¿Leyes PRO-CRIMEN
o Conflicto Interinstitucional
en el Sistema de Justicia Penal?
César Augusto Nakazaki Servigón
Para Lampadia
Una de las manifestaciones del conflicto entre la Fiscalía de la Nación, el Poder Ejecutivo, el Congreso, la Junta Nacional de Justicia y el Poder Judicial en los últimos años, ha sido la calificación de leyes “pro-crimen” a determinadas normas aprobadas por el Congreso y que han sido objeto de control constitucional difuso por los jueces para no aplicarlas, en un nivel no visto en la historia del Poder Judicial. Se ataca al Congreso acusándolo de favorecer al crimen organizado.
Pero las leyes penales y procesales que se han dado no son pro-crimen.
Responden a problemas reales del sistema de justicia.
Algunas de ellas sin embargo presentan deficiencias técnicas por falta de trabajo coordinado de las Comisiones Parlamentarias con el Ministerio Público, el Poder Judicial, los Colegios de Abogados y la Academia.
Arrancó el enfrentamiento cuando el Congreso dio la llamada “Ley Soto” que establece un año como plazo de duración de la suspensión del plazo de prescripción por el inicio del proceso penal.
El problema es real pues la Corte Suprema indebidamente elabora diversas fórmulas para la suspensión del plazo de prescripción, todas con la finalidad de extender al máximo posible los procesos penales, por encima del plazo de prescripción extraordinaria que equivale al máximo de la pena establecida en la ley más una mitad (Ejemplo: la prescripción extraordinaria en el homicidio doloso, 20 años de pena máxima más la mitad, a los 30 años se cumple el plazo prescriptivo).
Siempre el proceso penal terminó con la prescripción extraordinaria regulada en el Código Penal, hasta esta posición de la Corte Suprema que busca que los procesos penales duren más allá del plazo razonable. La falla del Congreso es fijar plazo de suspensión de la prescripción por un año para todo delito, en vez de simplemente reiterar que el proceso penal termina con la prescripción extraordinaria.
Otro ejemplo es la ley que modificó el tipo penal de organización criminal, agregando elementos para que el delito se configure y reduciendo los delitos afines que son objeto de las empresas criminales. Igualmente había un problema que solucionar: el abuso de calificar como organización criminal a cualquier pluralidad de intervinientes, ya no como coautores o autor y cómplices. Ejemplo emblemático: el Caso del expresidente Kuczynski, su secretaria, chofer y socio. El defecto es que el Congreso no consideró la jurisprudencia y doctrina judicial que se ha desarrollado para perfeccionar el tipo penal de organización criminal.
El mismo conflicto se vuelve a producir con la ley que modificó el proceso especial de colaboración eficaz, que lejos de debilitar a esta institución, como se critica, superó cuestionamientos generados por una modificación anterior. Se corrige varios defectos:
que el fiscal se podía reunir con el detenido sin abogado que garantice que el ingreso al proceso de colaboración eficaz sea voluntario y no por error o coacción;
se obliga a que declaraciones del aspirante sean grabadas para que el fiscal no las direccione como “sastre”;
se resalta la prohibición de corroboración entre testigos colaboradores, como ya lo viene afirmando la Corte Suprema, pues no se puede corroborar solamente con testigos colaboradores porque son delincuentes que testifican contra otros a cambio de obtener beneficios premiales, lo que exige una corroboración cualificada.
El defecto principal no fue solucionado adecuadamente:
el largo tiempo de duración de la fase de corroboración, que llega a años, sin acuerdo de colaboración eficaz, permitiendo que el fiscal presione muchas veces al aspirante para que testifique hechos que no conoce o que los acomode a la estrategia fiscal.
En vez de plazo, motivo de crítica, lo que se debió hacer es prohibir el uso de la declaración del aspirante para obtener prisiones preventivas, disponiendo que el testimonio del colaborador eficaz solamente se emplee cuando el acuerdo sea aprobado por el juez, lo que obligaría a que la fiscalía acelere la corroboración y negociación del acuerdo de colaboración eficaz.
Otros casos de conflicto fueron generados por la ley que precisa la vigencia de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, así como la ley de amnistía a militares y policías que defendieron al Perú de las organizaciones terroristas.
Estas leyes responden a problema real: la “eterna” persecución penal a militares y policías ancianos o enfermos, como consecuencia de una ideología anti-fuerzas del orden, pues salvo honrosas excepciones, en los procesos penales se aplica indebidamente el derecho penal internacional, se viola el principio de legalidad, se abusa de la regla de imprescriptibilidad y se vulnera el plazo razonable.
El defecto es la falta de comprensión por el Congreso de que la solución a este largo y doloroso problema es la justicia restaurativa, como la empleada por Colombia. El castigo es reemplazado por medidas de reparación integral en las poblaciones o comunidades afectadas. Por ejemplo, en Cayara, en vez de que un anciano de 80 años ingrese a la cárcel por una pena de 20 años, una pena de muerte material, que los jóvenes que terminan el colegio tengan becas integrales en buenas universidades. Es decir, medidas de impacto social que lleven al perdón y reconciliación.
El Parlamento dio leyes necesarias que deben ser mejoradas, pero que hacen que la calificación de pro-crimen responda al conflicto interinstitucional en el sistema de justicia y al reclamo de las personas frente a un Estado que no funciona como lo exige el Perú cumplido un cuarto del Siglo XXI. Lampadia
