Jaime de Althaus
Para Lampadia
Las movilizaciones de los últimos días han sacado a la luz una modalidad de coerción social que siempre se ha aplicado, pero ahora ha sido puesta en evidencia con más claridad: pese a que sin duda hay cierta participación espontánea, en muchos casos se obliga a las personas a participar so pena de multas o de amenazas o ataques a sus establecimientos.
En el caso de las comunidades campesinas o las juntas de regantes, la compulsión suele venir acompañada de multas o corte del agua como castigo por no participar. En una comunidad, la verdadera unidad social y económica es la familia, dueña de sus tierras de cultivo, cuyos hijos heredan, aunque la tenencia en las tierras de secano y en los pastos pueda contener algún grado de injerencia comunal. La producción es familiar, pero la construcción y mantenimiento de la infraestructura es comunal: la minka. Entonces estamos ante un tipo de organización social que, ante una lucha reivindicatoria, puede facilitar un cierto grado de dictadura comunal para efectivizar las movilizaciones.
Pero vemos que lo mismo ocurre en las ciudades con los mercados y con los negocios en general. Se obliga a los comerciantes a cerrar y sumarse, so pena de ataques a sus puestos o a sus tiendas. Aquí no hay ninguna base sociológica que facilite esa coacción. Los comerciantes definitivamente quieren seguir trabajando. Así como los transportistas que sufren el bloqueo de las vías, otro acto criminal que se impone contra los derechos de miles de ciudadanos.
Estamos sencillamente ante micro dictaduras que imponen por la fuerza el estado de lucha o de guerra social. Y esas micro dictaduras tienen un basamento ideológico: aplican los métodos de lucha derivados de la ideología de la lucha de clases y la violencia revolucionaria para la toma del poder, donde el fin justifica los medios y donde lo individual se somete al colectivo.
Se establecen así micro dictaduras locales que, allí donde logran imponerse, no permiten la disidencia de ningún tipo. No hay libertad de expresión ni de prensa. Las voces discrepantes son acalladas o no se atreven a manifestarse.
En los días de las revueltas contra Conga, por ejemplo, se conoció el caso de varios periodistas radiales que fueron golpeados y sus radios atacadas y destruidas por expresar ideas algo más moderadas en relación con las demandas contra el proyecto minero.
Hay que prestar atención y estudiar esas micro dictaduras, porque son un microcosmos de lo que ocurre en países enteros como Venezuela, Cuba, Nicaragua y, en menor medida, Bolivia y en su momento Ecuador. Allí tampoco hay libertades.
En Venezuela el régimen ha asesinado a alrededor de 6 mil ciudadanos según el informe de derechos humanos de Naciones Unidas elaborado por Michelle Bachelet, y prácticamente ya no hay medios independientes.
Para no hablar de Cuba y Nicaragua.
En Bolivia el líder opositor Luis Fernando Camacho ha sido detenido y encarcelado por razones puramente políticas, algo que es posible desde que el pasado gobierno de Morales, gracias a la Constitución que dio, pudo intervenir en el sistema judicial para ponerlo a su servicio.
Debemos poner los reflectores en estas micro dictaduras para denunciar sus métodos antidemocráticos y profundamente atentatorios contra la libertad individual y los derechos humanos, premonición de lo que harían si llegaran al poder. Lampadia
