Jaime de Althaus
Para Lampadia
El Observatorio del Crimen y la Violencia, donde están Carlos Basombrío y Ricardo Valdez, ha presentado el documento “Propuestas contra la Inseguridad Ciudadana”[1] que, por supuesto, hay que felicitar.
Se trata de aportes útiles para la solución de un problema que se ha vuelto existencial para el Perú, aunque tiene varios vacíos y sesgos que hay que señalar.
El documento hace ver que no hay un sistema informático que permita cruzar la información de las denuncias que tiene la policía, lo que se podría hacer con inteligencia artificial.
No hay evaluación de resultados de la lucha contra el crimen, algo elemental.
Para combatir las extorsiones el documento propone tercerizar el ingreso y salida de los penales, para que no entren celulares. También derogar la ley que fija topes a las tasas de interés porque eso expulsa prestatarios del sistema formal y multiplica el gota a gota. Reclama asimismo la instalación y operación del C5 para tener un monitoreo general de todo lo que se mueve. También que todas las motos tengan que adquirir chips y GPS. Y otras recomendaciones más generales. Muy bien.
Pero, de otro lado, se ve claro que el documento toma partido por el ministerio Publico en su diferendo con la Policía. En buena cuenta cuestiona la ley que devuelve la investigación preliminar operativa a la Policía manteniendo el Ministerio Publico la conducción jurídica.
Esta ley es indispensable para avanzar con más eficacia en las investigaciones contra la delincuencia y el crimen organizado.
Los policías necesitan un mínimo de autonomía para ciertas diligencias y decisiones inmediatas de investigación, dando cuenta por supuesto al fiscal. De lo contrario se pierde oportunidad y se deja ir al delincuente. Es de sentido común.
El problema fue que la Fiscalía se resistió a aplicarla, la desacató abiertamente, algo insólito, hasta que el Tribunal Constitucional validó la ley poniendo fin a la rebeldía.
El documento sostiene, además, que las leyes que modificaron las figuras de organización criminal y extinción de dominio afectan la lucha contras las extorsiones y el sicariato porque excluyen esos delitos. Y esto no es cierto. Ambas leyes los incluyen.
En el caso de la extinción de dominio, por ejemplo, la ley establece que se requiere una sentencia firme previa para aplicar la extinción de dominio, es decir, para incautar definitivamente bienes -que es lo lógico en un estado de derecho-, salvo para ciertos delitos graves como tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, minería ilegal, estafa, etc.
En esos casos la extinción de dominio puede iniciarse y avanzar sin esperar una condena penal.
Es decir, el documento adscribe, sin razón en este caso, y sin decirlo explícitamente, a la tesis de las leyes pro-crimen.
Fuera de esto, el documento formula propuestas perfectamente lógicas como fortalecer la articulación entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, pero no abunda ni dice cómo. No registra que en esto ha habido avances, sobre todo desde Jerí, y, por lo tanto, no entra a analizar qué está faltando y como mejorar esa coordinación. Es increíble, por ejemplo, que no exista una interoperabilidad que permita decisiones fiscales y judiciales inmediatas.
El Congreso aprobó una ley que crea el Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES) con policías, fiscales y jueces, pero no se ha reglamentado. Al mismo tiempo, mediante decreto legislativo, creó el Subsistema Especializado contra la Extorsión, que incluye a los mismos actores. ¿Cómo juegan entre sí esas dos iniciativas?
Quizá habría que armar simplemente grupos de tarea al estilo de unidades de flagrancia para estos fines, algo como lo que ya funciona relativamente bien entre el Fiscal Chávez Cotrina y la policía. Se requiere liderazgo.
Se habla de potenciar la inteligencia policial. Esto es obvio. Pero nadie ha dicho hasta ahora -el documento tampoco lo hace- cual es la brecha existente: cuantos policías de investigación o inteligencia operativa faltan, qué tecnologías hay que adquirir (por ejemplo, para descargar y leer celulares y para interceptar comunicaciones por WhatsApp).
Lo mismo cuando se plantea priorizar la desarticulación de las organizaciones delictivas, sin entrar en detalle. El documento no menciona el importante avance que ha habido en este campo a partir de la plataforma informática de la UIF a la que la policía accede para solicitar la información sobre cuentas en las que se depositan las extorsiones. La UIF pide la información a los bancos y estos la proporcionan. Así la policía sabe quiénes han sido los extorsionados y donde ha ido ese dinero y de esa manera es que la policía ha desmantelado a las siete organizaciones de extorsionadores más importantes de Lima, comenzando por las del Monstruo y el Jorobado. Por eso habría bajado en alguna medida el número de extorsiones.
Si eso ha funcionado, ¿qué se requiere para potenciar más la acción en esa línea o en líneas complementarias? Para derrotar a los Pulpos y otras organizaciones muy poderosas del norte, por ejemplo, se requiere intervenir, congelar e incautar los flujos de dinero y los activos de las empresas formales de fachada que esas organizaciones crean para lavar el dinero de las extorsiones o del oro ilegal. Es decir, cortarles el brazo financiero. Para eso habría que darle a la UIF facultades investigadoras, como si fuera la policía.
Y lo que debe hacerse paralelamente es capturar o eliminar a los sicarios, que son el arma de los extorsionadores. Esta es una tarea distinta y es algo que la policía sabe hacer perfectamente con inteligencia operativa. ¿Por qué no se prioriza?
Sin los sicarios, los extorsionadores son inocuos y se reduce sustancialmente el número de homicidios.
En cuanto a la lucha contra la minería ilegal, el documento propone un control riguroso del proceso productivo y de la cadena de valor, lo que incluye la trazabilidad del oro ilegal, y diseñar un nuevo sistema de formalización minera con incentivos reales. Pero no dice cómo.
No se evalúa el experimento del comando unificado de Pataz, que incluye tres puestos de control reforzados para fiscalizar el tráfico de explosivos y del propio oro. Es un laboratorio del que hay que aprender lecciones replicables o no en otras partes del país.
Tampoco se señala que el plan de formalización en marcha ha sido abandonado ni en qué consistía, ni en qué ha quedado el sistema interoperable para la trazabilidad ordenado por ley y que se estaba construyendo, algo clave.
Quizá puedan ser temas para ser abordados en el siguiente informe trimestral del observatorio. En los primeros informes mostraron como las extorsiones aumentan y el número de presos por ese delito no crece, lo que significa que no está deteniendo a los extorsionadores. Ese dato fue revelador. ¿Ha cambiado ese patrón?
Estaremos atentos.
Lampadia
[1] https://observatoriodelcrimenylaviolencia.com
