunos malos policías, fiscales y jueces, estén transformando nuestra patria en un antro delictivo.
Ciertamente, no es que la policía (PNP) sea una institución corrupta, sino que se infiltra en ella gente sin valores o algunos que son impulsados por las organizaciones criminales para su beneficio. Lo más grave es que, el MP y el PJ, amparan a quienes la PNP da de baja por medida disciplinaria y los reincorpora. Esto, no sólo destruye la disciplina, sino que alimenta el sentimiento de que la corrupción dentro de la PNP, paga.
El MP y el PJ, por su lado, manejan criterios absolutamente garantistas en favor del delincuente. Hemos llegado al extremo de tener que promulgar leyes que protejan al efectivo policial que use su arma de reglamento, para abatir a los delincuentes en caso de flagrancia. Además, es evidente, que liberan a delincuentes capturados en flagrancia. Ahora la Fiscal de la Nación, ha creado nuevas calificaciones, tales como “cuasi flagrancia” u otros, por exceder las 24 horas para poner al delincuente en manos de la fiscalía, no quieren integrarse a las unidades de flagrancia, so pretexto de falta de presupuesto. Aunque, también debemos mencionar, que exigen controlar la investigación desde el inicio de la investigación preliminar, sin reconocer que muchas veces, los fiscales no están disponibles de inmediato y su ausencia, demora el proceso, excediendo el plazo mencionado.
Por otro lado, han instituido unos procesos y procedimientos judiciales que toman años o décadas para poder llegar a una sentencia firme, ¡así no hay presupuesto que alcance! Hemos visto casos penales, en los que incluso después de más de seis o siete años, no se ha formulado la acusación fiscal y menos aún, se inicia siquiera el juicio oral. De igual modo, el sistema judicial mantiene procesos judiciales por hasta cuarenta años, cuando obviamente, los delitos, si los hubiera, habrían prescrito.
La pregunta legítima es:
¿En qué están ocupando su tiempo esos jueces y fiscales?
¿No se les ocurre a los jueces y fiscales supremos, procesos innovativos para concluirlos en tiempos razonables?
Todo lo antes dicho, sin olvidar el alto nivel de corrupción de algunos jueces y fiscales, dentro de toda la estructura del PJ y MP. No nos vayamos a creer el cuento de que, el caso de “los cuellos blancos del puerto” u otros, como el de “¿qué quieres, que le rebaje la pena o que lo declare inocente?” son sólo un par de excepciones.
Si fuéramos por el eslabón final de la cadena, el INPE, también altamente infiltrado por corrupción, veremos que cuenta con 68 penales con capacidad para 41 mil internos y que, según El Comercio, albergan cerca de 95 mil.
Es lamentable reconocer que en de 2020, el Tribunal Constitucional (TC) dio un plazo de cinco años para remediar esta situación y construir mayor espacio penitenciario donde recluir a más delincuentes. En los cinco años transcurridos desde mayo 2020, hemos tenido siete ministros de justicia, de quienes depende el INPE. Nadie ha asumido la responsabilidad de construir los penales requeridos y hoy, a pocos días de cumplirse el plazo, se informa que “se está evaluando” la construcción de cinco penales para albergar 22 mil internos y que, además, se están formulando los proyectos para dos establecimientos adicionales, con capacidad para 26 mil internos más. ¿A nadie se le ha ocurrido concesionar penales, incluyendo operación y mantenimiento?
La corrupción en el INPE, también se manifiesta en las conexiones de WIFI y telefonía celular en todas las prisiones, al punto que, se encontró camuflada en los techos del penal de Challapalca, “prisión de extrema seguridad”, estos dispositivos. ¿Cómo llegaron a Challapalca esos dispositivos y cómo pudieron hacer esas instalaciones camufladas en los techos? Sólo la corrupción puede explicar tal cosa.
Lo cierto es que, se ha configurado un “ecosistema policial-judicial-penitenciario-congresal”, que trabaja en pro de la delincuencia, que permite no capturar a todos los delincuentes, liberar a muchos de los capturados antes de un juicio, para, finalmente, tener la excusa perfecta para no sentenciar a tantas prisiones efectivas como las que se debería, puesto que no contamos con prisiones suficientes o legislamos para “dar facilidades” a la delincuencia.
En el interín, no se manda a prisión domiciliaria a ancianos enfermos, a reos primarios no peligrosos que, además, podrían estar trabajando con grillete electrónico, ni se recurre a iniciativas más modernas y creativas, para descolmatar las prisiones.
Como nadie piensa en el problema y sus posibles soluciones, en seguridad estamos, como pollo sin cabeza. Lampadia
