Jaime de Althaus
Para Lampadia
Hay suficiente urea en el mercado nacional, pero el ministerio de Desarrollo Agrario (MIDAGRI) quiere importar por su lado y venderla subsidiada a los agricultores. Aquí hay cuando menos tres problemas: de gestión, de corrupción y de inconstitucionalidad.
El MIDAGRI viene demostrando que no puede importar. Ya fracasaron dos licitaciones, una de ellas con una coima de 8 millones de dólares. Es decir, con corrupción. La tercera, si llega a ejecutarse sin problemas o irregularidades, traería la urea muy tarde para muchos agricultores. Sería dinero tirado al tacho. Con el agravante de que muchos agricultores habrán dejado de comprar y fertilizar sus sembríos esperando la distribución del gobierno, que nunca llegará o lo hará a destiempo.
Además, ¿cómo va almacenar y distribuir? Que se sepa, Agrorural carece de la logística necesaria para una tarea de esa envergadura. Lo mas probable es que todo sea un desastre, más aún conociendo la proverbial incapacidad de gestión de los funcionarios de este gobierno.
Lo absurdo es que hay fertilizantes en el mercado nacional, solo que muy caros debido al incremento de su precio en el mercado mundial. El Estado podría haber convocado a las empresas privadas para encontrar maneras de distribuir a tiempo fertilizantes subsidiados, pero no lo hizo. Por ejemplo, los agricultores beneficiarios podrían haber comprado en las tiendas con cupones que les dieran un descuento, que luego las empresas le cobran al Estado. O el Estado le hubiese podido comprar parcialmente a dichas empresas la urea pagándoles la parte del subsidio, y las empresas le cobraban la diferencia al agricultor. Como fuere, el fertilizante ya habría sido distribuido. El sector privado tiene la logística y los canales y llega a todas partes.
Pero no. Lo que quería el gobierno era capitalizar políticamente la distribución de fertilizante barato. Papá gobierno salvador. Pero ni siquiera es capaz. En una operación, además, abiertamente inconstitucional, porque viola el principio de la subsidiariedad del Estado creando una situación confiscatoria para las empresas privadas que, habiendo importado a precios internacionales, no podrían vender o tendrían que hacerlo perdiendo mucho dinero.
Esto lo dijo sin el menor rubor a Gestión César Santisteban, director general de estadística del MIDAGRI: “No es que no haya urea, pero la siguen vendiendo caro, no está al alcance del productor, y no lo quieren rebajar pese a que afuera el precio baja”. En tal sentido, “indicó que la expectativa del sector es que cuando llegue el primer embarque de urea que adquiera el Estado, las importadoras van a tener que rebajar sus precios, con lo que ya no sería necesario que el Ejecutivo realice nuevas importaciones” (Gestión, 07/07/22).
A confesión de parte, relevo de prueba. El MIDAGRI quiere obligar a las empresas privadas a perder plata. El Estado incursionando en una actividad que el sector privado puede hacer, y ocasionándole grave daño económico. En lugar de coordinar con las empresas privadas para sumar esfuerzos en una situación de emergencia y producir resultados efectivos, se sustituye a ellas con resultados probablemente desastrosos, para perjuicio de todos: agricultores, empresas, consumidores y Estado. Lampadia
