Reciente ley facilitará las capturas
Jaime de Althaus
Para Lampadia
La tarea inmediata principal del Cuarto de Guerra debería ser responder a la pregunta de por qué aumentan las extorsiones y sin embargo disminuye el número de presos por extorsión en las cárceles. Es decir, ¿por qué la policía no está capturando a los extorsionadores o en qué medida los detenidos terminan liberados?
La presidente o el Premier no pueden seguir quejándose desde el Cuarto de Guerra de que la fiscalía y el Poder Judicial liberan delincuentes en general, sin precisar cuántos de esos liberados corresponden a detenidos por extorsión, sicariato u homicidios, y qué porcentaje fue liberado. Se requiere una información exacta y veraz para ver la magnitud del problema.
Lo cierto es que según las propias estadísticas del RENADESPPLE, se captura a pocos extorsionadores.[1] Entonces lo primero que debe responder el Cuarto de Guerra es a qué se debe ello.
En qué medida, por ejemplo, se debe a que las extorsiones no se denuncian.
La pregunta entonces es por qué no se denuncian y qué es lo que hay que hacer para que ello ocurra. Claramente las víctimas no confían en la policía.
Si es así, habría que crear canales seguros de denuncia y promocionarlos.
Al mismo tiempo, y con la misma finalidad, establecer alianzas muy estrechas con los gremios de los sectores extorsionados.
¿Se está avanzando en esos canales de denuncia seguros y en esas alianzas? ¿qué informe puede dar el Cuarto de Guerra al respecto?
Si se denunciara, existe la tecnología para geolocalizar los celulares denunciados, identificar a sus propietarios, abrir su contenido y ver las comunicaciones. ¿La Policía está suficientemente dotada de esos equipos? ¿Cuál es exactamente la brecha? De eso tiene que informar el Cuarto de Guerra.
Si realmente el sistema judicial está liberando a extorsionadores detenidos, el Cuarto de Guerra debe dar una explicación acerca de las razones de ello: si la falla está en el procedimiento de la policía o si es corrupción o miedo, o qué. Lo que sí es claro es que los protocolos de coordinación entre la policía, los fiscales y los jueces no están funcionando, pues se sabe que la policía puede geolocalizar un celular extorsionador pero la autorización del juez para intervenir puede demorar mucho tiempo, y se pierde la ocasión. El Cuarto de Guerra tiene que informar qué está haciendo para establecer estructuras de coordinación permanente e inmediata con fiscales y jueces a fin de responder con inmediatez, es decir, equipos de policías, fiscales y jueces trabajando juntos de manera permanente para dar una respuesta inmediata. Adaptando, por ejemplo, las unidades de flagrancia.
El viernes pasado el Congreso aprobó la ley que permitirá a la policía geolocalizar, rastrear y bloquear teléfonos móviles asociados a actividades delictivas directamente o a través de las operadoras, sin necesidad de pedir permiso primero al juez. Esto debería permitir dar un salto en capturas y eliminaría toda excusa para liberar detenidos.
Pero lo que requerirá entonces la policía son equipos de geolocalización y apertura de celulares suficientes, y mucha más inteligencia en el campo, para saturar las zonas donde se concentran las extorsiones.
¿El Cuarto de Guerra tiene una estimación del grado de saturación policial necesario en el terreno para lograr reducir de manera sensible el número de extorsiones?
¿Y cuán lejos estamos de tener ese número?
¿Es decir, en cuánto hay que fortalecer la inteligencia policial en el campo para buscar perseguir y ubicar a los extorsionadores y otros criminales y detenerlos?
De eso tiene que informarnos.
Para que el Cuarto de Guerra demuestra su utilidad y conquiste credibilidad, tiene que empezar a considerar y responder a estas preguntas. Lampadia
[1] Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva. De enero a marzo hubo 43,747 detenidos, de los cuales solo el 0.66% (289 personas) fue por extorsión.
