Fausto Salinas Lovón
Para Lampadia
En 1999, hace 24 años, el Perú sólo tenía 891,000 servidores públicos.
En el 2012, según SERVIR, el Perú tenía 1.3 millones de servidores públicos. Un promedio de 4 servidores por cada 100 ciudadanos. En regiones como Piura o Huánuco el promedio descendía a 3 / 100 ciudadanos, mientras que en el Sur, el promedio crecía a 12 /100.
En enero del 2019, la vicepresidenta Mercedes Araoz declaraba que desde el 2017 al 2019 su gobierno “sólo aumento en 18,000 el número de servidores estatales”. Para ese año la cifra de servidores estatales ya bordeaba los 1.5 millones.
Si consideramos el intervencionismo estatal en la Pandemia y agregamos a los servidores indirectos, los directores y funcionarios de empresas estatales, los que trabajan mediante contratos por servicios no personales, consultores y obreros temporales en municipalidades, regiones y entidades públicas del gobierno central, la cifra supera largamente los 2 millones de empleados públicos. Eso nos lleva a que más del 6% de los peruanos trabajan para el Estado.
Esta situación va en paralelo con la evolución del gasto público.
En 27 años, de 1990 a 2017, el gasto público creció 5 veces: de 21,000 millones a 100,000 millones de soles.
Otro dato. Del 2008 al 2018 el gasto público se duplicó.
En el 2016 el 48% del gasto público se destinó al pago de planillas o servidores públicos.
A estas cifras ya preocupantes sobre la forma en que se gasta el dinero nacional, se agrega la cifra brindada por la Contraloría, que reporta 46,783 millones de soles gastados en “consultorías” desde el gobierno de Ollanta Humala. Los consultores no ocupan un puesto público, pero trabajan para el Estado, cobran del Estado y cobran mucho más que médicos, enfermeras, profesores, policías o jueces (que son, entro otros, los genuinos empleados públicos que una Nación necesita).
La consecuencia de todo esto es que el Estado se ha convertido en el patrón, en el empleador de millones de peruanos. Especialmente en los distritos y regiones.
¿Esto es bueno para el país?
Sin duda que no.
Una sociedad sana no puede tener al Estado como empleador. No podemos votar para que el Presidente, el Congresista, el Gobernador o el Alcalde nos den “chamba” o nos “contraten”. El voto no puede ser una solicitud encubierta de empleo. La campaña política no puede ser una oferta de trabajo inútil.
Una sociedad sana debe tener empresas de todo tamaño que generen empleo, emprendedores que tomen las oportunidades y generen riqueza y busquen crear los puestos de trabajo reales que la economía necesita. En una sociedad sana el Estado arbitra, facilita y si es el caso sanciona, pero no se dedica a dar chamba a los allegados, a contratar mediante consultorías a los que te sostienen y a pagar a quienes desde los medios sostienen este estado de cosas.
Por este mal camino ya hemos dilapidado las dos décadas de bonanza y estabilidad macroeconómica que tuvimos hasta el 2020. Por esta ruta no veremos obra pública relevante, pero sí veremos nuevas entidades públicas, nuevos logos y muchos contratados abogando por el “rol del Estado”. Lampadia
