Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Cuesta comprender que, cuando el crecimiento económico de nuestro país se reduce y la inversión privada cae, no se consiga llegar a un acuerdo dentro del sector público, especialmente el minero ambiental, para la realización de su trabajo. No digo para impulsar nada, pero siquiera agilizar los permisos para que se obtengan oportunamente y que las inversiones privadas fluyan.
Observo perplejo, que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha constituido especialmente el “Equipo Especializado de Seguimiento a la Inversión” (EESI) para destrabar las inversiones privadas, buscando entre otras cosas, vías para agilizar los procesos de aprobación de permisos y licencias en las distintas reparticiones del Estado, pero lamentablemente, no logra gran avance.
Efectivamente, el MEF ha constituido un equipo liderado por el viceministro de Economía y conformado por un grupo de funcionarios jóvenes, motivados y muy entusiastas, quienes hacen un seguimiento permanente de los proyectos de inversión y coordina con todas las dependencias públicas e impulsa a las empresas a subsanar pronto sus deficiencias. Pero cuando uno toma algo de distancia, observa y analiza la situación, este equipo termina pareciéndose a una ambulancia atrapada en el tráfico de la Av. Javier Prado, en hora punta, tocando su sirena “a todo meter”, pero que claramente no logra más avance que el de un auto cualquiera en medio de ese marasmo.
En el Perú no sólo tenemos una frondosa administración pública que se gestiona como “compartimentos estanco”, sino también múltiples entidades que opinan sobre lo mismo, pero con diferente óptica y criterio. Sin embargo, donde se ha “armado la gorda” es en los permisos ambientales.
En esos temas norman u opinan: el Ministerio del Ambiente, el MIDAGRI, SERNAMP, la ANA, las Direcciones de Asuntos Ambientales del sector al que pertenece el proyecto y lidera el SENACE, organismo adscrito al MINAM que es el responsable de la revisión y aprobación de los instrumentos ambientales para la “inversión sostenible”.
Igual ocurre con la intervención del Ministerio de Cultura, donde, ya no sé si progresiva o intempestivamente, han concluido que todo el Perú está habitado por pueblos originarios con derecho a ser consultados, además de tener cada día más exigencias para la evaluación de posibles restos arqueológicos, al punto que ya se enredan y tropiezan con dispositivos de otros sectores. Un buen ejemplo es el mandato de eliminar cables aéreos y “soterrarlos” para antes de fin de año, pero Cultura y municipalidades, por razones diversas, impiden excavar. ¿Cómo le haríamos?
Al margen de esta anécdota, el caso que se ha vuelto patético es el de SENACE, pues los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIAd) y sus modificaciones (MEIAd), pasan por esta dependencia. Una entidad que maneja sus propios tiempos y criterios, al margen de todo criterio convencional y sentido de urgencia respecto a las “inversiones sostenibles”, como su nombre sugiere.
Recuerdo que cuando Manuel Pulgar-Vidal era ministro del ambiente, me tocó presidir la SNMPE y coincidimos en que SENACE debiera ser una especie de “Asesor de tesis”, de forma que, el equipo asignado a un proyecto, acompañe la elaboración del EIAd, haga notar en el proceso los posibles vacíos y criterios a seguir en el estudio, para que este sea satisfactorio. Bajo ese concepto, al término del estudio y presentación, el mismo que ya se encontraría pre aprobado, sería admitido casi automáticamente para pasar a evaluación y ser aprobado de inmediato. Pero no, resulta que, a pesar que este “acompañamiento” toma muchos meses (hasta dos años) de revisiones y exigencias de los evaluadores del SENACE, incluyendo muchas veces exigencias totalmente ajenas a lo establecido en los términos de referencia, debe someterse al proceso de admisibilidad, que puede tomar meses. En ese momento recién se registra para la “Evaluación”. Aquí comienza nuevamente “el calvario”, pues los evaluadores revisan el EIA, como si jamás hubieran tenido contacto con él. Cambian a su discreción los criterios a seguir para el EIA. Piden más pruebas de distintas partes del EIA, sin más razón que su absoluta discrecionalidad. Por este motivo, la “Evaluación” puede tomar entre uno y dos años, comparado con los 7 meses estipulados en el TUPA (texto único de procedimientos administrativos). En resumidas cuentas, acompañaron el proceso por gusto y, conseguir la aprobación de un EIAd, puede demorar entre tres y cuatro años.
Peor aún, para el caso de minas subterráneas, cuyo planeamiento de mina e infraestructura se revisa periódicamente en ciclos de menos de tres años, un permiso ambiental de ampliación o modificación de procesos en mina, planta, relaveras, que debiera obtenerse mediante un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) que tomaría sólo unos meses, ahora se está reemplazando por un EIAd que tomaría cuatro años. ¡Esto es demasiado! Debería de una vez por todas establecerse criterios diferenciados para gran minería, mediana minería y sus combinaciones respectivas entre superficial y subterránea. Estas no se pueden sostener bajo el mismo criterio, siendo realidades diferentes.
Mención aparte merecen los criterios que utiliza SENACE para definir el área de influencia ambiental, basándose en los impactos potenciales, al poner exigencias absurdas. Un ejemplo es el alcance geográfico del impacto ambiental de polvos en una operación, el que es necesario que se evalúe, pero exigen que se haga sin considerar ninguna acción de mitigación. Lo mismo ocurre con los posibles vertimientos de agua, para los que tampoco admiten acciones de mitigación.
Esto equivale a evaluar el daño potencial a los pasajeros de un automóvil ante un choque, pero eso sí, sin considerar que el auto usa parachoques, cinturones de seguridad y “air bags”. Obviamente absurdo.
Ahora, además, han creado el PUPCA, que es el “Procedimiento Único del Proceso de Certificación Ambiental” que, habiéndose creado el año pasado, está parcial y temporalmente suspendido, pero que se está aplicando de manera retroactiva en algunos casos, retrasando seriamente los proyectos de inversión minera. Con este procedimiento y varios de los vigentes, sólo se sigue burocratizando los procedimientos de regulación, se sobrecarga no sólo la labor del SENACE, también a la ANA que tampoco tiene como sostener un contingente nuevo de expedientes para revisar y más aún, abre mayores espacios para la conflictividad social, tal como lo señalan expertos en regulación minera.
En consecuencia, no sólo se ha dificultado el inicio de un proyecto o se está entorpeciendo las ampliaciones y adecuación de las operaciones, sino que los plazos y exigencias son de tal magnitud, que nos hemos quedado sin proyectos para construir y, además, hay restricciones para modificar la infraestructura necesaria para seguir operando, lo que forzará la paralización de varias operaciones hoy vigentes.
En estas condiciones, lo único que queda, si queremos retomar el crecimiento económico del Perú, es adoptar medidas radicales, tales como: Imponer criterios estándares razonables de evaluación y eliminar esta cadena de procesos, “acompañamiento, admisibilidad y evaluación”, como si no se tratara de un mismo EIA, monitoreado por un mismo grupo de funcionarios.
Esta película que parece de terror, sólo es la “primera temporada”, pues luego del permiso ambiental, también tenemos retos con los permisos operacionales y otros procesos como la Consulta Previa, que requieren de una observación especial y adecuación inmediata, a favor de la inversión en el país.
Mientras tanto, la minería ilegal avanza “viento en popa”, sin restricciones o limitaciones, ni autoridad que le ponga freno.
Tenemos que erradicar la indolencia con que se maneja el SENACE, sacar a los funcionarios de su burbuja y que se pongan la camiseta del Perú, pues el resto del país implora por inversión y crecimiento económico. Lampadia
