Jaime de Althaus
Para Lampadia
Un comunicado conjunto de las fuerzas armadas y policiales publicado ayer anunció que la Policía Nacional, con el apoyo de las fuerzas armadas, “efectuará el desbloqueo de la red vial nacional que se encuentra en estado de emergencia”. Y hace un llamado a permitir el desbloqueo pacífico de las carreteras. En buena cuenta se está advirtiendo que ahora la cosa iría en serio, y que en adelante la policía contará con el apoyo de las fuerzas armadas para este fin. Era una necesidad clamorosa.
En Ica y en otros puntos la policía desbloquea recibiendo el ataque feroz de los movilizados, para luego tener que ceder las posiciones ganadas. Para que eso no ocurra, sería importante la participación de batallones de ingeniería del Ejército que entren con cargadores frontales y volquetes para remover y llevarse las piedras lejos de los puntos de bloqueo, para que no las vuelvan a colocar en la carretera, y se queden a conservar la vía libre. Por lo demás, las fuerzas armadas pueden ayudar a proveer logística, porque la policía fue llevada a Ica sin avituallamiento ni carpas donde dormir, por ejemplo.
Ojalá que esta decisión sea el primer paso en la dirección de corregir los errores que hasta ahora se han cometido. Para comenzar, la movilización de las fuerzas armadas y policiales no es nacional. Los movimientos de tropas o efectivos se dan dentro de los comandos operacionales regionales: de Moquegua a Puno, por ejemplo, o de Chincha a Ica, pero no se traslada personal del norte del país, que está tranquilo, al sur. La consecuencia es que las fuerzas resultan insuficientes para prevenir situaciones luctuosas. Por ejemplo, luego de los lamentables fallecimientos de diciembre, y sabiendo que en Puno se preparaba una fuerte asonada, no se trasladó personal suficiente para cuidar el aeropuerto de Juliaca y otras instalaciones. Según fuentes bien informadas, apenas había 600 policías (de 140,000 que hay a nivel nacional) y 700 militares (de 83,000 que constituye la fuerza total), contra una masa aguerrida compuesta por más de 9,000 personas. El resultado es el que conocemos. Si las fuerzas del orden hubiesen sido mucho más numerosas, nada habría ocurrido porque hubiesen podido bloquear los desplazamientos.
Esto es el producto, repito, de que no hay aun el concepto de una movilización regional y solo se mueven las fuerzas regionales. Pero en todo el Comando Operacional de Sur, que incluye a los departamentos de Puno, Cusco, Arequipa, Tacna y Moquegua, solo hay 2,500 militares. Absurdo. Tenían que haber trasladado fuerzas del norte y el centro.
Es posible que esa reticencia a decretar una movilización de alcance nacional tenga que ver con el miedo a los juicios. Los jefes militares no querrían actuar por temor a las consecuencias legales. Este es un problema que tiene que ser resuelto.
Lo paradójico es que lo contrario ocurre con los violentistas, muchos vinculados al Movadef o a otras organizaciones radicales. Casi no hay detenidos porque la policía no se atreve a hacerlo por temor a que se ataque las comisarías, y los fiscales no quieren acusar porque son del lugar y entonces son amenazados incluso con quemarles sus casas.
La Corte Suprema y la Fiscalía Suprema deberían crear ya una jurisdicción nacional para estos casos, para que sean traídos a Lima y juzgados en esta ciudad. De lo contrario la violencia no se detendrá y campeará la impunidad y la ley de la selva.
Otra deficiencia clamorosa de la estrategia anti insurreccional es que no hay campañas comunicacionales. Aquí se necesitarían cuando menos dos.
Una para explicar bien que quien dio el golpe (fallido) fue Castillo y no el Congreso aliado con los grandes poderes limeños. Es esa narrativa la que mueve las movilizaciones y protestas. La gente cree que le han robado el voto, que la derecha y el Congreso han expulsado a Castillo del poder porque era un hombre del pueblo, y se identifican con él. De acuerdo con una encuesta, la mitad de los peruanos está convencida de esa posverdad, y por eso se rebela contra lo que sería una injusticia y una arbitrariedad inadmisible si fuera cierta.
Y el otro tema para una campaña comunicacional es el de informar acerca de los tremendos perjuicios que los bloqueos y ataques están ocasionado a las economías de los más necesitados, de la mypes, de los que se ganan la vida día a día, y de sectores económicos enteros, fuera de las muertes de las personas que no pueden llegar a un hospital. Las economías de algunas regiones se están ahogando, los precios están subiendo y no hay insumos. Los bloqueos son sencillamente criminales. Debe explicarse que el derecho de unos termina donde comienza el derecho de los demás.
Falta manejo político con organizaciones sociales y económicas. La minería informal, que provee recursos y logística a las protestas, podría recibir una propuesta del gobierno para llevar adelante un proceso de formalización de la verdad, al mismo tiempo que se interviene plantas procesadoras que financian la rebelión. A los campesinos debería ofrecérseles un plan nacional de riego tecnificado.
Si el gobierno no corrige estos errores estratégicos en el manejo de esta grave situación, las consecuencias van a ser catastróficas para el país. Lampadia
